• El I Foro CeJuego ha reunido a representantes de las administraciones públicas, sindicatos, asociaciones de prevención de adicciones, académicos y profesionales del sector para abordar los principales retos regulatorios y sociales del juego en España.
• Ramón Cubián, director general competente de la gestión y ordenación del juego de la Comunidad de Madrid, ha recordado que las 17 comunidades autónomas firmaron un acuerdo por el que solicitan a la DGOJ que aclare el reparto de competencias en materia de juego.
• Aunque el porcentaje de personas con juego problemático en España se sitúa entre los más bajos del mundo (apenas el 0,25% de ciudadanos entre 18 y 75 años), preocupan las loterías instantáneas, que es el juego más practicado por los jóvenes de 18 a 25 años.
• Después de que el ministerio de Consumo admitiese la semana pasada que no ha recaudado ninguno de los 465 millones de euros con los que ha multado al juego clandestino en los últimos cuatro años, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, insiste en que “el juego clandestino es el verdadero enemigo común”.

Reguladores autonómicos, expertos en juego patológico, sindicatos, representantes de la hostelería y de la industria del juego han reclamado este miércoles que en la próxima legislatura se retome la reforma de la Ley del Juego, cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria electoral, con una visión realista y altura de miras. La petición se ha producido durante el I Foro CeJuego, que ha reunido en Madrid a los principales actores vinculados a una actividad que genera cerca de 50.000 empleos directos en España. Concretamente, el Foro ha centrado el debate en tres cuestiones: preservar las competencias de las comunidades autónomas sobre el juego presencial, garantizar las mismas exigencias de protección y control para los operadores públicos y privados y reforzar la lucha contra el juego clandestino.

Una reforma de la Ley que respete las competencias autonómicas

Uno de los puntos que genera mayor consenso entre las distintas partes es que se clarifique y respete el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del mes de abril, que impide a las comunidades autónomas supervisar y autorizar los productos del juego público. Ramón Cubián, director general competente en la gestión y ordenación del juego, ha recordado el acuerdo de las 17 comunidades autónomas por el que solicitan a la DGOJ que aclare el reparto de competencias en materia de juego: “Lo que hemos planteado las comunidades autónomas es abrir un canal de interlocución con el Estado para abordar conjuntamente las nuevas formas de acceso al juego presencial. El ciudadano percibe el juego como una única realidad y, por eso, es fundamental que todas las administraciones implicadas podamos debatir cómo regular y controlar estas modalidades”. En este sentido, Cubián ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas conserven la capacidad de regular, autorizar, inspeccionar y controlar el juego presencial.

Esta dimensión territorial está estrechamente relacionada con la presencia del juego en sectores como la hostelería. De acuerdo con Juego y Sociedad 2026, que ha sido presentado en este I Foro, los casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas recreativas en hostelería cuentan, según la modalidad, con entre dos y tres millones de clientes al año. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, ha destacado que “los bares no son solo negocios, también son espacios de encuentro y socialización. Las máquinas de juego son un complemento más, pero nos interesa incorporar cualquier elemento que contribuya a dinamizar el establecimiento y favorezca las relaciones interpersonales, especialmente en un momento en el que las pantallas están cambiando nuestra forma de relacionarnos”. A esa actividad económica se suma su impacto laboral. Las empresas privadas que gestionan el juego de entretenimiento presencial y online generan 49.836 puestos de trabajo directos. A ellos se añaden más de 180.000 empleos indirectos que el conjunto del juego sostiene en otros sectores productivos. Marcos Gutiérrez, representante de CCOO, ha solicitado “una regulación más homogénea entre el juego público y el juego privado. Debemos tener un trato fiscal más igualitario y crear espacios de diálogo entre todos los agentes del sector”.

Mismos operadores, mismas garantías

Asimismo, CeJuego defiende que la reforma avance desde criterios proporcionales y apoyados en datos. Precisamente, el estudio Juego y Sociedad 2026 aporta datos sobre la dimensión y evolución de dicha actividad en España. En 2025, 31 millones de residentes de entre 18 y 75 años participaron en alguna modalidad de juego. Esta participación es, además, mayoritariamente ocasional: según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 el 90% de los usuarios jugaba con una frecuencia mensual o anual, frente al 80% en 2018. De acuerdo con José Antonio Gómez Yáñez, autor de Juego y Sociedad 2026, “más del 80 % de las personas que juegan van acompañadas”. Todo ello sin que el porcentaje de personas con trastorno del juego ascienda. Actualmente, España se encuentra entre los países con menor tasa de juego problemática del mundo. Apenas el 0,25% de las personas entre 18 y 75 años lo sufre.

Los datos generales muestran que la edad de inicio en el juego se está retrasando en España. Según el Ministerio de Sanidad, la edad media del primer juego con dinero presencial se ha incrementado de 22,8 años en 2018 a los 24,1 años en 2024. Esta evolución contrasta, sin embargo, con la fuerte presencia de las loterías instantáneas de la ONCE entre los más jóvenes. Según Juego y Sociedad 2026, estos «rasca y gana» son el juego más practicado entre los jóvenes de 18 a 25 años. Los premios altos, la inmediatez para jugar y conocer el resultado, la simplicidad de su dinámica y su amplia aceptación social favorecen el riesgo de juego problemático. Estas características refuerzan la importancia de evaluar los riesgos de cada modalidad sin establecer diferencias en función de quién la comercializa. En este sentido, Francesc Perendreu, presidente de la Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales (ACENCAS), ha advertido: “Hemos pasado del lema “La ilusión de todos los días” al problema de todos los días. En nuestra asociación ya atendemos casos relacionados con los rascas, que pueden comprarse sin que se compruebe la identidad de la persona. Lo que pedimos es igualdad en las reglas del juego: el juego público y el privado deben estar sujetos a los mismos controles y garantías de protección”.

El juego como ocio

A principios de este mes, el ministerio de Consumo aprobó la publicación de mensajes de advertencia en operadores presenciales y online. Dichos mensajes, para CeJuego, no muestran el ámbito puramente recreativo del juego, donde el usuario no busca ganar dinero, sino divertirse. En su proyecto de investigación La utilidad del juego, Levi Pérez, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, analiza el consumo de juegos de azar desde la perspectiva del bienestar e introduce el concepto de «beneficio hedónico»: “cuando vamos al teatro pagamos una entrada y salimos sin ese dinero, pero con la satisfacción de haber disfrutado de la experiencia. Con el juego sucede algo parecido: para muchas personas, la principal motivación es disfrutar de una actividad de ocio”.

El juego clandestino, el enemigo común

La aportación económica y laboral del juego autorizado enlaza con la tercera cuestión planteada por CeJuego ante la revisión de la Ley: la lucha contra el juego clandestino. El juego privado presencial aporta 1.024 millones de euros en impuestos especiales sobre el juego, además de otros 639 millones en impuestos comunes y cotizaciones sociales. Mientras las empresas de juego autorizado generan empleo, tributan y están sometidas a licencias, inspecciones y medidas de protección al jugador, el juego clandestino opera al margen de estos controles y sin ofrecer las mismas garantías al consumidor.

Precisamente, la convocatoria electoral ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar la regulación a una realidad cambiante. Desde el pasado lunes, la plataforma de mercados predictivos Polymarket permite “invertir” en quién será presidente en España después de las elecciones. El hecho de que se pueda seguir accediendo a esta plataforma pese al bloqueo anunciado por el Ministerio de Consumo en mayo muestra las dificultades a las que se enfrentan las autoridades para frenar el juego clandestino. La semana pasada, el Gobierno reconoció que, de los 465 millones de euros en multas a operadores ilegales desde 2022, no se ha recaudado nada. En este contexto, Carlos Duelo, director corporativo de Relaciones Institucionales y ESG de CIRSA, ha alertado: “Los operadores sin licencia ofrecen plataformas que, a ojos del usuario, pueden resultar tan atractivas como las autorizadas, pero sin los mismos controles sobre promociones ni garantías de protección. Si la regulación impone demasiadas restricciones al juego autorizado, corremos el riesgo de favorecer el crecimiento de estas plataformas clandestinas”.

Por ello, CeJuego ha reclamado una mayor colaboración entre todos los actores involucrados en el sector: “se trata de escuchar, tener datos y hacer una buena regulación. Es el Parlamento, la sociedad la que debe hacer una reforma en la regulación”, ha afirmado Alejandro Landaluce, director general de CeJuego.

Sobre CeJuego

CeJuego (Consejo Empresarial del Juego) es la asociación empresarial que representa aproximadamente al 70% del sector del juego privado presencial en España. La organización trabaja para promover un modelo de juego seguro y responsable, defender los intereses de las empresas a las que representa y favorecer el desarrollo sostenible de la actividad. Asimismo, actúa como interlocutor ante las administraciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad, impulsando una regulación basada en datos, la transparencia y la protección de los jugadores.