El hombre que impuso orden en México... y olvidó marcharse.

Durante más de un siglo, los escolares mexicanos aprendieron que Porfirio Díaz fue poco menos que el villano oficial de la historia nacional. No deja de ser curioso. Los villanos rara vez construyen ferrocarriles, equilibran las cuentas públicas, atraen inversiones extranjeras y mantienen en paz un país durante tres décadas. Tampoco los héroes suelen amañar elecciones, encarcelar opositores y convencerse de que la patria no puede sobrevivir sin ellos. Díaz hizo ambas cosas. Por eso, ciento cincuenta años después de su llegada al poder, sigue siendo uno de los personajes más discutidos de la historia de Latinoamérica.

El Titanic va directo contra el iceberg pero a los pasajeros solo les preocupa que el champán no está suficientemente frío. ¿Qué inquieta a nuestros políticos, y no nos referimos sólo a los funcionarios institucionales, sino a todo aquel que habla sustantivamente de política? ¿Tan subalternos se consideran que interpretan que los asuntos mundiales graves no les atañen?

En este julio del 2026 en el que conmemoramos 90 años del inicio de nuestra guerra civil, no estaría de más volver la vista atrás y recordar el legado algunos de los protagonistas más destacados de aquellos momentos dramáticos. Entre la bibliografía interminable de obras sobre la guerra civil no tenido el eco que merece un libro singular. Me refiero a Indalecio Prieto. Crónicas del adiós. 50 retratos del siglo veinte. Estamos ante una selección - a cargo del profesor Luis Sala- de artículos necrológicos escritos por Indalecio Prieto, que recogen semblanzas de despedida de políticos socialistas como Pablo Iglesías, Besteiro, Fernando de los Rios, Juan Negrín y Luis Araqquistain. También se recogen retratos de políticos republicanos como Manuel Azaña y Felipe Sánchez Román, al igual que de políticos nacionalistas vascos como Jose Antonio Aguirre y Jesús de Galíndez o de republicanos catalanes como Lluis Companys. No falta tampoco el recuerdo de historiadores como Rafael Altamira o de liberales como José Ortega Y Gasset y Gregorio Marañón.

Casi ocho de cada diez españoles consideran que la justicia no trata igual a los ricos que a los pobres, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la calidad de la democracia (IV). Que piense así el 78,4 % de la población muestra la grave erosión democrática que estamos sufriendo, ya que, sin igualdad ante la ley, la independencia judicial corre el riesgo de convertirse en el privilegio de una institución alejada de la ciudadanía.

Durante muchos años hemos visionado a la derecha franquista española en versión doblada. En cierto sentido, literal y figuradamente. Nunca dejaron de ser lo que fueron, creer en lo que creían y beneficiarse “montorazmente”. Un franquismo camuflado de “liberalismo”. Cuando decían “medidas para mejorar la productividad”, debía entenderse desproteger a los trabajadores. La frase “combatir la inflación” era la traducción de “bajar los salarios” y “hacer más eficaz la administración”, en la versión original, “privatizar a mansalva”. Mejorar la competitividad en la Comunidad Valenciana fue la excusa para financiar a las empresas que llevaban su producción a Asia. Ya en tierra, por supuesto, abrir las fosas comunes para dignificar a los demócratas asesinados era, “reabrir heridas ya cerradas y enfrentar a los españoles” que, en versión original, “no destapéis los crímenes que cometimos y nos enfrentéis a reconocer todas las venganzas asesinas y abusos de indefensos cometidos en los 40 años de paz”. La aborrecible del franquismo, además del golpe de estado, fue la represalia que siguió sobre los vencidos, especialmente a la población civil. En cierto sentido anticiparon la política de Estados Unidos con el Proyecto Camelot: la vía mas directa para terminar con ideas de izquierdas es cortar (o doblegar) la cabeza que las alberga.

Es importante conocer, observar y analizar cómo conecta la gente en España con la sexualidad, qué sabe, qué practica, qué acepta, qué teme y qué contradicciones siguen existiendo, si es que las hay.

Trump ha amenazado a España con sanciones comerciales si no se aviene a la orden de aumentar los presupuestos de defensa, o de guerra, como se prefiera. Si existen tales posibilidades de acoso, ¿hasta qué punto podemos hablar de democracia? Que te asalten por la calle es un suceso y un delito. Que se admita tal lenguaje es un interrogante muy grande sobre la palabra democracia.

¿Por qué hay una campaña total y furibunda en contra del actual Gobierno? ¿Por qué todas las descripciones canónicas y clásicas del lawfare y del golpe blando se ven constatadas y perfectamente ejecutadas en la política española? ¿Por qué hay una persecución ad hominem concebida para destruir vidas y reputaciones en el seno de la familia del presidente Sánchez?