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El largo camino de la amnistía


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El rechazo de la proposición de ley de amnistía por parte del Pleno del Congreso ha sido un cataclismo político, tanto por lo inesperado como por las derivaciones que puede tener este fracaso de la mayoría parlamentaria. Vamos a examinar, por ello, las posibles causas de la actitud de Junts, las eventuales salidas a la crisis y el marco jurídico de la pérdida de la votación que, como ya es habitual, el Partido Popular pretende enturbiar y falsear.

¿Por qué Junts cambió en el último momento y, tras haber votado la proposición de ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso, la votó en contra en la votación de totalidad del Pleno de la Cámara? Hay que recordar que la Constitución, en su artículo 81.2, exige que los proyectos y proposiciones de ley orgánica se aprueben en el Pleno mediante una votación de totalidad, para la que, además, se exige mayoría absoluta de la Cámara en tanto que los proyectos y proposiciones de ley ordinarios no necesitan esa votación final de totalidad, sino que el Pleno va votando artículo por artículo.

Varias razones pueden haber para el cambio de posición de Junts. La más inmediata probablemente debe ser la operación de acoso del Magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón que va leyendo cómo se tramita la proposición de ley y va aflorando nuevos tipos penales contra los líderes independentistas aún no juzgados (Puigdemont y los evadidos de Bruselas, Marta Rovira) para hacer imposible que estas personas se pueden beneficiar de la futura amnistía. La dimensión política de este comportamiento de García Castellón, y su concomitancia con la campaña de los partidos de la derecha contra la amnistía, está a la vista para cualquiera, pero se equivoca Junts si cree que añadiendo más precauciones a la regulación de la amnistía García Castellón y otro Magistrados van a parar porque el Código Penal tiene centenares de artículos y siempre encontrarán un delito que atribuir a los dirigentes huidos. Por eso Junts se equivoca doblemente, tanto por creer que una ley va a “blindar” (término muy querido por los independentistas catalanes desde que algún genio del Derecho Constitucional se inventó la idea de blindar las competencias de Cataluña) a sus dirigentes fugados, como por menospreciar la constitucionalidad de la proposición de ley, como hizo Laura Borràs, porque a la larga sólo una ley orgánica constitucional va a dar seguridad a los centenares de imputados.

Tenemos así una primera explicación sobre la “espantada” de Junts, el temor justificado de la persecución de algunos Jueces que han emprendido una cruzada personal contra la amnistía y la equivocada creencia de que se puede soslayar esa persecución añadiendo previsiones inconstitucionales. Pero hay más razones.

En segundo lugar, la escapada de Junts se debe inscribir en el constante enfrentamiento de este partido con Esquerra. Junts lleva mucho tiempo empeñado en mostrar a Esquerra como un partido entregado al PSOE y necesita con periodicidad echar pulsos para que los catalanes perciban su firmeza frente al españolismo. También aquí se equivocan porque, como muestran todos los sondeos, los catalanes se van alejando de las políticas de confrontación con el Estado y valoran las estrategias de diálogo. Pero eso no lo entienden ni Puigdemont ni el grupo más fanatizado de Junts en Cataluña.

Un tercer motivo, que también ha explicado la prensa, es la asunción por parte de Junts de una táctica de tensar las situaciones hasta que el adversario no aguante. Lo sufrió Artur Mas frente a la CUP y Esquerra se lo aplicó al propio Puigdemont, pero es una táctica arriesgada que puede acabar mal, como le pasó al propio Puigdemont que tuvo que huir de España para evitar la prisión y aún no ha vuelto.

Por último, hay una razón mucho más alambicada. Enric Juliana ha contado en La Vanguardia que Puigdemont transmitió a Manfred Werner, el Presidente del Partido Popular Europeo, que estaba dispuesto a votar con el Partido Popular español una moción de censura contra Pedro Sánchez. Ese gen conservador pesa en Junts y va a pesar a lo largo de toda la legislatura.

En realidad, todas estas hipótesis sobre el comportamiento (que puede ser suicida) de Junts se resumen en una sola idea: Junts, por influencia de un Puigdemont aislado de la realidad catalana y por influencia asimismo de una fracción fanatizada que dirige Borràs, está situándose fuera del principio de realidad. Y esa lejanía del principio de realidad les puede llevar a su marginación política. España y Cataluña no perderán nada si Junts se extingue y se convierte en un partido marginal, pero es cierto que hasta entonces el partido de Puigdemont puede hacer mucho daño a la convivencia.

Todo ello ha conducido a que los Diputados de Junts, con su habitual sobreactuación que ya empieza cansar a todo el mundo, hayan boicoteado la proposición de ley de amnistía para regocijo del Partido Popular. Pero la amnistía es un tema que va más allá de Puigdemont, de su corte belga y de su abogado Gonzalo Boyé, que no es mejor jurista por haber sido condenado por colaboración con ETA. Es una cuestión de Estado, que incide especialmente sobre la estabilidad política de Cataluña y sobre las relaciones de los partidos catalanes con el Estado y por eso ha de plantearse en una perspectiva global. El tema de la amnistía hoy responde a dos planteamientos que deben ser la guía de la actuación del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo apoya.

En primer lugar, la futura ley de amnistía debe estar redactada de manera que acote y limite el poder de acusación de los Jueces. Ha de ser la Ley y no el Juez la que identifique las conductas amnistiables porque sabemos que una minoría de miembros del Poder Judicial, como García Castellón o alguna Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, están en una dinámica de oposición al Gobierno. Eso es una realidad y sería ingenuo olvidarlo. Por eso la iniciativa, de la que se habla estos días, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el tiempo de instrucción de un sumario (es decir, impedir que un Juez juegue con los tiempos) no es mala solución a sabiendas, no obstante, de que la autonomía de los Jueces en el Poder Judicial español es tan absoluta que ninguna Ley puede impedir la actuación de un Juez estrella que busca fines distintos al de la aplicación de la Ley.

En segundo lugar, el planteamiento del Gobierno y de los partidos que lo apoyan ha de ser cerrar pronto la amnistía. Hay que superar esa cuestión para que se pueda trabajar con la agenda socioeconómica del Gobierno, para que el Partido Popular deje de desprestigiar a España en Bruselas y para que se pueda trabajar en una agenda territorial que asegure más cohesión nacional. Por eso más vale una amnistía mala que una no amnistía como querría la derecha.

No debemos terminar este comentario sin una cuestión jurídica que, como ya es habitual, ha pretendido utilizar el Partido Popular y su prensa adicta contra el Gobierno. Cuando se vio que el Pleno del Congreso rechazó la proposición de ley de amnistía al no alcanzar mayoría absoluta en la votación final de totalidad, se afirmó de inmediato que la proposición de ley volvería a la Comisión legislativa de Justicia de la Cámara para volver a tramitarse. Sin embargo, el Partido Popular y algunos diarios como ABC [Editorial “Los letrados cuestionan que se reelabore la amnistía” y “Los letrados del Congreso dudan sobre la legalidad de devolver la amnistía a la comisión”] rechazaron esa posibilidad y afirmaron que habría que iniciar la tramitación de una nueva proposición de ley. El Partido Popular y el ABC se basaban, como también empieza a ser habitual, en la opinión anónima de funcionarios del Cuerpo de Letrados de Cortes, Cuerpo de tendencia más conservadora que progresista con algunos de sus miembros volcados en combatir la amnistía incumpliendo así su deber legal de neutralidad política.

¿Tenía algún fundamento la réplica del Partido Popular, de sus medios y de sus anónimos Letrados de Cortes? El artículo 131.2 del Reglamento del Congreso establece lo siguiente:

“Su aprobación [del proyecto o proposición de ley orgánica] requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y. si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”.

El Reglamento del Congreso tiene una redacción nítida y contundente. A diferencia de la tramitación de los proyectos o proposiciones de ley ordinarias, las que corresponden a las leyes orgánicas tienen una segunda oportunidad antes de ser rechazadas por el Pleno de la Cámara. ¿Cuál es el motivo de que se prevea esta segunda oportunidad? No está clara la motivación de esta regulación ni hay antecedentes porque la ley orgánica aparece en la Constitución de 1978, pero quizá hay que pensar que dado el especial consenso que se requiere para las leyes orgánicas (mayoría absoluta del Congreso) y la lógica dificultad para conseguirlo, los redactores del Reglamento del Congreso en 1982 decidieron que una tramitación tan dificultosa no debería perderse y previeron una nueva tramitación para el caso del fracaso de la primera. En todo caso, los términos del Reglamento del Congreso son muy claros y las protestas del Partido Popular, de sus diarios y de sus anónimos Letrados se deben a ignorancia o a mala fe.

 

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.