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EL PERIÓDICO
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El precio de la luz


España tiene uno de los precios de la energía eléctrica más caros de Europa. No es que le falte capacidad de producción, que sobra, ni que no se tenga un acceso suficiente y diversificado las fuentes que la han de producir.

Tiene un problema de oligopolio, es decir de unos pocos operadores que acaban para fijar condiciones y que hacen que el concepto de competencia, al menos de cara al consumidor, resulte una ridiculez. Pero tiene, sobre todo, un sistema tarifario que está fuera de toda lógica y que resulta una bicoca para las compañías presentes en este ámbito. El sistema de subasta establecido en el mercado mayorista, y que acaba por ser decisivo en el precio final que pagamos los consumidores, resulta extraordinariamente perverso y parece que a nivel gubernamental les resulta intocable ante el riesgo de molestar a la Unión Europea o enfadar las influyentes grandes compañías que son las beneficiarias. En estos meses de julio y agosto, casi cada día batimos récords en el precio de la luz. La semana pasada llegamos a la brutal cifra de 140,23€ el megavatio/hora y parece que la tendencia alcista continuará. Para que nos hagamos una idea, hace un año el precio no llegaba a los 40€ (Mw/h). ¿No sería el momento de hacer algo? Caras de preocupación y buenas palabras sobre posibles vías de solución muy parciales y de futuro, pero ninguna acción clara, contundente e inmediata como merecería una situación tan excepcional e insostenible. El temor casi reverencial hacia las empresas operadoras hace que se desestime una intervención y tasación de precios, lo que habría que hacer al menos durante un periodo de tiempo de cara a reorientar y reorganizar el sector y especialmente cambiar el sistema tarifario basado en la subasta. El precio de la electricidad afecta de manera brutal las economías domésticas, pero también a la actividad empresarial, siendo un factor de coste que resta competitividad a las empresas que producen en España cuando han de operar en el mercado internacional. Este no es un tema menor, como no lo es que una parte de la población no se pueda permitir el consumo que se requeriría en plena ola de calor o bien que tenga que recurrir a desplazar buena parte del consumo en la franja horaria menos costosa de la madrugada.

Aunque el sistema de funcionamiento del mercado eléctrico es bastante complejo y difícil de comprender en sus detalles, como, por cierto, también lo es el recibo eléctrico que recibimos en casa; parece bastante evidente que un sistema de subasta en la compra mayorista organizado por fuentes que van de la energía más barata a la más cara y que sea ésta, el gas, la que acabe fijando el precio pagado por el conjunto, resulta una brutalidad. No tiene sentido que lo que se paga no tenga que ver con costes de producción notoriamente diferenciales. Los bajos costes de producir la nuclear, la hidroeléctrica, o las otras renovables se ve premiado con el mismo pago que reciben el gas o los derechos de emisión de CO2 que son las fuentes que entran al final del proceso y que lo encarecen. La especulación está servida: aportar mucha energía de bajos costes y que finalmente se pueda cobrar según la aportación en el tramo final a costes elevados. La paralización gubernamental en esta situación resulta preocupante, ya que proporcionar energía suficiente a precios razonables debería ser una obligación. Cuando se saca el tema de crear una sociedad pública de distribución que pueda garantizar justamente el carácter de servicio público se echan balones fuera y se cantan las excelencias del mercado privado. No se explica que, en Francia o en Italia, las compañías energéticas más importantes tienen capital público. Que las medidas paliativas que se instrumenten sean bajar el IVA (del 21 al 10%), otros impuestos o el canon que se paga para fomentar las renovables no son sólo un parche, son una muy mala idea. El problema del precio que pagamos por la energía eléctrica no es de exceso de carga tributaria, sino de la existencia de un mecanismo de fijación de precios que permite la obtención de unos beneficios desaforados e injustificables.

Josep Burgaya es doctor en Historia Contemporánea por la UAB y profesor titular de la Universidad de Vic (Uvic-UCC), donde es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación. En este momento imparte docencia en el grado de Periodismo. Ha participado en numerosos congresos internacionales y habitualmente realiza estancias en universidades de América Latina. Articulista de prensa, participa en tertulias de radio y televisión, conferenciante y ensayista, sus últimos libros publicados han sido El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los orígenes y el cruce del modelo social europeo en tiempos de crisis (Octaedro, 2013) y La Economía del Absurdo. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo (Deusto, 2015), galardonado este último con el Premio Joan Fuster de Ensayo. También ha publicado Adiós a la soberanía política. Los Tratados de nueva generación (TTP, TTIP, CETA, TISA...) y qué significan para nosotros (Ediciones Invisibles, 2017), y La política, malgrat tot. De consumidors a ciutadans (Eumo, 2019). Acaba de publicar, Populismo y relato independentista en Cataluña. ¿Un peronismo de clases medias? (El Viejo Topo, 2020). Colabora con Economistas Frente a la Crisis y con Federalistas de Izquierda.

Blog: jburgaya.es

Twitter: @JosepBurgayaR