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ICV. Cerrado por quiebra o, mejor, por defunción

La noticia pasó sin pena ni gloria, desapercibida entre otras del verano sobre el “tema” catalán y el “tema” de la negociación (fallida) de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar gobierno, pero tiene su importancia.

El día 6 de julio, el consejo nacional de Iniciativa per Catalunya-Verds, (ICV) decidió, por acuerdo unánime, solicitar concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos-, ante la dificultad de hacer frente a una deuda de 9,2 millones de euros.

Tras 32 años de existencia (1987-2019), la organización política sucesora del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) (1936-1990), echaba el cierre por quiebra como si fuera un negocio, un mal negocio político, con el consiguiente expediente de regulación de empleo de 16 trabajadores.

El PSUC, poderosa y controvertida filial del PCE, fue en Cataluña el alma y el cuerpo de la oposición al franquismo, no sólo por la fuerza de los trabajadores movilizados por la CONC (Comisión Obrera Nacional de Cataluña, filial de CC.OO.) y de las asociaciones vecinales que tenía detrás, sino también por su potencia cultural y la labor de un estimable núcleo de intelectuales (aquello sí que era un “núcleo irradiador”).

Hubo en Cataluña otros partidos de izquierda, de diversa tendencia y distinta procedencia doctrinal, incluso del propio PSUC (grupo Unidad, el PCEI, Bandera Roja), que aportaron lo suyo para acabar con la dictadura y compitieron con él, sin que el PSUC perdiera la hegemonía sobre el movimiento antifranquista.

La historia reciente de Cataluña y, en particular, las últimas siete décadas, esa historia desconocida por esos jóvenes que reclaman unos derechos civiles que desprecian y que a ellos les han llegado de balde, no se entiende sin el PSUC, que fue uno de los principales actores que lucharon para conseguirlos, aún a costa de sufrir unas tensiones internas que minaron su coherencia programática y su vitalidad.

El PSUC sufrió las consecuencias de los pactos de la Transición, pues, en un partido que defendía la lucha de clases, apostar por la reconciliación nacional y el acuerdo con los reformistas del Régimen estando vivo el recuerdo de la guerra civil tuvo elevados costes, entre ellos, aceptar la bandera nacional, la monarquía, la continuidad de aparatos del Estado o el Concordato con el Vaticano, que, por un lado, desvirtuaban sus históricas señas de identidad y, por otro, no dieron la recompensa esperada en las elecciones de junio de 1977, que fueron decisivas al devenir constituyentes.

Después, en medio de la crisis económica, el apoyo al Pacto de la Moncloa y otros pactos sociales con las organizaciones patronales, que lesionaron las condiciones de vida de la población asalariada, en favor de consolidar la economía nacional y el naciente régimen democrático y evitar el riesgo de un golpe militar, tuvo su coste en críticas, abandonos y pérdida de apoyo electoral. En el V Congreso (1981) estallaron las divergencias entre eurocomunistas, leninistas y prosoviéticos, apresuradas etiquetas que representaban, grosso modo, a los seguidores del equipo saliente (Antoni Gutiérrez) y a sus críticos de extracción obrera, que rechazaban la política de pactos -“el eurocomunismo es acabar con las huelgas”- y proponían reorientar el Partido hacia una política más de clase, aplicada a defender los derechos de los trabajadores, antiimperialista y favorable a la política exterior de la URSS, que entonces era muy activa en África y América y cuyas tropas acababan de entrar en Afganistán para apoyar al régimen de Babrak Karmal.

La crisis del marxismo, la ofensiva neoconservadora, la progresiva orfandad teórica de la izquierda y la búsqueda de nuevos sujetos colectivos para impulsar las reformas, así como la tendencia centrífuga de los movimientos nacionalistas favorecida por la evolución del Estado autonómico, que no fue instituido para facilitar la unidad y la operatividad de izquierda, sino para crear un marco de negociación y reparto de poder entre diferentes facciones del bloque social dominante, aconsejaron congelar las actividades del PSUC y fundar Iniciativa per Cataluña, una organización de programa ambiguo y estructura abierta y flexible, más acorde con los nuevos tiempos, cuyo nombre ya indicaba una posición proclive al nacionalismo.

Dependiendo de las cambiantes alianzas se fue perfilando como una formación de izquierdas, no revolucionaria sino transformadora, alternativa y reformista, institucional y a la vez antisistema, socialista, ecologista, feminista y pacifista, y cada vez más cercana a los postulados nacionalistas.

Después de unos años de declive, conducida, paradójicamente, por dos verdes, Joan Herrera y Raúl Romeva, ICV caminó alegremente hacia su inmolación en beneficio del pujante soberanismo pujolista, en una trayectoria semejante a la sufrida por el comunismo en Galicia y en el País Vasco, lugares donde fue engullido por los movimientos nacionalistas locales.

El sujeto colectivo que haga las veces de agente de la transformación social deseada por la izquierda no debe buscarse en las filas de la burguesía periférica ni en las clases medias movilizadas por su demagógico discurso, pues, las cuales, a pesar de su radicalidad y de lo que afirme su propaganda, anteponen siempre la ejecución del componente nacional sobre el componente social de sus programas.

Una vez más, la experiencia vuelve a mostrar con evidencia palmaria que el nacionalismo es letal para la izquierda, pues ha contaminado a los socialistas (basta observar las tensiones del PSOE con sus baronías y sus titubeos ante la configuración territorial del Estado) y ha llevado a la tumba a las viejas izquierdas comunistas y radicales. Y seguramente hará lo mismo con la nueva izquierda populista, si no rectifica.

Profesor jubilado de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015) y, con Ramón Cotarelo: La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).