En relación con el comunismo, el republicano y masón Augusto Barcia, un personaje fundamental tanto en la política como en la masonería españolas, además de por sus ideas sobre la separación entre ambas dimensiones, proporciona una valiosa información en su intervención en el GOE en el Convento masónica de Ginebra de otoño de 1925 a propósito de la pregunta del gran maestre sobre si la masonería española admitía a comunistas, contestando que los masones que se habían hecho comunistas, ya que, como bien sabemos, se acababa de fundar el PCE, habían dejado la masonería porque lo prohibía la Tercera Internacional, y citó el caso, quizás más importante en España. Nos referimos a Daniel Anguiano, socialista destacado y que fue un decidido defensor de la entrada del PSOE en dicha Internacional después del viaje que realizó con Fernando de los Ríos, hermano masón como él, pero contrario a ese ingreso. Pues bien, ante la disyuntiva de las dos lealtades eligió, al final, seguir siendo masón. En tiempos de la República regresaría al PSOE. Por otro lado, no deja de ser interesante que dos masones fueran los encomendados para realizar el viaje a Rusia.

Eduardo Álvarez Herrero nació en Mingorría (Ávila) en 1869, aunque su vida se desarrolló en Madrid. Era cochero de profesión y con un gran compromiso social. Se afilió a la Agrupación Socialista de la capital y organizó la Sociedad de Resistencia de su oficio. Fue el responsable principal de la adquisición por parte del sindicato de la Casa Gómez y Compañía, que se convertiría en un taller colectivo. En la Casa del Pueblo de Madrid trabajó como gerente de la Mutualidad Obrera. En 1905 asistió al VIII Congreso de la UGT como delegado de los cocheros madrileños. Asistió a diversos Congresos del PSOE por aquella época representando a diversas agrupaciones socialistas. Su máxima responsabilidad en el seno del partido llegaría cuando fue elegido vicepresidente del Comité Nacional en 1912, cargo que desempeñó hasta 1915. Representó al socialismo como vocal obrero en el Instituto de Reformas Sociales entre 1908 y 1920, como titular en el ramo de Agricultura, y como suplente entre 1920 y 1924 en el Sector del Transporte, Agua, Gas y Electricidad.

Pero es evidente que el movimiento obrero y la masonería tuvieron en España relaciones importantes desde el surgimiento del primero. La historiografía ha hecho un gran esfuerzo en este estudio desde que la masonería dejó de ser perseguida oficialmente con la llegada de la democracia, gracias a figuras imprescindibles como Ferrer Benimeli. Sabemos de la existencia de logias obreras, como en Asturias desde mediados del siglo XIX, pero también en otros lugares de la geografía española. Además, ya es conocida la dimensión social de parte de la masonería española en relación con la enseñanza obrera y la vinculación con el Primero de Mayo, así como la llegada de trabajadores a logias ya establecidas, sin olvidar la propuesta para crear logias obreras por parte de la Asamblea Nacional del Grande Oriente Español en 1910. Por su parte, Alberto Valín Fernández, el referente fundamental en esta cuestión, ha planteado muy sugerentes líneas de investigación sobre las relaciones entre ambos mundos.

Fieles a nuestro objetivo de proporcionar materiales para profundizar en el estudio de la Historia de los partidos socialistas europeos, aportamos la información referida al Congreso de 1901 de la Socialdemocracia danesa, formación a la que hemos prestado atención en otros trabajos. Este Congreso se celebró unos años antes de la crisis que afectó a la formación en 1905.

Los historiadores nos acercamos a los temas de estudio por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con la relación que hemos podido tener con los mismos o con sus consecuencias, aunque debemos hacerlo con distancia y serenidad. Este sería el caso del autor de este trabajo sobre la relación entre la masonería y la izquierda, dos mundos que tuvieron muchos roces, pero también muchas conexiones en la historia española, aunque no cómo contó, con notable éxito, el discurso reaccionario del antimasonismo, de larga gestación y desarrollo, con hondas raíces previas a la revolución liberal, y que culminaría en el conocido como el “contubernio”, diseñado al final por el franquismo. Lo que debemos dejar al juicio del lector es si se hemos conseguido o no realizar con distancia y serenidad el objetivo que nos planteamos.

La Constitución de 1931 reconoció un amplio abanico de derechos sociales. En el artículo 43, dentro del capítulo de “Familia, economía y cultura” se establecía que el Estado “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”. El artículo 46 decía: “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad…” Estos dos artículos son claves, por tanto, en la historia del constitucionalismo español porque reconocían los derechos sociales en España por vez primera, obligando al Estado a que interviniese para su garantía y cumplimiento. En realidad, se estaba diseñando el primer Estado del Bienestar en nuestro país.

El considerable aumento de las huelgas en 1918 en toda España, iniciando un intenso período de inestabilidad, fue interpretado desde el poder político, económico y mediático como el intento subversivo del movimiento obrero para derribar el sistema político en un momento crítico en toda Europa. No olvidemos que la Gran Guerra estaba terminando, con el consiguiente derrumbe de imperios y monarquías, se había producido la Revolución Rusa, inspiradora del movimiento obrero en general, y la economía española se encontraba en una ya gravísima crisis, provocando situaciones de carestía y de hambre, y generando verdaderos motines, que recordaban los del pasado, por toda la geografía española, además de los propios conflictos laborales.

El Socialista quiso dejar constancia en sus páginas, especialmente, durante el año 1945, del testimonio del padecimiento de los socialistas en campos de concentración nazis y en la Francia ocupada. En abril de 1945 se publicó un artículo con el significativo título de “El Grupo Móvil de la UGT nos habla de sus desventuras durante la ocupación alemana”.

El 23 de noviembre de 1913 se constituía la Liga Española de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Madrid. El estímulo para su creación había partido del hecho de que en ese mismo año en Barcelona se había constituido la organización bautizada con el nombre de Los Derechos del Hombre, para la que se había propuesto como presidente al doctor, catedrático y destacado masón Luis Simarro. Así pues, en aquel año se movieron los sectores librepensadores españoles, la masonería y distintos sectores sociales y políticos para que se pusieran en marcha dicha Liga, siguiendo la estela internacional iniciada en 1898 en Francia con la creación de la Liga de los Derechos del Hombre, nacida al calor de la intensa polémica suscitada a raíz del affaire Dreyfus.

Ramón Lamoneda Fernández publicó en El Socialista un artículo sobre los progresos del socialismo de Eibar, a comienzos de 1914 (nº 1689), que rescatamos en este trabajo con el fin de aportar más materiales para el conocimiento de una de las experiencias socialistas más intensas y peculiares no sólo en el País Vasco, sino en todo el socialismo español en las primeras décadas del siglo XX.

Esta pieza sería continuación de la anterior sobre las faltas de un masón y empleando la misma fuente histórica (los Estatutos de la Masonería Escocesa, traducidos por Tadeo C. Carvallo de la edición impresa de Nápoles de 1820, que se reprodujo en el libro de Andrés Cassard, Manual de la Masonería o sea el Tejador de los ritos antiguos escocés, francés y de adopción, que se publicó en castellano en Barcelona por Jarré Hermanos, en el año 1871). Ahora se trata estudiar el funcionamiento de la justicia masónica.

En la primavera de 1923, el secretario de Trabajo de la Administración norteamericana de Warren G. Harding, y que luego repitió, a la muerte del presidente, en la de Calvin Coolidge, ambas republicanas, James J. Davis, hioz unas declaraciones en contra de las largas jornadas de trabajo. Es interesante recordar dicha opinión porque la Administración Harding rompió, en gran medida, con el tradicional programa de los republicanos (Roosevelt y Taft), así como por el de los demócratas de Wilson, basados en el proteccionismo y los impuestos altos, por otra política no intervencionista y poco social, además de ser desarrollar muchas trabas hacia la inmigración.

Esta pieza pretende que realicemos una reflexión sobre el “delito masónico”, tomando como referencia una obra clásica del siglo XIX, los Estatutos de la Masonería Escocesa, traducidos por Tadeo C. Carvallo de la edición impresa de Nápoles de 1820, que se reprodujo en el libro de Andrés Cassard, Manual de la Masonería o sea el Tejador de los ritos antiguos escocés, francés y de adopción, que se publicó en castellano en Barcelona por Jarré Hermanos, en el año 1871, aunque también sabemos que de la traducción de los Estatutos Generales existe una edición en Caracas del año 1841. Carvallo fue presidente del Soberano Capítulo de Venezuela. Estos Estatutos Generales se basan, como confiesa el autor en el inicio de su obra, en los Estatutos escoceses publicados en Milán en 1806, aunque también habría consultado otras fuentes.

En otra ocasión nos hemos detenido en el análisis que hizo el Gobierno francés sobre las influencias positivas de la reforma de la jornada de ocho horas en los inicios de la época de entreguerras. Queremos seguir insistiendo sobre el asunto y también en Francia, a través de la investigación que partió del ministro de Trabajo, Monsieur Peyronnet, acerca de si el alcoholismo había decrecido o no entre la clase obrera del país vecino.

El siglo XVIII, con precedentes en el anterior, generó nuevos espacios de sociabilidad y especulación al calor de las luces, con ánimo de discutir, plantear, enseñar y también divertir con novedades científicas, artísticas, filosóficas, literarias, económicas, sociales y hasta políticas. Estaríamos ante el auge de las Academias, y Reales sociedades científicas o Económicas de Amigos del País, corporaciones más o menos vinculadas a los distintos poderes, por los que la tutela del despotismo ilustrado evitaba conflictos y cuestionamientos profundos del Antiguo Régimen. Pero, al menos, aunque fuera también a mayor gloria de unos monarcas, en teoría “filósofos”, se generaba un tráfico de conocimientos y experiencias.

El diputado socialista Andrés Saborit se interesó por la situación de los emigrantes españoles en el Congreso de los Diputados en el mes de junio de 1923.

En junio de 1923 tuvieron lugar elecciones a diputados provinciales. En la víspera, el sábado día 9 de junio, el periódico socialista hacía un llamamiento en su primera página a los apoderados e interventores del PSOE para que estuvieran alerta.

La Guerra Civil rusa siguió a la Revolución de Octubre gracias a la cual, por primera vez en la Historia, se había instalado en el poder a los bolcheviques. La guerra transcurrió entre 1918 y 1921, y se desplegó en diversos frentes, estallando cuando aún no se había terminado la participación rusa en la Gran Guerra ni se había firmado el Tratado de Brest-Litovsk. Se dio la circunstancia de que la Guerra Civil fue un conflicto en el que se produjeron numerosas injerencias de países extranjeros contrarios al triunfo del comunismo.

Rescatamos un artículo publicado en abril del año 1873 en La República, el periódico del republicanismo moderado de la tendencia de Emilio Castelar, titulado, “La República posible”. Algunas de las cuestiones que trataremos se repetirán, en otro contexto, en la Segunda República, y posteriormente, en especial las relacionadas con la concepción que los sectores políticos más conservadores españoles han tenido siempre sobre el sistema político republicano.

En el Pleno del Congreso de los Diputados del 28 de junio de 1978, debatiéndose el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el diputado socialista por Segovia, Luis Solana, defendió una enmienda al artículo 16 del proyecto donde se solicitaba que se gravasen las viviendas que permaneciesen desocupadas más de diez meses al año, y pertenecieran a miembros de una unidad familiar que poseyera más de tres viviendas.

Los socialistas se convirtieron en una pieza clave en la llegada de la Segunda República, aunque en el proceso previo se reeditaran entre ellos los anteriores recelos hacia los republicanos y ya no tanto por la consideración de su carácter burgués, como por la constatación de sus divisiones y rencillas internas. En todo caso, fueron protagonistas del cambio los ministros Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, con profundos cambios sociolaborales, económicos y educativos. En este sentido, es muy destacable la labor de Largo al frente del Ministerio de Trabajo con una importante batería legal a favor del trabajo en distintos ámbitos. Por su parte, Julián Besteiro pasaría a presidir el Congreso de los Diputados, después de que el PSOE fuera el partido más votado en las elecciones de fines de junio de 1931 a Cortes Constituyentes. En el debate constitucional sería fundamental la labor de los diputados socialistas, como Luis Jiménez de Asúa, entre otros, y que imprimieron a la Constitución de 1931 un marcado carácter social, en el primer diseño de un futuro Estado del Bienestar.

Los socialistas volvieron a presentarse en las segundas elecciones generales con sufragio universal, las que se celebraron el 5 de marzo de 1893.

La Historia del PSOE es un poco la Historia de la España del último siglo y medio y no como testigo sino como protagonista por su presencia constante en plantear alternativas, en asumir responsabilidades en distintos momentos, así como por mantener la llama del progreso en los momentos de persecución, clandestinidad y exilio. No se puede entender nuestro país sin el concurso de los socialistas y las socialistas, ni tampoco nuestra Comunidad de Madrid, incluyendo sus ciudades y pueblos, sin la impronta dejada por su trabajo cerca de la ciudadanía, como parte integrante de la misma.

El 1 de febrero de 1891 se celebraron las primeras elecciones con sufragio universal después de la reforma promovida por los liberales de Sagasta y el PSOE se presentó a las mismas. Este artículo versa sobre el mensaje que el Comité Nacional del Partido Socialista dirigió a los trabajadores en vísperas de estos comicios, donde se resumía su programa, y se insistía mucho en presentar a los republicanos como enemigos de clase. Dicho manifiesto se firmó el 22 de enero, y se publicó en El Socialista el día 30 de enero.