Pisos turísticos y derecho a la vivienda

En realidad, la conversión de viviendas en apartamentos turísticos lo que hace es encarecer los precios del alquiler hasta expulsar a una población que no puede hacerle frente. Es el pan nuestro de cada día en Barcelona, pero también en otras poblaciones. Expulsión de personas hacia las periferias que, de una u otra forma, son rechazadas de sus barrios tradicionales. La gran mayoría de los jóvenes, por buen salario que consigan, es imposible que puedan alquilar, solos o en pareja, un piso en el ensanche de Barcelona. Si tengo la suerte de ser propietario de uno o tengo habitaciones disponibles, caeré en la tentación, seguro, de especular con este tema. Esto nació así, con la falsa idea colaborativa de intercambio de viviendas entre particulares. En realidad, es un gran negocio mayoritariamente profesionalizado en el que se enriquecen grandes tenedores, muchos de ellos fondos de pensiones internacionales. Se han hecho suya la ciudad y la han expropiado a quienes ha vivido allí toda su vida y le han proporcionado el valor y la marca alcanzada. Para intentar contener el turismo, se toman medidas contraproducentes. Si se decreta, como hizo Ada Colau, una moratoria hotelera, que atrae a turistas, pero no afecta al mercado de la vivienda, la oferta de plazas aumenta por la vía de los apartamentos que sí inciden negativamente en el mercado.

Los datos resultan demoledores. Barcelona tiene unos 60.000 pisos turísticos legalizados, a los que debería añadirse los que alquilan de estranquis. Airbnb publicita en sus páginas unos 20.000. En Cataluña, hay censados 103.000. Todos ellos poseen licencias turísticas no temporales, sino a perpetuidad. Poca broma, no es un tema menor. Ahora el gobierno de la Generalitat anuncia una intervención en aras de contener el creciente problema de la vivienda. Buena pretensión. El titular de prensa dice textualmente: "la Generalitat cerrará 28.000 pisos turísticos", o sea, un 25% de los actualmente existentes. Lástima que, como ocurre muy a menudo, el titular no coincide con el cuerpo del texto; vaya que la letra pequeña dice otra cosa. Tras reconocer que en Cataluña hay 262 municipios con oferta de pisos turísticos muy sobrecargada, establece un tope de referencia por municipio que sea de disponer "sólo" de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. El resultado es que, la nueva norma no afecta al municipio de Barcelona. Lo hace en 47, especialmente de la Costa Brava y también del Pirineo. En saturación destacan Cadaqués, Cambrils, Roses, Palafrugell, La Cerdanya y sobresale Salou con un apartamento turístico por cada 4 habitantes. Para controlar todo esto y adecuarse, se pasa la pelota a los ayuntamientos, donde se tendrán que solicitar licencias urbanísticas previas. Si nos fijamos bien. No disminuirán las viviendas turísticas, sólo que en algunos casos tendrán que desplazarse al pueblo vecino que todavía tiene margen de carga. Así, Barcelona tendría la posibilidad de triplicar los pisos turísticos actuales hasta los 200.000. Hay normativas que no dudo de que tengan buenas intenciones, pero, si nos paramos a pensar, resultan un sinsentido. La mala noticia es que el acceso a la vivienda seguirá siendo un gran problema, quizás el más importante, en nuestra sociedad. El turismo, lejos de resolverlo, va a empeorarlo.