Una transición bastante intransitiva

Desde el punto de vista institucional, la transición de la dictadura a la democracia, tuvo una duración de dos días. Franco falleció el 20 de noviembre y el día 22, en una sesión extraordinaria de las Cortes, el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España, como estaba previsto en la Ley de Sucesión de 1947 y en la Ley Orgánica del Estado de 1967. A dictador muerto, rey demócrata puesto (eso afirma el Emérito en sus desmemorias). ¿Suma y sigue o Borbón y cuenta nueva? De todo hubo.

La Transición estaba hecha, pues, dada la correlación de fuerzas desfavorable a las izquierdas, la restauración de la monarquía y el reemplazo en la Jefatura del Estado era un hecho previsto y consumado, difícil de cambiar después.

Quedaba pendiente la reforma de las instituciones, lo que abría una etapa de incertidumbre por las tensiones entre los viejos actores políticos, partidarios de conservar lo más posible del armazón autoritario de la dictadura, y los nuevos actores, exigentes de lo contrario, y señalar lo que se debía conservar del Estado franquista, que era mucho, y lo que se podía cambiar para dar forma a la arquitectura de un nuevo régimen que mereciera el nombre de democrático.

La tensión entre cambiarlo todo y no cambiar nada, como proponían las fuerzas situadas en los extremos del espectro político, se resolvió a favor de cambiar un poco y por acuerdo. Pero no era esa la intención de las fuerzas que constituían la variada oposición a la dictadura, desde las moderadas a las radicales.

Con el telón de fondo de una movilización obrera y popular en ascenso desde los años sesenta, acentuado desde principios de la década, la Transición política fue un forcejeo entre fuerzas desiguales, jalonado por una serie de batallas políticas para debilitar o a reafirmar la hegemonía del bloque dominante en su intención de conservar, bajo una legitimidad distinta, pero sin renunciar a la de origen (golpista), el poder político y económico para seguir reteniendo la parte más sustanciosa del excedente producido en perjuicio de los trabajadores y las clases populares. Esa debía ser la premisa indiscutible del nuevo régimen postfranquista: formalmente democrático, pero sin dejar de ser capitalista (modernamente capitalista) y, por tanto, clasista y desigualitario.

Es cierto que la transición española fue un hecho extraordinario, original por los actores y factores concurrentes, no obstante, presenta ciertos rasgos que la acercan al modelo de revolución pasiva. Es ésta un proceso de reformas del Estado, pero evitando una ruptura que transforme radicalmente el orden político.

Para Gramsci, la revolución pasiva se produce cuando las fuerzas que han desatado la crisis de un régimen político, o han emergido con ella, son incapaces de completar su obra y de instaurar un nuevo régimen que lo reemplace. En esta tesitura, para romper el equilibrio entre las fuerzas del régimen en declive, incapaz de sostenerse como era, y las fuerzas emergentes, incapaces de consolidar un régimen alternativo, una facción de la clase política del régimen caduco se despega de éste y se acerca a las posiciones moderadas de sus adversarios para asumirlas rebajando su profundidad.

Este alejamiento calculado del viejo programa, junto con la asunción de los puntos menos radicales del programa enemigo, que puede ser juzgado como una traición (la tesis de Cercas), permite a una parte de las fuerzas políticas del viejo régimen no sólo sobrevivir en la nueva situación, sino imponer las reglas del juego y dirigir el proceso de cambio en sus tramos principales.

En España, tras la muerte de Franco se produjo un cambio de régimen político por transacción -un cambalache, se dijo-, por intercambio -do ut des- (te doy para que me des), ajustado al modelo teórico de O’Donnell y Schmitter y de Share y Mainwaring, entre la facción reformista del régimen franquista y la facción más moderada y pragmática de la heterogénea coalición de fuerzas de la oposición, revelada en la Plataforma de Organizaciones Democráticas POD).

Los rasgos destacados de este modelo son los siguientes: los cambios afectan sólo a la superestructura política del Estado, la estructura económica permanece igual (el sistema productivo capitalista, la propiedad privada, el beneficio y el mercado son intocables); se realizan desde arriba, por acuerdo entre las élites políticas más selectas -por los máximos dirigentes de los partidos o los grupos con más representación, real o atribuida, o por personajes conocidos-, son, por tanto, transacciones efectuadas entre muy pocas personas.

Las fuerzas decisivas del bloque dominante, los “poderes fácticos”, quedan en la sombra y se dejan sentir, mas no participan en la negociación; tampoco lo hacen claramente el Vaticano, el Mercado Común, Estados Unidos y la OTAN. A la ciudadanía se le reserva el papel de ratificar, en elecciones o en refrendos populares, lo acordado por las élites o, en su caso, la oportunidad de movilizarse de forma ocasional y controlada para apoyar ciertos aspectos de la negociación, pero no para desbordar sus límites en favor de otros objetivos, aún menos si son opuestos al proceso de reformas acordado. En este pacto, la élite de la oposición otorga legitimidad democrática a la vieja élite autoritaria, a cambio de instaurar unas normas que permitan acceder a las instituciones representativas en un proceso competitivo e, incluso, llegar a gobernar. En contraprestación, la vieja élite autoritaria exige condonar ciertos aspectos poco confesables de su etapa autocrática y enterrar los episodios más turbios de su pasado con una amnistía o una ley de punto final, que, como un pacto de silencio, evite tener que rendir cuentas públicamente y asumir responsabilidades que pudieran suponer una pérdida de legitimidad o tener que aceptar algún castigo o reparación de tipo económico. De este modo, olvidar el pasado es el peaje por alumbrar el régimen político del futuro; el silencio sobre un pasado ominoso y dictatorial es el pago por la democracia formal y por una reconciliación social más presunta que real.

En el caso español, ese fue el cierre en falso de una etapa dramática, que tarde o temprano tendría que suscitar tensiones en el nuevo régimen, como así ocurrió.

El nuevo régimen democrático arrastraría, desde su origen, el pesado legado de Franco -la espesa trama de intereses familiares, corporativos y clientelares enquistada en las instituciones del Estado- y medio siglo después de su muerte siguen sin erradicar algunos de sus vicios, como el caciquismo y la corrupción, se ha renovado su base social y una parte no desdeñable de jóvenes de una generación muy inculta repite ciegamente sus autoritarias y rancias consignas.

“La muerte de Franco y la Transición” (fragmento). Versión entera en Trasversales nº 71, diciembre 2025-enero 2026.