Las últimas declaraciones de la ministra Darias sobre el mantenimiento de la mascarilla hasta la próxima primavera, primero con el manido argumento de que la mascarilla habría llegado para quedarse, y luego como rectificación parcial, a modo de prórroga con el objetivo de prevenir el previsible impacto sustitutivo de otras epidemias estacionales como la gripe, han sido cuanto menos desafortunadas y en consecuencia han desencadenado una nueva polémica innecesaria al final de la pandemia, tanto sobre la dudosa base científica de su mantenimiento como también sobre su cuestionable respaldo legal, más allá del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de su modificación reciente que regula la obligación de la mascarilla en pandemia.

Todavía hay quien desde la izquierda social atribuye al Pacto de Toledo todos los males de las pensiones y considera erróneamente que es el adversario. Sin embargo, yo sigo afirmando que el Pacto de Toledo ha sido el principal dique de defensa del sistema público de pensiones frente a la continuada ofensiva privatizadora, al apoyarse en un amplio consenso social y político, por una parte de los sindicatos y la patronal y por otra de los grupos parlamentarios de la comisión especial del Pacto de Toledo.

El gobierno, después de utilizar las bajadas de impuestos y de benéficas llamadas a la responsabilidad social de las compañías eléctricas, finalmente ha presentado un paquete de medidas para paliar la subida de los precios de la electricidad y el gas en el que incluye la intervención de un mercado regulado frente a los beneficios excesivos de las compañías con base en la subida de los precios del gas y la especulación del pago por las emisiones de CO2, adelantándose con ello a la ley que acaba con los llamados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares y de las hidroeléctricas. Asimismo el gobierno refuerza y amplía las medidas para evitar la pobreza energética de los hogares acogidos a la tarifa de último recurso y favorece nuevas subastas de suministro a las empresas. Todo ello para evitar el empobrecimiento de los consumidores finales en los hogares y garantizar la competitividad de las empresas españolas ante el abusivo incremento de precios.

«Se denomina herida narcisista todo lo que viene a disminuir la autoestima del Yo o su sentimiento de ser amado por objetos valorados». Baranger.

Esta opinion es honrada:

procure siempre acertarla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal, .

defendella, y no enmendalla.

Las “Mocedades del Cid”, de Guillén de Castro

Bloquear, bloquear, siempre han bloqueado los mismos. Porque es precisamente en base a estos largos periodos de interinidad, el actual de más de mil días, gracias a los que la derecha ha logrado copar la mayoría de las presidencias de las salas del T. Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, a pesar de haber gobernado menos años.

La intervención y posterior ocupación de Afganistán, provocada por los atentados terroristas del 11S con la invocación de la legítima defensa, ha terminado con una retirada caótica bañada en sangre por otro atentado terrorista, esta vez de la rama Afgana del ISIS.

No es una derrota de occidente sino la derrota de la guerra preventiva frente al terrorismo abanderada por los USA, como una huida hacia adelante ante el declive de su liderazgo internacional. Afganistán, otra vez como canto del cisne de un imperio.

Mucho se ha hablado de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en que éste considera el confinamiento como una verdadera anulación y no solo como una restricción de la movilidad, y que por ello concluye que debería haberse dictado el estado de excepción por el parlamento y no el estado de alarma por parte del gobierno, declarando en consecuencia su inconstitucionalidad. Sin embargo, se ha hablado menos sobre la trascendencia de esta desafortunada sentencia del TC sobre la salud pública, tanto sobre las medidas como el confinamiento domiciliario como con respecto a su cobertura legal, en el caso de futuras pandemias o catástrofes, por otra parte cada día más probables.

Al final no hubo cuarta ola como tal en el conjunto de España, las medidas de control y sobre todo la vacunación funcionaron en la mayoría de las CCAA que lograron mantener una incidencia sostenida a la baja, si bien todavía superior al objetivo enunciado de los cincuenta casos por cien mil en catorce días. No cumplíamos pues el objetivo de incidencia acumulada previsto para flexibilizar las medidas de control, a diferencia de la primera ola en que la incidencia llegó a ser prácticamente inapreciable.

Continuamos inmersos en los maniqueos populistas, incluso en el seno del Tribunal Constitucional, esta vez cuestionando la declaración del primer estado de alarma en favor del estado de excepción, con el aval de una mayoría pírrica del órgano. Y todo por una cuestión de grado, en relación al momento en que el nivel de la limitación se convierte en anulación de la movilidad. Una interpretación dogmática que elude el contexto de una pandemia sin precedentes en el periodo de vigencia de la actual Constitución y por tanto de la consiguiente urgencia en la respuesta.