El proceso de regularización administrativa impulsado por el Gobierno tras la reforma del Reglamento de Extranjería ha vuelto a situar la inmigración en el centro del debate político. Se trata de dar respuesta a una realidad evidente: cientos de miles de personas viven y trabajan en España sin derechos plenos, sosteniendo sectores esenciales sin reconocimiento jurídico. Frente a ello, el Partido Popular y Vox han mostrado su rechazo, pese a que el Congreso tomó en consideración en abril de 2024 la iniciativa Regularización Ya con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Existe, por tanto, una mayoría política que reconoce la necesidad de regularizar a las personas inmigrantes.

Que China está de moda es más que una realidad: es la percepción que inunda medios de comunicación, industrias y empresas, estudios, investigaciones, conferencias, incluso las conversaciones familiares y de amigos. Hay una curiosidad creciente por saber qué está pasando con ese gigante y cuáles serán sus reacciones a nivel geopolítico. Y la desconfianza que existía desde hace décadas hasta apenas hace un par de años ha dado un vuelco; como señala el último Estudio sobre política internacional realizado por el CIS, el 55% de los españoles prefiere que la UE refuerce vínculos con China y otros países emergentes y no con EEUU.

Estamos conociendo episodios de gran inquietud en el ámbito sanitario –y también en el educativo– que conducen a una conclusión que es cada vez más evidente: esos episodios buscan minusvalorar sectores públicos estratégicos y favorecer a los privados. Los ejemplos son conocidos: la gestión de hospitales de titularidad pública con parámetros de gestión privada, es decir, la búsqueda del máximo beneficio; y situar en inanición presupuestaria a universidades públicas a favor de las privadas constituyen sendas muestras al respecto. Y con comunidades autónomas concretas: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Galicia, que están imprimiendo un modelo de gestión lesivo para los intereses –en el caso de la sanidad– de los pacientes y muy lucrativo para los fondos de inversión que detentan la administración de esos hospitales. No se cuestiona la externalización de servicios, siempre que se atenga a unas reglas deontológicas y exista una vigilancia de quienes proporcionan el grueso de los recursos: las administraciones públicas. Existen experiencias que constatan buenas prácticas; pero, cuando lo que se acaba priorizando es el beneficio privado, se desmoronan los objetivos de atención correcta a los enfermos y usuarios de esos servicios públicos.

De seguro que, siendo usted tan perspicaz como anticipa el hecho de encontrarse leyendo estas líneas, habrá dado en notar la evidencia notoria de que en la derecha extrema y la extrema derecha española están alcanzando un grado hiperbólico de hiperventilación ideológica, evidenciada en la práctica de una contumacia verbal reincidente en la injuria, ofensa, agravio, ultraje, afrenta, improperio y denuesto contra el Presidente del Gobierno. Continuando con la emulación de la verborrea melenuda de Cayetana Álvarez de Toledo (melenuda en el sentido médico que aprendimos de los últimos días con Francisco Franco), podríamos afirmar sin derecho a dudas que destacan por discursos alborotados, agitados, soliviantados, revoltosos, alterados e incluso (como sucede con los callos a la madrileña) sublevados. Emular los discursos de la derecha extrema derecha conduce a la imposibilidad de engendrar alguna buena idea, solo ecos cacofónicos. Queda concluir: “¡Qué verde era mi valle!”.

Durante un tiempo —no demasiado largo, pero sí lo suficiente como para que nadie pueda fingir que no ha pasado— medio planeta empezó a pincharse una hormona. No era insulina, aunque lo parecía. No era exactamente un medicamento para adelgazar, aunque adelgazaba. Y no era, desde luego, algo discreto: su nombre aparecía en conversaciones, revistas, programas de televisión y, sobre todo, en ese termómetro moral contemporáneo que son las redes sociales. Se llamaba Ozempic.

Se ha abierto un debate ficticio, a raíz de los acuerdos de las derechas en Extremadura. Se “demoniza” la migración, y se llegan a comunicar medidas que se enfrentan a la propia Constitución. Esa llamada “prioridad nacional” o “arraigo” rompe el principio de igualdad y falsea completamente la realidad social y económica. La pretensión de extender esto a todas las comunidades autónomas y, por elevación, a toda España si se llega a gobernar tras unas elecciones generales, choca, además, con las normativas existentes en la Unión Europea.

Si nos atenemos a las cifras oficiales, proporcionadas por el Colegio de Médicos de Cataluña, observamos que hay 51.578 profesionales colegiados. Representan el 16,6% del total de España: 310.558. Por provincias, Barcelona tiene 41.557, Gerona 3.653, Lérida 2.274, Tarragona 4.094. ¿Son suficientes? En absoluto. Tenemos un déficit, motivado por un doble problema: incremento notable de la población que ha pasado, en solo 10 años, de 6 a 8, 2 millones, con la vista puesta en los 10 millones, a ocho o diez años, vista.

Hay cuestiones que explican por qué tantos europeos se van alejando de unas instituciones europeas que consideran que no los escuchan; las ven distantes y alejadas de sus preocupaciones y necesidades.