Marcelino Pascua y la abolición de la prostitución en la República

Pascua consideraba que la cuestión era de gran actualidad y que tenía un hondo sentido social. Se refirió a un reciente proyecto de ley, surgido del Consejo Nacional de Sanidad, según el cual era obligatorio el tratamiento de las enfermedades venéreas provenientes de la prostitución.

Pero Pascua no abordó la cuestión sanitaria exclusivamente sino, como ya hemos citado, también la social, aunque fuera importante aquella para él como responsable sanitario. Habría una dimensión relacionada con la delincuencia y hasta en relación con lo que denominó “indiferencia emocional”.

Pascua explicó que la prostitución más extendida no era la de las mujeres que traficaban libremente en la calle, sino la vinculada a grupos clandestinos. Para ello leyó estadísticas y también se dedicó a explicar las causas de la difusión de la prostitución. También resaltó la doble vara de medir de la sociedad en esta cuestión, al “perdonar” al varón, es decir, al que acudía a la prostitución, frente a la severidad con que se juzga a la mujer, es decir, a la prostituta.

Frente a esta cuestión se habían planteado dos tendencias: la abolicionista y la reglamentista. Pascua explicó ambas, demostrando que conocía la cuestión. Pascua explicó los defectos de la postura reglamentista en distintos países, declarándose partidario de la postura abolicionista.

Explicó que la República tenía la obligación de resolver el problema, persiguiendo a los explotadores de la prostitución. Pero, además, defendió el establecimiento de una política de educación física y de fomento del deporte, así como la creación de un certificado prematrimonial para evitar las enfermedades venéreas entre los cónyuges.

La abolición de la prostitución no debía realizarse de forma tajante y radical. El Estado debía conseguir, en un afán tutelar y no podemos negar nosotros que, parte, un tanto paternalista, devolver a estas mujeres a la “plenitud de la vida civil”, una cuestión que consideraba de gran trascendencia y magnitud. Esa política pasaba por un programa educativo y profesional, creando talleres, “reformatorios”, granjas agrícolas, etc.., donde en un período y “con cierta vigilancia y control por parte suya" podrían aprender un oficio para poder sustentarse, es decir, se abogaba por ofrecer oportunidades educativas y profesionales, siempre con ese aspecto tutelar, pero, al menos, no podemos negarlo, se defendía abolir la prostitución, al considerar que se trataba de una forma de explotación. Para eso también pedía el concurso de las mujeres españolas.

Tenemos que tener en cuenta que en ese año la prostitución fue un tema que llegó al parlamento de la mano de Clara Campoamor, es decir, que la conferencia debe enmarcarse en dicho contexto, por lo que estaba justificada la afirmación de Pascual sobre la actualidad del tema. En efecto, España vivió en ese momento un intenso debate entre feministas y médicos, que defendieron el abolicionismo.

En todo caso, la abolición no llegaría hasta un decreto de primero de junio de 1935, pero sin grandes efectos, todo hay que decirlo.

Hemos consultado el número 7441 del 11 de diciembre de 1932. Para los interesados en esta cuestión en la Segunda República pueden acercarse a dos artículos periodísticos, uno de junio de 2022 en El País de Xosé Hermida, y otro en el diario Público de noviembre de 2018 de Ana Bernal. Más erudito es el trabajo de Mercedes Rivas Arjona, “II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del Decreto abolicionista de 1935”, en Arenal, (julio-diciembre de 2013), páginas 345-368. Todos estos trabajos pueden consultarse fácilmente en la red.