La violencia es una derrota en la resolución de conflictos

El Partido Popular presentó aquél 31 de agosto de 2006, un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado por el Parlament. Su recurso fue dirigido contra el preámbulo, 114 de los 223 artículos del texto y nueve disposiciones adicionales y tres finales. Fueron Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, los que redactaron el documento, dirigido principalmente a la definición de Catalunya como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial y la relación bilateral con el Estado. El Pleno del Tribunal Constitucional logró el 28 de junio de 2010 sacó adelante una sentencia sobre el Estatut declarando 15 artículos inconstitucionales, tras una votación en la que hubo 8 votos a favor y dos en contra.

A este recurso siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia. Todas gobernadas por el Partido Popular. La resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP fue la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico. Para una parte significativa de catalanes, aquí comenzó la violencia hacia ellos como comunidad nacional. Las sospechas de cooptación institucional se expandieron.

Así, el uso de la solución judicial, o la amenaza, en lugar de la negociación, con el evidente propósito de someter a la otra parte, nos ha traído hasta aquí. Para algunos, una estrategia basada en el Lawfare, como se conoce a la utilización de las instituciones judiciales para anular a los oponentes políticos. Por tanto, tampoco ha colaborado la capacidad de la magistratura para comprender que este proceso no debió utilizar a la legalidad vigente, manifiestamente mejorable, para contener la marea independentista. La Democracia es equidistancia. En cambio, la violencia engendra violencia. La desproporción en las penas de los dirigentes del Procés es un caso. Estamos en una fase del conflicto en la que su desarrollo puede enconar aún más las energías de los antagonistas. Esto, en razón de haber una ausencia de liderazgo político efectivo que lo gestione. Porque los métodos represivos no hacen más que prolongar los conflictos. Más, si se instala la idea de que en Cataluña se aplicaron fuerzas del nacionalismo español contrarias a su derecho constitucional de ser una nacionalidad histórica. Esa sola idea colocaría a esa Comunidad fuera de España.

También se ha verificado el inmenso error de Pedro Sánchez, al querer utilizar a este conflicto como un elemento favorable para su campaña del 10N. Sería no ya una torpeza incalculable, se convertiría en una tragedia. Por mucho que el equipo de comunicación de Moncloa haya impuesto el mensaje de que Barcelona arde, las diferentes vías de difusión y propagación de información alternativa, dejan fundadas sospechas de que existen otras explicaciones posibles para encontrar las fuentes de provocación que produjeron estos altercados.

Si bien es cierto que la democracia permite monopolizar la fuerza para mantener el orden público. Lo que no admite, es que el Estado se salte derechos constitucionales, aunque otros lo hagan. Los vídeos difundidos son para preocupar a cualquiera, como diría Aristóteles “la única verdad es la realidad”. Aunque luego no se admitan como prueba en ciertos procesos.

La acción o efecto de violentar o violentarse, es decir, lo violento, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, y que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad y se hace contra el gusto o voluntad de a quienes se dirige. Si no se previenen las fuentes de la violencia, es que se la alienta. Estaríamos en el escenario del “yo gano, tú pierdes”. El peor de los posibles. Los que creen que han ganado no comprenden la gravedad de la situación. En realidad, ha perdido toda la ciudadanía de España.

Es una derrota.