El conflicto sobre contratos de cultivo en Cataluña en 1934

Su aprobación plasmó el claro conflicto entre las pretensiones reformistas de la Esquerra Republicana y el sindicato de campesinos no propietarios, y la cerrada defensa de la propiedad de los propietarios, defendidos por la Lliga y por el gobierno de centro-derecha de Madrid, en pleno Bienio radical-cedista.

La Ley de Contratos de Cultivo fue aprobada por el Parlament de Catalunya el 21 de marzo de 1934 por unanimidad, aunque con la ausencia de los diputados de la Lliga. La ley buscaba corregir los abusos contractuales, especialmente en la rabassamorta y preconizaba de manera moderada, aunque reformista, el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra cultivada.

La ley reforzaba la propiedad privada de la tierra frente a cualquier intento de colectivizarla. En este sentido, estaba en línea con lo defendido por la Unió de Rabassaires y Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, el poderoso sindicato agrario catalán de campesinos no propietarios. La Unió quería una profunda reforma agraria pero rechazaba también las pretensiones anarcosindicalistas sobre la colectivización de la tierra.

Por su parte, los grandes propietarios catalanes no estaban de acuerdo con dicha ley. Se organizó una intensa campaña en contra organizada por el Institut Agrícola Català de SantIsidre en relación con la Lliga.

La impugnación de la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República polarizó el clima social y político en Cataluña, ligando las reivindicaciones de los payeses a las nacionalistas de autogobierno, junto con las sociales de los trabajadores. La propia Unió se radicalizó.