Casi ocho de cada diez españoles consideran que la justicia no trata igual a los ricos que a los pobres, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la calidad de la democracia (IV). Que piense así el 78,4 % de la población muestra la grave erosión democrática que estamos sufriendo, ya que, sin igualdad ante la ley, la independencia judicial corre el riesgo de convertirse en el privilegio de una institución alejada de la ciudadanía.

Cuando dentro de unas décadas se escriba la historia del Gobierno del presidente Sánchez, los historiadores destacarán, ante todo, una circunstancia: el continuo intento de derribo del Gobierno a través de instrumentos judiciales. Ese será el núcleo de acontecimientos políticos que narrarán los historiadores dentro de cincuenta años. Y ese seguirá siendo el tema principal del acontecer político hasta la celebración de las elecciones legislativas de 2027 y aún lo será después si el PSOE puede volver a formar Gobierno. Porque el intento de desalojar al Gobierno a través de vías judiciales ya se ha convertido en el principal instrumento de oposición de las derechas españolas, desesperadas y rabiosas por no ocupar La Moncloa.

Nueve décadas después de aquella infausta fecha, contamos con cierta perspectiva para descubrir algunas claves que explican las causas de nuestros principales males, más algunas propuestas para enmendarlos. La clave que aquí se propone, nadie se asuste, es original. Otras, muchas habrá, desde luego, pero este escribidor quiere subrayar una que considera prioritaria y esclarecedora. Permítanme pues hacerlo.

El Índice Global de los Derechos 2026 vuelve a alertar sobre el retroceso de los derechos sindicales y laborales en buena parte del mundo. Elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la mayor organización sindical mundial, que representa a más de 190 millones de trabajadores de 160 países, confirma que la situación sigue deteriorándose: aumentan las vulneraciones de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, mientras retroceden derechos laborales que durante décadas parecían consolidados, incluso en democracias avanzadas. El informe evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una ofensiva sostenida contra las garantías que sustentan la acción sindical, el trabajo decente y la democracia en el trabajo.

Durante muchos años hemos visionado a la derecha franquista española en versión doblada. En cierto sentido, literal y figuradamente. Nunca dejaron de ser lo que fueron, creer en lo que creían y beneficiarse “montorazmente”. Un franquismo camuflado de “liberalismo”. Cuando decían “medidas para mejorar la productividad”, debía entenderse desproteger a los trabajadores. La frase “combatir la inflación” era la traducción de “bajar los salarios” y “hacer más eficaz la administración”, en la versión original, “privatizar a mansalva”. Mejorar la competitividad en la Comunidad Valenciana fue la excusa para financiar a las empresas que llevaban su producción a Asia. Ya en tierra, por supuesto, abrir las fosas comunes para dignificar a los demócratas asesinados era, “reabrir heridas ya cerradas y enfrentar a los españoles” que, en versión original, “no destapéis los crímenes que cometimos y nos enfrentéis a reconocer todas las venganzas asesinas y abusos de indefensos cometidos en los 40 años de paz”. La aborrecible del franquismo, además del golpe de estado, fue la represalia que siguió sobre los vencidos, especialmente a la población civil. En cierto sentido anticiparon la política de Estados Unidos con el Proyecto Camelot: la vía mas directa para terminar con ideas de izquierdas es cortar (o doblegar) la cabeza que las alberga.

Las dos potencias más militaristas de Occidente, Estados Unidos e Israel, no sólo han asolado países, poblaciones y principios legales o asesinado a oponentes políticos exteriores. También han invertido mucho dinero y abundantes recursos humanos o empleado sin rubor cómplices internos para instrumentalizar a elementos de las élites políticas, incluso con trayectorias muy contrarias a sus principios, para emplearlos como marionetas serviles.

El lenguaje es una herramienta poderosa. Es el instrumento del pensamiento. Se puede usar para alimentar la arquitectura de la convivencia, la cohesión social, el respeto, la igualdad y la inclusión, que ayudan a levantar sociedades plenas de derechos y cada vez más democráticas. Con esta herramienta positiva de comunicación y respeto, que sirve para nombrar y decir con verdad, para expresar sentires de forma amplia y diversa, llegan las sociedades avanzadas —como la española— a crear una realidad democrática que se ha levantado gracias a un esfuerzo de años de trabajo reivindicativo, cooperativo y solidario, con el objetivo loable de ampliar los derechos para todas las personas. El lenguaje, las palabras, crean conciencia y modifican actitudes; son importantes para construir el edificio de la democracia con estructuras sólidas que permitan un entendimiento basado en el respeto y destierren la estigmatización, la exclusión o el señalamiento.

Los medios de comunicación internacionales y las redes sociales presentan a diario episodios de violencia sexual, en todo el mundo, que ocasionan un irreparable sufrimiento y dejan profundas secuelas en las vidas de las personas afectadas, particularmente mujeres y menores.

No pasa día en que no salgan a la prensa todo tipo de actividades, en un “totum revolutum” de supuesto tráfico de influencias, por parte de alcaldes, diputados, consejeros y / o presidentes y expresidentes. En muchos de los artículos e incluso expedientes judiciales, se nota un gran desconocimiento de la realidad e incluso de la legalidad.

Es importante conocer, observar y analizar cómo conecta la gente en España con la sexualidad, qué sabe, qué practica, qué acepta, qué teme y qué contradicciones siguen existiendo, si es que las hay.

Si existe algún gánster que sigue fascinando cinematográficamente es, sin duda, Al Capone. En este siglo, EE. UU. tiene su propio gánster, pero, en esta ocasión, no está provocando ningún delirio emocional ni visual, sino más bien un hartazgo y una animadversión general.

Una equivalencia, la del título de este artículo, que recuerda poderosamente a ese «America First», el reclamo publicitario trumpista que ha galvanizado a una parte de la sociedad estadounidense. Buscar la esencia patria, la distinción superior, la supremacía, pero siempre pensando en quienes más tienen. Las derechas en España adoptan el concepto, lo castellanizan. La idea de esa equiparación ha surgido de una conversación con el sabio profesor de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universitat de les Illes Balears, José Antonio Marina. E infiere un planteamiento que, con diferentes derivadas, articula lo que podemos tildar como agenda económica conservadora, en la que intervienen las dos derechas en competición, pero sin diques de contención para colaborar entre ellas, siempre que la extrema marque la pauta. Eso está sucediendo.