20-N-2019

Si tenemos en cuenta el clima en el que últimamente transcurre la vida política de este país y los trámites, debidos tanto a procedimientos burocráticos como a la obstrucción política, que han demorado el traslado de los restos del dictador, aprobada, en diciembre de 2017, en el Congreso, sin votos en contra pero con la abstención del PP, la conjunción de fechas no parece tanto una simple coincidencia como un designio del destino.

Ochenta años han pasado desde que acabó la guerra civil, y su recuerdo, expresado en símbolos y en carencias, aún pesa sobre la sociedad. Uno de estos recuerdos era el cadáver de Franco, sepultado con honores de Jefe de Estado en su colosal mausoleo.

Otro, son los miles de cadáveres enterrados clandestinamente en lugares ignotos, como efecto de la guerra y de la represión posterior, cuyos restos quieren recuperar muchos de sus familiares luchando, ochenta años después, denodadamente contra la desidia, la obstrucción política y eclesiástica y la paralizante burocracia.

El destierro de Franco al panteón de su familia era una asignatura de las que tenía pendientes de aprobar el régimen democrático. La recuperación de los restos de esos miles de cadáveres por los familiares que así lo deseen y la conservación de todos los demás, en un lugar que sirva de reconciliación para las generaciones más viejas y de enseñanza sobre el fanatismo y los horrores de la guerra para las más jóvenes, podría ser el necesario cierre simbólico que pusiera el adecuado final a una transición política hasta hoy inconclusa.

Aunque, por ahora, no parece que exista el necesario clima de acuerdo para ejecutar ese propósito, pues, enterrado definitivamente Franco como persona y desterrada su ominosa sombra de la sociedad, hay quienes han desenterrado su rancio ideario para utilizarlo como programa político en unas instituciones que son la negación de su régimen.

Quizá deban transcurrir otros ochenta años para sepultar también su obra.