Tradicionalmente se ha juzgado a los gobiernos por su gestión en lo relativo a las principales preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

Tales preocupaciones, como es lógico, se suelen centrar en la cantidad y calidad de los empleos, en la dignificación de las grandes prestaciones sociales, como las pensiones, y en el funcionamiento de las principales políticas públicas: la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, el transporte y la seguridad, sobre todo.

Hay pocas imágenes tan reconocibles del franquismo como la de Franco inaugurando un pantano. Con gabardina en invierno, uniforme en las grandes ocasiones o traje oscuro cuando el protocolo lo exigía, el dictador aparece una y otra vez contemplando una presa recién terminada, descubriendo una placa de mármol o cortando una cinta inaugural. Durante años esa escena se repitió con tanta insistencia que acabó convirtiéndose en una verdad aceptada: Franco había construido la España moderna.

Periódicamente se reproduce el debate en torno al papel de los llamados “aparatos” en los procesos internos del PSOE y, en general, de los partidos que cuentan con estructuras y normas democráticas, que no son todos, ni tan siquiera la mayoría.

La dimensión humana que presenta el caso Zapatero revela los altibajos del itinerario de la especie pensante en la defensa de las intimidades. El ex presidente está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental, a lo que habría que añadir delito fiscal y contrabando por las concomitancias derivadas de las joyas extraídas de la caja fuerte de su despacho. El peso de todas esas acusaciones es el de una carga física y productora de una fatiga psicológica notables para una persona y su entorno más cercano, incluso para la influencia concéntrica de su corteza pública, que se puede ver afectada desde el más humilde seguidor de la trayectoria referencial del político ubicado en lo alto de la estima como al propio presidente de gobierno actual, con el que hasta hace poco compartía mesa en actos para la comunión de objetivos y metas que habrían de culminar en la continuidad de la labor de gobierno. El profesor italiano Nuccio Ordine citaba con frecuencia la obra de Shakespeare, “El mercader de Venecia”, para referir el oro como “pálida medianera común entre hombre y hombre”.

Debajo de la Casa de América, en la madrileña plaza de Cibeles, pasaban –quizá siguen pasando– cosas raras. El palacio de Linares, que cuenta con el escudo heráldico más grande de la ciudad, registró durante cierto tiempo una serie de fenómenos raros: voces, quejidos, lastimeros ayes, nombres propios…; algunos los denominaban psicofonías. Se trataba, decían los enterados, de posibles encriptaciones de sonidos arcaicos, encapsulados de una manera desconocida, que ocasionalmente afloran y se dejan escuchar. Este misterio se incrustó en un recodo de los arcanos madrileños y alimentó cierto morbo conectado, casi siempre, a este tipo de fenómenos inexplicados.

Andy Burnham ya es primer ministro británico, sin pasar por las urnas, aunque haya necesitado de los votos (unas elecciones parciales forzadas en mayo) para convertirse en parlamentario y cumplir con la condición para plantear la batalla por el liderazgo en el Partido Laborista. Ha sido una operación política muy propia de Gran Bretaña: la trituradora de un primer ministro por los suyos. Aquí encaja perfectamente ese proverbio por algunos atribuido a Voltaire: “Que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo”.

La incertidumbre preside todo análisis económico en el momento presente. Marcar tendencias —que incluye, igualmente, previsibles errores— es lo más razonable que puede hacerse, bajando el diapasón de las exigencias a la ciencia económica, en el sentido de aportar certezas que, presumiblemente, deberían emanar de unas “leyes” que, de facto, no existen.

A poco que los meandros procesales del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales comunitarias ganen tiempo en la infinitud de la categoría temporal se habrá decretado el comienzo de la campaña de las elecciones generales para dar continuidad histórica a las de julio de 2023, donde nadie ganó pero de las cuales emergió la sucesión de Pedro Sánchez a manos del propio Pedro Sánchez en virtud de acuerdos con otras fuerzas, de cuyo conjunto emerge sobre todas las demás Junts, santo y seña independentista y conservador del movimiento que hizo valer su audacia en el otoño de 2017 sin producción de violencia ni terror, pero sí confrontación constitucional si la carta magna de la transición se moviliza como abanderada de la convivencia de los españoles, entre los cuales cabe sumar a los catalanes. La revisión de aquella pertenencia catalana al común español tambaleó en aquellas fechas el edificio constitucional con la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en forma de aplicación del famoso artículo 155 que permite la invasión de facultades de una comunidad por el Estado central cuando se dan circunstancias excepcionales como las habidas en octubre de 2017.