La furia de la clase media

A lo largo de una semana, Cataluña, y en particular Barcelona, se han visto sacudidas -y sorprendidas- por una larga serie de actos de protesta que han mostrado el carácter potencialmente violento de la “revolución de las sonrisas”. La anómala situación política que atraviesa Cataluña desde hace años ha sido agravada por los efectos de los preparativos y la inercia de una jornada de huelga general de carácter político, decidida por el Govern y sus asociaciones anexas, para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo impuesta a los dirigentes del “procés”. En tales actos, se ha visto al President de la Generalitat -apreteu, apreteu- al frente de una marcha que cortaba una autovía nacional, mostrando el acuerdo de medios y fines entre las autoridades políticas catalanas y los activistas.

De todo ha habido en estos días, desde el ejercicio pacífico de derechos civiles, pasando por el abuso de estos por parte de los independentistas en detrimento de los derechos de los no nacionalistas y en perjuicio de terceras personas, viajeros y población no participante, hasta reiterados actos incívicos y violentos.

Junto a las marchas que han confluido en Barcelona para sumarse a la pacífica concentración de 500.000 personas, al grito de libertad ha habido cortes de carreteras, cierre de la frontera con Francia, ocupación del aeropuerto del Prat (con la suspensión de medio centenar de vuelos), de estaciones de ferrocarril y líneas de transporte, en un intento de paralizar Cataluña, perjudicar la economía de la “puta Espanya” y, de paso, acabar con el régimen dictatorial español, si se hace caso de lo escrito en algunas pancartas.

Esta novísima versión de los derechos humanos, que el Gobierno español niega a los independentistas, ha merecido como respuesta lo ocurrido cada noche después de las concentraciones pacíficas, en unos actos que más que protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo parecían pensados para dar la razón a los jueces, indicando que se habían quedado cortos en su apreciación de los hechos.

Una legión de jóvenes, con sobrada vitalidad -hay que ser joven para pasar varias noches de brega con la policía correteando por las calles de Barcelona- y preparación follonera conseguida en los años del “procés”, más algunos otros –pocos- con otro tipo de adiestramiento y propósitos, han producido, según el Ayuntamiento, daños en el mobiliario y enseres urbanos por valor de 2,7 millones de euros, de ellos 200.000 euros en daños a coches. Más de 70 terrazas de cafeterías han sufrido desperfectos y varias tiendas han sido saqueadas. Las empresas productivas y de servicios y los comerciantes aprecian un 40% de pérdidas por lucro cesante (dejar de ganar), con lo cual el monto provisional de la protesta asciende, según fuentes patronales y gubernamentales, a unos 10 millones de euros.

Por otra parte, hay que contabilizar casi 600 personas heridas, de ellas 288 son agentes del orden, trece hospitalizadas, dos muy graves, una de ellas un policía, y 4 manifestantes han perdido un ojo por impactos de bolas de goma. Hay 202 detenidos, 24 ya en prisión preventiva y 76 en libertad con cargos, pero bajo medidas cautelares.

Conviene advertir a los ingenuos, que lo ocurrido la semana pasada en Cataluña no ha sido un episodio de la lucha de clases; no hemos asistido a un motín de los miserables, ni a una revuelta del proletariado empobrecido o de las clases sociales más golpeadas por la crisis y los subsiguientes recortes; no ha ocupado las calles la famélica legión, exigiendo, con el puño alzado y la bandera roja, pan, trabajo, libertad, salario digno y jornada laboral de ocho horas, sino una nutrida representación de la juventud de las clases media y alta, razón por la cual no se entiende que algunos sindicatos se hayan unido a la convocatoria de huelga general.

Pero, tratándose de jóvenes, muchos en edad de formarse -estudiantes- y otros en edad de emanciparse, hubiera sido de esperar que, en las concentraciones, junto a las habituales consignas políticas -libertad, independencia, democracia, república catalana, libertad para los presos políticos, etc-, hubieran aparecido las reclamaciones típicas de su estado y condición -más becas, tasas universitarias más bajas, menos alumnos por clase, más y mejores profesores, libros más baratos, mejores instalaciones, más prácticas, menos abusos en los contratos de formación, más empleo fijo, mejores salarios para los jóvenes, alquileres asequibles, vivienda pública, guarderías-, pero en ausencia de tales demandas cabe suponer que son jóvenes de familias pudientes, con los gastos cubiertos, o bien que tales reclamaciones, cuando afectan a competencias de la Generalitat se olvidan o se velan arteramente con consignas independentistas, banderas estrelladas y lazos amarillos o bien, quedan pospuestas hasta el día en que la hipotética república catalana las atienda con largueza y prontitud.

Doctor en Ciencias de la Información y diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas, ha sido profesor del departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015); La oxidada Transición (La linterna sorda, 2013); La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje (La Linterna sorda, 2009) y con Ramón Cotarelo, La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).