Ofensiva global contra los derechos sindicales y laborales
- Escrito por Toni Ferrer
- Publicado en Opinión
El Índice Global de los Derechos 2026 vuelve a alertar sobre el retroceso de los derechos sindicales y laborales en buena parte del mundo. Elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la mayor organización sindical mundial, que representa a más de 190 millones de trabajadores de 160 países, confirma que la situación sigue deteriorándose: aumentan las vulneraciones de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, mientras retroceden derechos laborales que durante décadas parecían consolidados, incluso en democracias avanzadas. El informe evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una ofensiva sostenida contra las garantías que sustentan la acción sindical, el trabajo decente y la democracia en el trabajo.
Doce años después de la publicación del primer Índice, el balance es inequívoco. Lo que en 2014 podía interpretarse como una señal de alerta se ha convertido en una tendencia persistente. Año tras año aumentan los países que restringen el derecho de huelga, dificultan la actividad sindical o atacan la negociación colectiva. A ello se suman nuevas formas de control y vigilancia digital en los centros de trabajo, el uso de algoritmos en la gestión laboral y otras prácticas que debilitan los derechos colectivos. Especialmente preocupante es que este deterioro alcance también a economías desarrolladas, donde la precariedad, las contrarreformas laborales y el control digital erosionan conquistas que durante décadas parecían consolidadas.
Una erosión que también alcanza a Europa, aunque siga siendo la región con mayores niveles de protección laboral. Francia, Reino Unido, Italia y Portugal han vivido importantes conflictos por contrarreformas laborales y restricciones al derecho de huelga. En varios países de Europa Central y Oriental persisten la precariedad, una débil implantación sindical y una escasa cobertura de la negociación colectiva. España mantiene una valoración intermedia y la CSI reconoce los avances del diálogo social y de la negociación colectiva, aunque señala la precariedad juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda y otros problemas del mercado de trabajo. Fuera de la Unión Europea, Turquía sigue siendo uno de los países con mayores restricciones a la libertad sindical y al derecho de huelga.
Al otro lado del Atlántico, la situación tampoco escapa a esta tendencia. Estados Unidos sigue presentando importantes carencias en materia de derechos sindicales. Persisten las prácticas antisindicales, los obstáculos a la implantación sindical y las limitaciones a la negociación colectiva. Las contrarreformas impulsadas por la Administración de Donald Trump han favorecido la desregulación del mercado de trabajo y debilitado la protección de las personas trabajadoras. Aunque el sindicalismo ha cobrado un nuevo impulso en sectores como la logística, el automóvil o el comercio, la libertad sindical continúa muy por debajo de los estándares de otras democracias avanzadas. Canadá ofrece un panorama más favorable, aunque también registra conflictos relacionados con el derecho de huelga.
En América Latina persisten fuertes contrastes. Colombia sigue registrando elevados niveles de violencia y amenazas contra dirigentes sindicales. También preocupan Ecuador y Guatemala, donde persisten graves dificultades para garantizar los derechos colectivos y amplios sectores de la población trabajadora permanecen en la economía informal. En contraste, México ha impulsado una reforma laboral para fortalecer la libertad sindical, la negociación colectiva y la democracia en los centros de trabajo, aunque su aplicación todavía plantea importantes retos. Argentina, por el contrario, se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto sindical tras las contrarreformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La región continúa marcada por la coexistencia de avances y retrocesos.
En los países de Oriente Medio y del Golfo Pérsico persisten importantes restricciones al ejercicio de los derechos sindicales y laborales. Aunque algunos Estados han reformado parcialmente el sistema de kafala, duramente criticado por organismos internacionales por facilitar situaciones de explotación e incluso de trabajo forzoso, la libertad sindical y la negociación colectiva continúan fuertemente restringidas.
Más preocupante aún es la situación en Asia-Pacífico, donde se concentran algunas de las vulneraciones más graves de los derechos de las personas trabajadoras. En varios países persisten la persecución de sindicalistas, las detenciones arbitrarias y la represión de las protestas laborales. A ello se suma la presión que las cadenas mundiales de suministro ejercen sobre los costes y las condiciones de trabajo, consolidando modelos productivos incompatibles, en demasiados casos, con el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva. China constituye uno de los ejemplos más significativos, ya que sigue sin reconocer la libertad sindical ni la existencia de organizaciones sindicales independientes.
Por su parte, África presenta importantes carencias en materia de protección de los derechos laborales y sindicales. Las restricciones a la libertad sindical, la persecución de representantes de los trabajadores, la expansión de la economía informal, la debilidad de los sistemas de protección social y la escasa implantación de la negociación colectiva dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de millones de personas trabajadoras y perpetúan situaciones de pobreza laboral y exclusión social.
Según el Índice, los peores países del mundo para las personas trabajadoras son Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Esuatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía. Aunque presentan realidades políticas, económicas y sociales muy diferentes, todos comparten un denominador común: graves vulneraciones de la libertad sindical, la represión del ejercicio del derecho de huelga, la persecución de dirigentes sindicales y, en algunos casos, la violencia contra personas trabajadoras y representantes sindicales.
El retroceso más grave afecta al derecho de huelga, una de las principales garantías de las personas trabajadoras frente al poder empresarial. En un número creciente de países se amplían las restricciones legales, se imponen servicios mínimos abusivos o se establecen sanciones económicas que dificultan su ejercicio. En algunos casos también se recurre a la vía penal o administrativa para limitar la protesta sindical y debilitar uno de los instrumentos fundamentales de defensa de los trabajadores.
Finalmente, merece destacarse el compromiso de miles de sindicalistas que, en numerosos países, afrontan amenazas, persecuciones, detenciones e incluso arriesgan su propia vida por defender los derechos de las personas trabajadoras y las libertades democráticas. Su ejemplo demuestra que el sindicalismo constituye una fuerza imprescindible para construir sociedades más libres, justas y cohesionadas. En un mundo marcado por profundos cambios económicos y crecientes tensiones geopolíticas, reforzar la acción sindical es esencial para ampliar los derechos laborales, fortalecer la democracia y contribuir a la paz y al progreso social.
