El largo camino hacia el derecho a la vivienda

En los últimos años hemos podido comprobarlo como consecuencia de la pandemia, con respecto al derecho a la salud, frente a la libertad de movimientos y de consumo, y más recientemente en relación al derecho al medio ambiente y la salud frente la libertad de comercio en el contexto de la emergencia climática.

Esto mismo está ocurriendo en la actualidad ante la primera ley del derecho a la vivienda, un derecho reconocido en el artículo cuarenta y siete de la Constitución como parte fundamental del estado del bienestar, que ha tenido que esperar casi medio siglo para ver la luz.

Una ley que a pesar de ser uno de los compromisos básicos del acuerdo de gobierno de coalición ha tenido que esperar hasta el final de la legislatura por el desacuerdo de los ministerios competentes y del PSOE en relación a determinadas medidas como han sido en particular el tope de la subida de los alquileres y al concepto de áreas tensionadas.

En un momento delicado del gobierno de coalición y entre Podemos y Sumar tenido que producirse el acuerdo con los partidos independentistas para que la ley cuente con la mayoría necesaria para su aprobación, toda vez que las fuerzas nacionalistas se han mostrado contrarias, al parecer por razones competenciales.

Quizá la razón del desbloqueo de su tramitación, además del cada vez más cercano final de la legislatura tenga que ver con el impacto de la escalada de los tipos de interés en las hipotecas y en el incremento de los alquileres, a pesar del tope establecido, y como consecuencia de los recientes estudios de opinión pública que sitúan la vivienda entre los principales problemas percibidos por la población, no solo entre los jóvenes sino también en el resto de los tramos de edad.

Resulta curioso que unos y otros se acusen de electoralismo, como si no fuese una parte esencial de la motivación de los partidos políticos en democracia.

Sin embargo, la derecha ha rechazado de forma radical el desarrollo legal del derecho constitucional a la vivienda en base a descalificar cualquier medida de regulación en materia de vivienda con el estigma del intervencionismo, y no solo como contrarias al libre mercado, si no por unos supuestos efectos contrarios a los objetivos declarados por el gobierno, tanto en la oferta de pisos hoy vacios como en la contención final de la subida de los precios. Algo que se ha convertido ya en una leyenda urbana y que no se han podido demostrar en las ciudades europeas que los aplican desde hace décadas.

El principal objetivo de la ley denominada 'del derecho a la vivienda' será la contención de los precios de los alquileres de los grandes propietarios, en particular en las zonas más tensionadas, así como favorecer la salida de las viviendas vacías al mercado. Garantizando como consecuencia la disponibilidad de una vivienda asequible que no suponga un lastre insoportable para los proyectos de vida de los ciudadanos y en particular de los jóvenes, que hoy no tienen acceso o dedican casi la mitad de su renta a la vivienda.

Con posterioridad, los anuncios del presidente del gobierno con respecto a la disposición de vivienda y suelo de la SAREB y del ministerio de defensa, junto a la promoción de miles de viviendas de alquiler limitado con apoyo del ICO reflejan la pretensión del gobierno de suplir también la actual carencia de suelo y vivienda públicos. Aunque el problema no ha sido la falta de inversión en vivienda pública, sino la especulación con la venta de la misma, lo que ha provocado que en la actualidad apenas tengamos no más de un tres por ciento de parque público, muy alejado de la media comunitaria.

Ante esta situación la alternativa de la derecha es volver a la vieja fórmula milagro de liberar todo el suelo, que no esté protegido por razones históricas o ambientales, para que se ponga todo él en el mercado. Tal y como si el incremento de la oferta fuese a provocar la inmediata bajada de los precios, tanto de la vivienda en propiedad como de los alquileres. Lo que sí sabemos que ha provocado esta política en el pasado reciente ha sido la burbuja inmobiliaria con la consiguiente quiebra de las empresas constructoras y de las Cajas de Ahorros.

Por otra parte, en España con una población cada día más envejecida y con más de tres millones y medio de viviendas vacías, lejos de haber influido sobre la rebaja de precios han mantenido su incremento.

El argumento definitivo, compartido con la ultraderecha y los medios de información más conservadores, es el del miedo a la llamada ocupación, cuando ésta es absolutamente minoritaria en España y puede ser resuelta en días. Lo que hace la ley es proteger a los sectores más vulnerables de desahucios exprés y garantizando al tiempo una alternativa habitacional por parte de los poderes públicos.

En definitiva, la prioridad de la nueva ley de vivienda es estimular a los propietarios para su salida al mercado del alquiler y al tiempo la contención de los precios a los inquilinos. Una combinación delicada y un reto de país.