Cuando una ley de la República protegió a un obrero en 1960

Al parecer, la prensa española había publicado que un mozo de almacén, aunque no aparecía ni su nombre ni de su lugar de nacimiento, había ganado un juicio contra su despido por haberse negado a trabajar horas extraordinarias. El Tribunal Central de Trabajo calificó de improcedente dicho despido apelando a una ley del 1 de julio de 1931 sobre jornada máxima legal, que estipulaba que la iniciativa de las horas extraordinarias correspondía al empresario, mientras que el trabajador era libre de aceptar realizarlas o no. Por eso, el trabajador no había incurrido en una causa para ser despedido. Solamente era obligatorio trabajar horas extraordinarias cuando había necesidad urgente o para solucionar accidentes sufridos.

El periódico recordaba que aquella disposición había sido aprobada siendo ministro Largo Caballero y no Girón. Esa sería la primera razón a destacar, pero, sobre todo, la segunda. No parecía tan importante que aquella protección del trabajador hubiera sido obra del ministro y líder socialista, y que hubiera servido para proteger a un trabajador en la época del régimen franquista, sino el hecho de que había trabajadores que se negaban a vulnerar la jornada máxima de ocho horas, que tantas luchas había costado conseguir.

Por eso, había que levantar un monumento a dicho trabajador.

La noticia se publicó en el número del 15 de diciembre de 1960 de El Socialista.