La autocrítica es una sana práctica aplicada por la izquierda sobre su propia conducta en la escena política. Por razones obvias, ha de ser realizada en situaciones y condiciones que no acentúen la vulnerabilidad de la persona, la comunidad o el partido que se autocritica. Se trata más bien de fortalecerlos. Y los fortifica mediante una sinceridad pública que, merced a la crítica de uno mismo y al ejemplo moral que implica, ayude a corregir los errores propios cometidos durante el ejercicio de la acción política, la decisión. Cuando cumple este requisito de sinceridad moral, la autocrítica consigue su objetivo. Abre así paso a la posibilidad de enmendar las conductas erróneas. De esta manera, llega a ser la autocrítica una excelente herramienta de rectificación y mejora políticas.

Los datos económicos suelen ser arma arrojadiza para cuestionar la acción de un gobierno. Se arguyen entonces indicadores precisos: caídas del PIB, del consumo, de las exportaciones, reducción de ingresos, desboque de la prima de riesgo, aumento del paro, etc. Estas variables tienen enorme capacidad explicativa, y facilitan que la oposición a un gobierno –mientras los datos sean negativos– disponga de munición abundante para restregar a los responsables económicos y a la presidencia del gobierno su inoperancia. Se habla entonces de situaciones casi terminales, un verdadero desplome de la economía cuya crítica tiene un mensaje subliminal: déjennos paso que nosotros lo arreglamos. La economía española es un buen laboratorio para testar todo esto.

- El papel constitucional y político del CGPJ. Un camino que se empezó a recorrer en 1978 (II) -

La semana pasada analizábamos los efectos políticos y constitucionales de la creación del CGPJ y la dinámica judicial que se ha ido asentando desde 1980, fecha de la primera Ley que regulo este órgano constitucional. El Poder Judicial y el propio CGPJ han sido considerados por la derecha política y por la derecha judicial como dos instrumentos que, llegado el caso, podrían neutralizar la acción de un Parlamento y de un Gobierno progresistas. Con la formación del Gobierno por Pedro Sánchez en junio de 2018, el “Estado Mayor” (político, empresarial, mediático, judicial) del poder marginado por el nuevo Gobierno progresista decidió que había llegado la hora de emplear las instancias judiciales para oponerse al Gobierno y, si se podía, derribarlo. A diferencia del Parlamento o del Gobierno, el Poder Judicial es un poder difuso que recae en todos y cada uno de los órganos unipersonales o colegiados que lo forman. Por ende, bastaba con unos pocos órganos, estratégicamente situados, para armar la ofensiva contra el Gobierno.

La calle vuelve a ser protagonista destacado del debate político en Europa. Nunca dejó de serlo por completo, naturalmente, pero en los últimos años se había reducido su influencia, por varios motivos.

Las más habituales casas de análisis electoral producen en estos días sus proyecciones con un elemento común a todas ellas, el significativo crecimiento de Vox, con sus hitos en un porcentaje del 17 por ciento con una traducción cercana a 60 diputados en el Congreso, que superaría la marca máxima anterior en 52 diputados cosechados el 10 de noviembre de 2019, más del doble que los obtenidos por la misma formación solo siete meses antes, el 28 de abril de 2019, coincidentes ambos comicios con la eclosión y debacle del partido Ciudadanos, de cuya última manifestación se beneficiarían concretamente Partido Popular y Vox.

- El papel constitucional y político del CGPJ. Un camino que se empezó a recorrer en 1978 (I) -

El inicio del Año Judicial de 2025, como se ve en toda la prensa, ha estado rodeado de situaciones tensas, tanto por los intentos de la derecha política y de la derecha judicial para impedir la presencia y la intervención del Fiscal General del Estado, como por la presión muy dura de esas derechas y de su prensa adicta para que la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ) replicara al Presidente del Gobierno que en una entrevista televisiva pidió que el propio CGPJ reflexionara sobre un hecho incontrovertible que nadie puede negar, que existe una minoría de Jueces que hace política. Además, este inicio tan polémico se ha complicado con la definitiva imputación del mismo Fiscal General que no sólo será llevado a juicio de inmediato. sino que será juzgado por una Sala conservadora. Además, el instructor le ha impuesto una fianza de ciento cincuenta mil euros que sólo se fija para delitos particularmente graves.

La ciudadanía contempla con preocupación una serie de hechos que surgen de la realidad mundial y local, con poco margen para impedir su deriva violenta. Todas las miradas acuden a Palestina, donde el destino de un pueblo, amenazado de exterminio, está en juego. Nadie era capaz de imaginar la desalmada crueldad de quienes ordenan a artilleros y aviadores israelíes bombardear a mansalva escuelas infantiles y hospitales palestinos repletos de enfermos o campamentos de refugiados hambrientos y sin agua, cuya única protección ante el fuego artillero es la mera tela de sus tiendas de campaña.

Europa no es solo un mapa ni una palabra que usamos para abreviar “lo que viene de Bruselas”. Es, a la vez, un continente con historias cruzadas, una tradición cultural vasta y un proyecto político-jurídico —la Unión Europea— que ha tejido reglas comunes, un mercado interior y una idea de ciudadanía compartida. Cuando preguntamos si conviene a España ir “codo a codo” con las políticas europeas, en realidad preguntamos por algo muy práctico: ¿ganamos o perdemos bienestar, voz y seguridad dentro de ese marco? Y también por algo más íntimo: si la Europa de hoy se parece a la que muchos añoran o, por el contrario, ha extraviado el pulso.