Contra la derecha togada, soberanía popular

Imaginen que el actual Gobierno español, una vez cumplidos los cuatro años de su mandato, se negara a convocar elecciones legislativas con el peregrino argumento de que los españoles no les permiten a Sánchez y a sus ministros ser ellos quienes elijan a los nuevos diputados.

La mayoría de la judicatura española reclama ser ellos mismos, los jueces, quienes elijan en exclusiva a los integrantes de sus órganos de poder político. No debería extrañarnos tal petición, incompatible con una verdadera democracia representativa, en la que el poder político emana de la soberanía popular y no del corporativismo profesional de corte franquista al que tan adictos parecen ser sus señorías togadas. Sucede que tres de las cuatro asociaciones de jueces en España (entre ellas, la mayoritaria) están directamente vinculadas a la derecha extrema y a la extrema derecha políticas, y a los partidos que las componen: PP, Ciudadanos y Vox. En los últimos tiempos alguno de esos elementos con poltrona en las más altas instancias judiciales ha tenido la desfachatez de proclamar en público que "el Derecho es, por naturaleza, conservador" (sic), regüeldo rápidamente recogido y difundido por la prensa del Movimiento a su servicio. El mismo Carlos Lesmes ha sido alto cargo en el ministerio de Justicia con Aznar ꟷdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia, es decir nada menos que enlace del gobierno del PP con los mandamases judicialesꟷ, y es un hombre de la absoluta confianza del Partido Popular.

A pesar de ese panorama de sujeción política judicial a los intereses derechistas, jueces, políticos y medios de comunicación afines insisten en defender una supuesta autonomía que según ellos estaría consagrada en la Constitución, y que la izquierda pone en peligro con la pretensión de que sean los diputados del Congreso quienes elijan a los cargos políticos judiciales. Ocurre que tal afirmación es mentira y de las gruesas, otra más de esa gente: lo que la Constitución consagra es la independencia judicial a la hora de actuar como jueces, no su autonomía corporativa.

En realidad, el corporativismo judicial español es heredero, como todo corporativismo, del fascismo franquista, y se comporta precisamente como el mayor enemigo de la democratización de la judicatura, un aparato del Estado que cuarenta años después del fin de la dictadura sigue hozando en la endogamia, el nepotismo y la defensa a ultranza de intereses y privilegios fuera de lugar en una sociedad democrática.

Si miramos a nuestro entorno, veremos que ese corporativismo no existe en países como Holanda y Alemania, donde la soberanía popular, es decir, los diputados que representan al pueblo, eligen directamente a los cargos políticos judiciales. En EEUU, ni siquiera existe un Tribunal Constitucional ni un Consejo General del Poder Judicial, asumiendo esas funciones el Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados por el presidente del país.

En España no necesitamos para nada un Consejo General del Poder Judicial, ni una Audiencia Nacional, ni desde luego un Tribunal Constitucional convertido en Cámara de apelación instrumental de la derecha radical y la extrema derecha contra las leyes progresistas.

Hace falta tan solo un Tribunal Supremo democratizado, fuerte y bien controlado por el órgano de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados. Todo lo demás es burocracia y covachuelas donde medran políticos que usan la profesión de jueces para su propio beneficio y el de las organizaciones políticas a las que sirven.