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EL PERIÓDICO
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Batalla contra la precariedad


El otoño está resultando laboralmente caliente para el Gobierno y los frentes de conflictividad que se le abren van en aumento, mientras el Partido Popular se frota las manos pues su relato de una España sumida en el caos le resulta un buen contexto para intentar un vuelco electoral y político. Los meses que vienen no parece que vayan a ser muy favorables al gobierno de izquierdas ya que la recuperación económica se antoja insuficiente y desequilibrada como para compensar los muchos malestares acumulados en la sociedad. Los fondos Next Generation no llegan a todo y la desconfianza sobre el futuro de la pandemia tampoco contribuyen a calmar las aguas.

La explosión violenta en el sector del metal gaditano se ha convertido en un foco de tensión y nos ha proporcionado imágenes que nos retrotraen a las crudas movilizaciones que acompañaron la reconversión industrial española del sector siderometalúrgico, allá por los años ochenta, y que llevaron a los sindicatos a convocar una huelga general contra el gobierno socialista de Felipe González y contra las políticas “liberalizadoras” de su ministro Carlos Solchaga. En este caso la huelga y toma de la calle pretende hacer mover a una inflexible patronal provincial del sector, la cual no acepta proporcionar mayores grados de estabilidad laboral y unos aumentos salariales acompasados con la inflación algo que, afirman, no resulta sostenible en un sector en el que los márgenes se han ido estrechando. Como siempre, se trata de que lo pague el eslabón más débil, el trabajo.

El contexto socioeconómico abona los temores a los despidos y a la pérdida de los puestos de trabajo. Los niveles de desempleo en la bahía de Cádiz están muy por encima de la media española que ya es muy elevada y la precariedad contractual no hace sino alimentar los miedos. Más de 20.000 trabajadores se han manifestado porque ya no pueden más y los sindicatos tradicionales tienen serias dificultades para contener y encauzar una protesta movida por la rabia. La inflación y la fuerte subida del IPC no estaba en la ecuación gubernamental de salida de la reclusión pandémica. La geopolítica, las dificultades en las cadenas de suministros y la falta de chips no estaban en las previsiones. Los sueldos pierden rápidamente capacidad adquisitiva, mientras la presión sobre el trabajo va empeorando, como es el caso de la industria del metal gaditana, las condiciones laborales en forma de horas no remuneradas, trabajo en festivos, dificultad de acceso a los servicios sanitarios… Con la precariedad laboral, resulta fácil recortar e incluso conculcar los derechos de los trabajadores. El trabajo resulta desarmado ante el envalentonamiento del capital. Nada nuevo bajo el sol.

El problema de fondo que pone en evidencia la movilización gaditana es la perversión de un sistema basado en una multitud de subcontrataciones a partir de unas cuantas empresas de referencia en el sector. Las grandes firmas como Aibus, Alestis, Dragados o Navantia, disponen de plantillas cortas y con el personal en relativamente buenas condiciones laborales. Pero el grueso de las contratas que reciben, muchas veces del Estado, se difuminan en una pirámide de subcontratas en las que las condiciones de los obreros van empeorando a medida que se desciende a terceros y cuartos niveles donde se realiza gran parte del trabajo en pequeñas y medianas empresas auxiliares. Es aquí donde se concentra la precariedad y los bajos salarios, donde se instala una preocupación que muta hacia la indignación y la movilización violenta. Ya no es solamente una cuestión económica lo que encoleriza a los trabajadores. Es una cuestión de dignidad. Se podrá argüir que el problema compete únicamente a la patronal provincial del sector del metal. No resulta del todo cierto. Hay un inmenso problema de omisión de responsabilidad de las grandes empresas porque existe una legislación laboral que permite establecer cadenas inacabables de subcontratas, de recurrir a trabajadores “externos” en condiciones de vasallaje o de semiesclavitud. Si algo tiene que contener la nueva legislación laboral que debe aprobar, próximamente, el Congreso de los Diputados es la noción de respeto hacia los trabajadores.

Josep Burgaya es doctor en Historia Contemporánea por la UAB y profesor titular de la Universidad de Vic (Uvic-UCC), donde es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación. En este momento imparte docencia en el grado de Periodismo. Ha participado en numerosos congresos internacionales y habitualmente realiza estancias en universidades de América Latina. Articulista de prensa, participa en tertulias de radio y televisión, conferenciante y ensayista, sus últimos libros publicados han sido El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los orígenes y el cruce del modelo social europeo en tiempos de crisis (Octaedro, 2013) y La Economía del Absurdo. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo (Deusto, 2015), galardonado este último con el Premio Joan Fuster de Ensayo. También ha publicado Adiós a la soberanía política. Los Tratados de nueva generación (TTP, TTIP, CETA, TISA...) y qué significan para nosotros (Ediciones Invisibles, 2017), y La política, malgrat tot. De consumidors a ciutadans (Eumo, 2019). Acaba de publicar, Populismo y relato independentista en Cataluña. ¿Un peronismo de clases medias? (El Viejo Topo, 2020). Colabora con Economistas Frente a la Crisis y con Federalistas de Izquierda.

Blog: jburgaya.es

Twitter: @JosepBurgayaR

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