Hágase la luz

Cuando se rozaba un aspecto controvertido de la realidad o de la historia políticas que, no se sabe muy bien quién de entre los poderosos, determinaba como intocable y secreto, caía frente a la ciudadanía de a pie un telón de hierro inexpugnable. Solo conseguimos, muy de cuando en cuando, horadar ese muro, merced a la audacia de algunos investigadores científicos, documentados en archivos extranjeros o, también, gracias al riesgo de incurrir en procesos judiciales adquirido por algunos medios o periodistas individuales, comprometidos con la defensa del derecho de la sociedad a la información; derecho, por cierto, del cual debe disponer la ciudadanía de todo país democrático.

Plazos, por fin

De prosperar el anteproyecto, esa perpetuidad, todavía vigente, tan ominosa, concluirá y se sustanciará en plazos de revelación, como máximo, de 60, 45, 9 y 5 años, correspondientes a la nueva tipología legal que abarca las categorías de alto secreto, secreto, confidencial y reservado, respectivamente. Esta gradación, en algunos casos prorrogable, obedecerá a la entidad de los peligros para la seguridad estatal que la revelación de tal secreto acarree. En una primera fase, tal desclasificación de información clasificada, secreta, barcará hasta el año de 1981, en cuyo mes de febrero, curiosamente un mes después de la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, surgió en España un intento de golpe de Estado del cual desconocemos –50 años después– numerosas explicaciones.

De igual manera, la nueva ley nos brindará ocasión de conocer acontecimientos acaecidos durante la prolongada posguerra, como la represión contra todo atisbo de oposición, obrera, sindical y política; la colonización-descolonización de Guinea Ecuatorial; la guerra con Marruecos en Ifni; la astillada descolonización del Sahara; el trasfondo de la construcción del Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros; los acuerdos hispano-norteamericanos sobre la base aeronaval de Rota (presumiblemente, hoy, el mayor arsenal nuclear de Europa) y las de Morón, Torrejón y Zaragoza; Radio Liberty, manejada por la CIA norteamericana desde Pals, en la Costa Brava, que emitía a diario su cantinela anticomunista para el Este Europeo; los asuntos Matesa, Sofico, Redondela y otros jalones de la corrupción del régimen franquista, amén de numerosas otras vicisitudes que desconocíamos; y, sobre todo, nuevos y completos ámbitos que ignorábamos de la política y de la historia españolas de los que desconocíamos su propia existencia. Esta, la ignorancia de lo ignorado, es la verdadera toxicidad de los secretos perpetuados ante la inoperancia de sucesivos Gobiernos, incluso ya bajo la democracia.

Presumibles votos favorables

Mas, he aquí que el texto legal, para llegar plenamente a serlo, deberá surcar las procelosas aguas del Congreso de los Diputados y el trámite del Senado para salir indemne. Al parecer, está asegurado el voto tanto el PSOE como su socio de Gobierno, Sumar, además del Partido Nacionalista Vasco, que fue meritorio pionero en proponer la nueva ley y algunos de los nuevos plazos, así como, sin descartar algunos ajustes más, muy presumiblemente también será favorable el voto de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria; y ello por razones propias y por la cuenta que les trae a la hora de defender un derecho netamente democrático cuya satisfacción incluye la futura ley.

Es de suponer que el Partido Popular rice el rizo al respecto como acostumbra, si no tira la casa por la ventana y se opone frontalmente a la nueva ley; pero, en medio de la tormenta que se abate sobre sus filas –el caso Montoro, de extrema gravedad, ha consistido en instalar el artefacto corruptor en el seno mismo del aparato recaudador del Estado, el ministerio de Hacienda– no parece que el PP tenga cuajo para negar a todos los españoles, de derecha e izquierda, el derecho a conocer nuestro pasado común que aquella ley franquista cancelaba. De Vox cabe esperarlo todo. Casi siempre, lo peor.

Sorpresas gratas e ingratas

Es de suponer que a franquistas nostálgicos como los que pueblan los rangos del extremismo no les resultará asumible que se conozca públicamente el alcance de las exacciones y crímenes cometidos bajo el régimen del funeralísimo, como denominara Rafael Alberti al dictador ferrolano. Si bien no olvidemos que la revelación de secretos estatales puede incluir la salida a la superficie de hechos, acontecimientos y/o conductas que no casen necesariamente con las presunciones vigentes, deformadas por el secreto oficial.

Sin duda, sobrevendrán sorpresas agradables y – también– desagradables. Pero la ganancia en términos de conciencia, de calidad democrática y de dignidad cívica que a todas y a todos nos procurará la mayoría de edad política ínsita en el significado de la nueva norma, acentuará el grado de democraticidad que siempre, siempre, los españoles, todos, a un lado y otro del abanico ideológico, merecimos.

Convertir lo descubierto en arma arrojadiza para el actual combate polarizador sería un error supremo, que revertiría en contra de los intereses de todos. La información, al despejar la incertidumbre, pues esa es su función primordial, se convierte en un bien público, beneficioso para el conjunto de la sociedad, a la cual dota de datos y parámetros para comprender mejor la complejidad y navegar con rumbo propio por encima de ella.

Un escollo superable

Hay un problema adicional, ya resuelto al parecer, pero no menos enjundioso, sobre a quién corresponde, a partir de la futura promulgación de la ley, adquirir la condición de guardián ministerial de las materias comprendidas en la nueva norma. Señaladamente Defensa, más Interior y Exteriores, el núcleo duro de lo estatal, aspiraban a su custodia; pero ha acabado por imponerse como tal el Ministerio de la Presidencia, que muestra una pátina igualmente estatal, pero con una tonalidad más versada hacia la esfera social y civil.

Pese a los coyunturales aires de militarización belicista que soplan sobre Europa, brillantemente denunciados por el veterano geopolítico jienense Manuel Monereo (1), la apuesta es a futuro, como ha correspondido históricamente a las democracias europeas de nuestro entorno. En ellas, formalmente prima el Estado-en-sí, el de componente social, abierto, público, por sobre el Estado-para-sí, donde éste se blinda sobre su propia lógica y acostumbra descuidar su necesaria rendición de cuentas al poder social, por algunas consideraciones securitarias, en ocasiones, obsesivas.

Lo prioritario será que la voluntad general de los españoles se cumpla mediante la satisfacción del interés general, con un invariante crucial, antídoto de cualquier atisbo totalitario: dentro del sagrado designio político de las mayorías sociales y parlamentarias, será obligado el respeto a los derechos individuales, a la libertad de información, opinión y expresión, más el cuidado de la división de poderes y el control democrático de todos ellos, como requisitos también imprescindibles.

Observemos que los extremismos olvidan el respeto a la subjetividad y coinciden en someter todo a un caudillo, führer o líder carismático, como representante de una colectividad difusa a la que suelen denominar Estado, patria o nación. Esta entidad la insertan en una dicotomía amigo-enemigo –según estableció el teórico germano tan loado por nuestros lares (2), el protonazi, Carl Schmitt – respecto de otras entidades políticas estatales o nacionales. Tan tajante segregación suele ser la causa de conflictos internos y de tantas guerras como las sufridas por la Humanidad durante siglos hasta nuestros días.

Es de desear que salga adelante la nueva ley, que guarecerá en efecto y sin duda el núcleo imprescindible de reserva que todo Estado precisa para aminorar su vulnerabilidad frente a Estados terceros y adversarios. Pero, sobre todo, permitirá que todos los españoles, una vez informados por las revelaciones adquiridas, nos sintamos más dueños de nuestro destino común. El caudal de información que sobrevendrá a partir de entonces, si sabemos transformarlo en cultura democrática, en experiencia política y en benevolencia hacia los otros, los diferentes, sin duda nos procurará avanzar con pasos seguros hacia el respeto a nuestra propia diversidad y hacia la concordia, ese bien tan anhelado por nuestro querido y dolorido país de países. La posibilidad de reamistarnos los españoles entre nosotros mismos, será la meta que tendremos al alcance de la mano, despejados tantos fantasmas como poblaron nuestro atribulado pasado.

(*) Rafael Fraguas, periodista y Doctor en Sociología por la UCM, es autor de la tesis doctoral “Efectos psicosociales y políticos del Secreto Estatal. El caso de los servicios de Inteligencia en España, antes, durante y después de la Transición”.

(1) Vid. “¿Después de Sánchez qué?”. Manuel Monereo, revista digital Nortes. 19 de julio de 2025.

(2) Manuel Fraga Iribarne, ministro de Franco, consideraba uno de sus principales referentes teóricos a Carl Schmitt, autor, entre otros, de Ensayos sobre la dictadura, 1916-1932.