Lo prometido es deuda. En una reciente entrega, el autor de estas crónicas posponía a una edición posterior la respuesta a la pregunta ¿busca la extrema derecha tender puentes con la Corona con miras a que se le deje gobernar? Ea pues, que voy a ello.

Hay una ausencia colosal que invade de orfandad al entorno de la presidenta Ayuso. Es la de Miguel Ángel Rodríguez, quien funge en todo momento como primer jefe de gabinete de la mandataria de Madrid. Rodríguez blande sus facultades como propietario de su agenda y se jacta de una anticipación de las decisiones de magistrados y jueces en materias que afectan al gobierno socialista. Su punto más álgido de ebullición resultó en la imputación y condena del fiscal general del Estado, cuando su apócope “p,alante” provocaba las delectaciones de las gradas y tertulias de aposento de subvenciones y generosidad para la hipérbole. Desde el día 29 de julio, en que Fernando Peinado firmó la información, en El País, de la compra del ático de General Martínez Campos, con foto de Claudio Álvarez, con la realidad urbanística de una gran finca, con dimensión, vegetación y vistas, sin la preocupación tributaria del sujeto pasivo y con la euforia triunfadora de quien puede mover un dedo para señalar el objeto del deseo para uso y disfrute.

En el nuevo escenario político en toda América, la renovación carismática, el camino catecumenal, el sectarismo del Opus Dei, el evangelismo pentecostal, y otras derivaciones católicas y cristianas similares, se activan en la competencia política tras las proclamas de su fe en la procura de conquistar el Estado. Todo, con la pretensión de convertirlo en un instrumento para imponer un orden moral fundamentalista y ortodoxo. Eso, de manera de combatir adversarios ideológicos y organizar la disputa política como una extensión de la lucha espiritual entre sus conceptos del bien y el mal. Es decir, que conciben ese propósito como una batalla cultural en la que excluyen a los discrepantes.

Han pasado dos años desde aquel 8 de agosto del 2.024 en el que los socialistas catalanes lograron acceder al gobierno de la Generalitat. No es un mal momento para hacer un balance de la experiencia vivida. La primera consideración remite a lo inesperado de la victoria si recordamos la situación vivida los años anteriores. Hay que señalar que desde que abandonó el gobierno de la Generalitat en el año 2010 el PSC sufrió un proceso de descomposición y fragmentación interna que parecía no tener fin.

Cuando pensamos en una guerra imaginamos tanques, aviones y soldados cruzando una frontera. Sin embargo, buena parte de los conflictos del siglo XXI ya no se desarrollan así. Las grandes potencias y muchos Estados regionales han descubierto que existe una forma mucho más rentable de presionar a un adversario: actuar sin llegar a declarar la guerra.

La entrada a Ceuta de 60000 personas procedentes de Marruecos ha sucedido en el interés nacional a los incendios de más intensidad de que se tiene recuerdo, que a su vez ocupó el puesto de relevancia en la atención depositada en el Mundial de fútbol. Las dos primeras no produjeron víctimas personales ni por desequilibrio emocional en el caso de los goles nacionales ni tampoco en la siniestralidad espectacular de la quema de tantas hectáreas de monte sin lamento de personas por la coordinación de los servicios de seguridad y control. El tercer frente de focalización, el de la entrada masiva por Ceuta, ha arrojado un provisional balance de casi un centenar de fallecidos por ahogamiento, todos ellos de nacionalidad de Marruecos o asimilados en territorio marroquí para la intentona de salir de nada que parezca un paraíso para la obtención de un ensanchamiento de metas y propósitos personales.

España es un país muy atractivo. De no ser así, resultaría inexplicable lo que está sucediendo hoy en Ceuta: miles de marroquíes y subsaharianos intentan reiteradamente adentrarse en España. Incluso, arriesgando sus vidas. Todo un síntoma de las degradadas condiciones de vida reinantes entre los sectores populares del vecino reino de Marruecos y el Sahel.

Las ausencias laborales crecen y sus costes importan. Precisamente por eso, medirlas bien es una condición para no convertir una cuestión de salud, organización y derechos en un juicio moral sobre quien trabaja.

En el debate laboral español se ha consolidado una asociación casi automática entre jornada, productividad y absentismo. El razonamiento suele presentarse así: España no puede trabajar menos porque ya pierde demasiadas horas; antes de reducir la jornada habría que reducir las ausencias. Es un argumento sencillo, pero encierra un atajo. Da por supuesto que todo tiempo no trabajado responde a un mismo problema y que ese problema se encuentra, sobre todo, en la conducta de las personas trabajadoras.