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Azarosa historia constitucional

La Constitución española cumple cuarenta años de vigencia. Comparada con la de Estados Unidos, aprobada en 1787 y actualizada con sucesivas Enmiendas, tiene pocos años, pero cotejada con otros de nuestros textos fundacionales es la de vigencia más larga, con excepción de la Constitución de 1876, que estuvo vigente hasta 1923.

España fue de los primeros países en dotarse de un solemne documento escrito que reemplazara la tradicional constitución anatómica, la noción estamental del país como un cuerpo humano formado por cabeza y extremidades, propia del Antiguo Régimen, por una moderna constitución jurídica.

Tras la reforma inglesa de 1688, la Constitución norteamericana de 1787, las constituciones de la Francia revolucionaria (1791, 1793, 1795) y las que hubo del Consulado al Imperio (1799, 1802, 1804), España se incorpora, en 1810, a la segunda oleada de las revoluciones atlánticas, que produjo su texto fundamental en Cádiz, en 1812.

Pero el resultado de la controvertida relación entre la sociedad estamental y el mundo moderno, donde el súbdito no acaba realmente de morir y el ciudadano no acaba jurídicamente de nacer, será un largo proceso constituyente, en el que se alternan avances de tipo progresista y retrocesos conservadores, en los que el arcaísmo recupera el terreno perdido frente a la modernidad.

No se puede afirmar que haya faltado celo reformador en un sentido y en el opuesto -para renovar y para conservar-, sino que lo destacable ha sido la inestabilidad política provocada por esos intentos, que ha dado paso a lo que se podría calificar de desazón constituyente.

La Carta de Bayona de 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, la nonnata Constitución de 1856, los cambios constitucionales entre 1856 y 1868, la Constitución de 1869, el proyecto de Constitución federal de 1873, la Constitución de 1876, los proyectos de Primo de Rivera, la Constitución de 1931, las Leyes Fundamentales de Franco y, luego, la Constitución de 1978 son los jalones de una España necesitada de vertebración, en la que la organización del Estado y la articulación de las diversas corrientes políticas no han durado mucho tiempo.

Los sucesivos procesos constituyentes se pueden contemplar como si fueran las crestas de las olas que indican el movimiento profundo de las aguas sociales. Desde la limitada perspectiva que ofrecía el año 1836, la observación de esta azarosa existencia ya inspiró a Larra uno de sus ácidos epigramas -Aquí yace el Estatuto. Vivió y murió en un minuto-.

Nuestra azarosa trayectoria constitucional puede entenderse con los nombres de otros sucesos, pero expresa históricamente lo mismo: entrada del ejército francés en España, huida de la familia Borbón a Francia, guerra de la Independencia, reinado de José Bonaparte, primeras Cortes liberales, fin de la guerra, primera restauración borbónica (Fernando VII) y regreso del absolutismo, trienio constitucional (Riego), nueva restauración absolutista (Cien Mil Hijos de San Luis) y década ominosa, regencia (María Cristina) y guerra carlista, reforma liberal, bienio progresista, década moderada, segunda guerra carlista, revolución de 1854, etapa conservadora isabelina, gloriosa revolución de 1868 y caída de la monarquía (Isabel II), nueva guerra carlista, sexenio revolucionario, cambio de dinastía y abdicación de Amadeo de Saboya, Iª República, segunda restauración borbónica (Alfonso XII), etapa canovista, dictadura (Primo de Rivera) y dictablanda (Berenguer), Alfonso XIII al exilio, IIª República, guerra civil, dictadura franquista, tercera restauración borbónica (Juan Carlos I), etapa de transición y régimen democrático.

Los cambios, tanto positivos como negativos, habidos en el país desde 1978, y los retos planteados a escala internacional aconsejan una reforma constitucional, pero han vuelto a asomar las viejas actitudes. Las desorientadas y divididas izquierdas plantean la necesidad de acometer una reforma, aún por definir, se topan con el Partido Popular, que se mostró reticente cuando la Constitución se aprobó en las Cortes, aunque después se convirtió en el celoso guardián de una Constitución congelada, pero reformada de facto, a golpe de decreto desde 2012, para imponer las medidas de austeridad, y en un mediocre custodio a la hora de hacer frente al desafío del Gobierno Autonómico de Cataluña, que la abolió en 2017.

Transcurridos más de dos siglos desde la aprobación de “La Pepa”, hemos aprendido poco.

Profesor jubilado de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015) y, con Ramón Cotarelo: La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).