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La hora de la Prensa pública


(Tiempo de lectura: 5 - 10 minutos)

La información es un bien social que surge desorganizadamente de la sociedad en forma de acontecimiento y que a ella debe regresar, de modo organizado, como noticia. Tal es la tarea del periodista: atender a lo que sucede en la escena pública, evaluar su interés social, contrastarlo, verificarlo, darle forma organizada y sacarlo a la luz. Publicarlo. De esa manera, la información regresa a su propietaria y destinataria, la sociedad. Los llamados medios de comunicación son gestores de la información. Pero no son sus propietarios. Como tal axioma, esto es incuestionable. La información es patrimonio social. Sin embargo, la privatización de la información pública en España está adquiriendo una deriva preocupante.

Ya no resulta posible acceder a la información en medios generalistas si no existe una suscripción obligatoria. Además, con la paulatina desaparición de la Prensa en papel, se exige a todo potencial usuario la tenencia de un ordenador. Es decir, se imponen al ciudadano dos requisitos discriminantes, uno económico y otro técnico. Requisitos que resultan obscenos por gravar un patrimonio que pertenece a la ciudadanía. Toda una franja de población -de edad o no-, alfabetizada pero no digitalizada, queda así fuera de la escena. Mas, sobre todo, con tal privatización, el derecho a la información del conjunto ciudadano se ve así menoscabado.

El alcance de este proceso, hoy desaforado, tiene unas implicaciones evidentes. Debes pagar por lo que te pertenece. Se objetará que la obtención de información cuesta dinero. Evidente. Pero el derecho a la información, que monta tanto como la libertad de expresión, no puede verse totalmente anulado por la condición socioeconómica de cada ciudadano; ni por su cualificación instrumental tecnológica. Y la información de origen social, tan obligadamente sometida a suscripción, restringe su acceso. La dimensión de la información como negocio privado asfixia su primigenia condición de patrimonio social público.

Entre la suscripción draconiana y el gratis total ha de existir una vía intermedia que haga económicamente viables a los medios, sin excluir ni segregar a nadie de la posibilidad de informarse para crearse una visión personal de lo que socialmente sucede.

Lo sucedido hoy tiene antecedentes. En los albores de la Transición, en el mundo de los medios se planteó el debate sobre la llamada Prensa del Movimiento. Era la cadena de medios del Estado franquista. Empleaba sus páginas para difundir editorialmente la visión oficial del régimen o para censurar lo que en verdad acontecía en la arena social; pero, con el tiempo, la información objetiva se fue abriendo paso a medida que la presión social y política, más los cambios operados en la forma de trabajar y generar valor con ella, obligaron al régimen a promulgar la llamada Ley Fraga, que suprimió la censura previa en 1966. El empuje social, obrero, estudiantil, cívico, incluso el de un sector empresarial, llegaría a ser incontenible contra un régimen en fase agónica postrera pero peligrosa.

No obstante, dos años después y para contener aquel envite, se promulgaría en 1968 la ley de Secretos Oficiales, orientada a refrenar las pulsiones sociales. La ley no admitía plazos de desclasificación de los secretos de Estado. Y sigue vigente. Es decir, hoy, aún, hay secretos estatales perpetuos. ¿Qué esconden? Sus efectos sobre la desmemoria colectiva son tan evidentes como catastróficos pero, pese a su carácter preconstitucional y antidemocrático, esa ley sigue en vigor.

La Prensa del Movimiento se vertebraba entonces en una importante cadena de periódicos del Estado, distribuidos por buena parte de las provincias españolas. Quitaba clientela y publicidad institucional a la débil y muy sumisa Prensa privada, con la que esta competía desigualmente. Su calidad editorial era en ocasiones muy escasa, aunque algunos de sus medios tenían ascendiente informativo a escala provincial. Cubrían costes y, en ocasiones, gracias a la presencia en sus Redacciones de un puñado de periodistas progresistas y demócratas, proporcionaba información cabal y objetiva. A veces ganaban dinero.

Con el avance y consolidación del proceso de Transición de la dictadura a la democracia, la atmósfera política cambió hasta llegar a ser muy fluida. En determinados círculos de poder empresarial, así como en la cúpula directiva de algunos diarios de nuevo cuño, enraizó una idea según la cual, “la mejor legislación es la que no existe”, a propósito de la Prensa. Parecía una idea muy atractiva después de una férrea dictadura, periodísticamente tan dirigista como la encarnada por el régimen de Franco. Pero, aquella idea de alegalidad, a largo plazo, se revelaría nefasta para los intereses de los trabajadores. Claro: la no-legislación que preconizaban se convertía para los empresarios de Prensa en una suerte de vale todo a efectos de desregular el sector, en el que los sindicatos clandestinos, CCOO y UGT, habían luchado contra el sindicato vertical, amarillo y franquista, durante años, para conquistar, como lo habían hecho, derechos laborales básicos. Con los nuevos aires, propios de una reconfiguración del capital también en el sector de la Prensa, las nacientes empresas privadas pugnaron fieramente por obtener carta blanca para suplantar el papel que desempeñaban los medios estatales, hacerse con sus audiencias, sus cuotas de papel, también con sus contratas publicitarias en forma de publicidad institucional. No obstante, desde la perspectiva del libre mercado, todo permitía la restricción de derechos laborales arrancados al franquismo y conquistados antes por los trabajadores, derechos que a partir de la nueva situación tuvieron que ser renegociados en condiciones muy adversas, al verse recrecido el capital por las facilidades institucionales concedidas entonces. Además, la sacrosanta “libertad de mercado” espoleó la discriminación ideológica, que dejó fuera de las Redacciones –y de los kioscos- a muchos de los profesionales y medios que más habían combatido contra la dictadura y a favor de condiciones laborales y profesionales dignas. La purga fue atroz. Como ejemplo, del centenar de periodistas de izquierda comprometidos en la lucha antifranquista, que, en Madrid y bajo la dictadura, tenían trabajo fijo, con la llegada de la democracia obtendrían empleo en los nuevos medios periodísticos nacientes poco más de dos decenas.

La lucha contra el desmantelamiento de la Prensa estatal, lucha con miras a su democratización, se planteó con timidez por parte de los sindicatos recién legalizados. Pero se perdió. Tal vez fue mal dirigida o las argucias de la patronal y el cortoplacismo impidieron ver los efectos que acarrearía. La idea progresista barajada era entonces la de dotar al naciente Estado posfranquista de una Prensa pública democratizada, que pudiera contribuir a desarrollar opinión e información democráticas junto con las que, por su cuenta, la iniciativa empresarial privada desplegara. Prensa privada y Prensa pública no era una ecuación de suma cero sino que sumaban dos, porque consolidaban y ampliaban la libertad.

Sin embargo, no se tuvieron en consideración los argumentos esgrimidos por los sindicatos. Tampoco los partidos de izquierda percibieron el alcance de lo que se debatía o bien convirtieron el asunto en moneda de cambio para obtener otros réditos. Por otra parte, la falta de instituciones civiles en el desierto franquista, en la nueva situación paleo-democrática, exigía el surgimiento de instituciones que mostraran la existencia de una sociedad civil democrática con autonomía política visible. La Prensa fue la institución elegida para encarnar tal exigencia.

Bajo esta idea, se impidió que desde una posible Prensa pública, adaptada en sus contenidos a las demandas democráticas de la sociedad, se coadyuvara a la formación de conciencia democrática. Tal tarea se dejó al albur de manos privadas, con los consabidos efectos en la descualificación en la cultura democrática de buena parte de la sociedad española, cuyas opiniones, convicciones, estilos de vida, pautas de consumo y numerosos otros registros, quedarían troquelados por empresas de comunicación de capital privado, periodísticas o bien audiovisuales. Solo Radio Nacional, TVE y la agencia Efe permanecerían como plataformas públicas, no bien serían gestionadas ya con pautas de la cultura empresarial privada, subcontratas y externalizaciones de todo tipo.

Se desmontó pues toda la cadena de Prensa del Movimiento, que incluía también las Hojas del Lunes, periódicos editados por las respectivas Asociaciones de la Prensa, que mostraban un fuerte componente corporativo y asistencial. Las Hojas cubrían informativamente las audiencias durante la libranza dominical y garantizaban el descanso semanal a los trabajadores de talleres, publicidad y distribución.

Con el tiempo, la asignación, por distintos Gobiernos, de un elevado número de frecuencias radiofónicas y televisivas a compañías igualmente privadas, casi siempre de capital conservador, señaló la abdicación del Estado de cualquier tipo de contribución propia al fortalecimiento del mensaje democrático, sometido así a los vaivenes y caprichos del capital financiero, que registró números combates en frondas accionariales sin control democrático alguno y sin fin previsible, pero con efectos relevantes en las líneas editoriales de los grupos mediáticos en presencia. La codicia mediática, exacerbada por la digitalización impuesta por la informática aplicada a la Prensa, absorbió todas las frecuencias editoriales, semanales, quincenales y mensuales y los grandes periódicos deglutieron todas las secuencias horarias. Además, con la emisión ininterrumpida de información eludiendo la pausa dominical, los conceptos espacio-temporales y las pautas y ocios hasta entonces socialmente vigentes saltaron por los aires. El circuito informativo se convirtió en una cinta sin fin, que restaba tiempo para la reflexión y la socialización de la información por la vía del diálogo y el contraste sociales, es decir, se imposibilitaba el proceso de la comunicación.

Muchos Consejos de Administración, propietarios y directores de medios de información, creyendo ver un nuevo Eldorado en la digitalización, hicieron campaña por liquidar cuanto antes el papel Prensa como soporte informativo prioritario, en vez de dejar que el papel desapareciera de muerte natural, no de forma tan irresponsablemente inducida. Lo cual trajo a escena una carísima -y mecánica- informatización descontrolada de los medios, que cristalizó en una degradación del mensaje informativo y editorial. La desproporcionada atención a los cambios tecnológicos distrajo y descuidó la resignificación de los contenidos periodísticos. Surgieron grandes carcasas mediáticas sin verse innovados y cualificados sus contenidos.

El volumen de las inversiones necesarias para acometer las transformaciones tecnológicas se tradujo en una inusitada precarización salarial de los sectores laborales que hacen los periódicos, desde los periodistas hasta los trabajadores de talleres. La falta de nuevos modelos publicitarios eficaces precipitaría una serie de graves crisis económico-financieras cíclicas. Mientras las retribuciones a las cúpulas directivas y administrativo-gerenciales mediáticas se disparaban al alza, los salarios laborales cayeron a nóminas irrisorias. Las colaboraciones periodísticas prácticamente desaparecieron o quedaron reducidas a un puñado de opinantes. No tardarían en llegar los demoledores ERES. El desastre salarial, profesional y vital fue generalizado.

Todo ello configura hoy la posibilidad de replantear al Estado la oportunidad de una Prensa pública, libre y bien dotada, concebida como servicio público. Y ello mediante la puesta a su disposición de las copiosas fuentes informativas oficiales -hoy al servicio de medios privados- y que, convenientemente cotejadas con las extraoficiales, procuren a cada ciudadano el acceso libre a la información para fundamentar sus opiniones y forjarse un criterio propio. La democracia ganará, así, arraigo y calidad. Y la información podrá regresar a su única propietaria: la sociedad, escarnecida hoy por una letal pandemia sanitaria y azotada por un vendaval de extremismo e irresponsabilidad ultraderechistas.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.

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