La crisis de la vivienda en España es una advertencia para toda Europa: los derechos no significan nada si no se hacen cumplir

Tras una semana de negociaciones y manifestaciones generalizadas, el propietario de Maricarmen —un fondo de inversión privado que le había subido el alquiler un 230% — accedió a que regresara con un nuevo contrato de arrendamiento de ocho años con un alquiler reducido. Se espera que vuelva a casa tras recibir el alta hospitalaria.

Pero las protestas que siguieron a su desahucio no se limitan a la historia de una sola mujer. Reflejan un problema más profundo que trasciende las fronteras de España. En toda Europa, muchísimas personas como Maricarmen se enfrentan a dificultades similares para encontrar y conservar un techo.

La crisis de la vivienda social en España

En España, la contradicción es sorprendente. El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda “digna y adecuada” y exige a las autoridades públicas que creen las “condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho”.

Sin embargo, España cuenta con una cantidad sorprendentemente baja de viviendas sociales. Las estimaciones sitúan las viviendas sociales entre el 1,5% y el 3,3% del parque de viviendas, variando según las regiones.

España heredó de la dictadura franquista un modelo de vivienda históricamente orientado a la propiedad mediante una combinación de hipotecas subvencionadas, incentivos fiscales y la privatización sistemática de la vivienda pública. Estas políticas facilitaron la compra de viviendas a muchos hogares durante las décadas previas a la burbuja financiera, pero dejaron al país con un sector de alquiler social relativamente pequeño.

La crisis financiera de 2008 puso esta brecha en el centro del debate público. La consiguiente ola de desahucios dejó al descubierto las limitaciones de un sistema que había transferido la inversión pública a la vivienda privada, dejando pocas alternativas de vivienda social para las familias que perdían sus hogares.

El activismo en defensa del derecho a la vivienda impulsó el tema a la agenda política, lo que propició reformas a partir de 2013, tanto a nivel regional como central.

Un sistema descentralizado

En España, la competencia en materia de vivienda está mayoritariamente descentralizada. Las 17 comunidades autónomas del país , cada una con su propio parlamento y gobierno, son responsables de establecer sus propias políticas de vivienda.

Algunos han utilizado su autonomía para disuadir a los grandes terratenientes de mantener viviendas vacías, o para regular el alojamiento turístico y reforzar la protección de las personas que se enfrentan al desahucio. Otros, en cambio, han optado por no intervenir en el mercado inmobiliario. Estas diferencias han dado lugar a distintos modelos de vivienda en España .

Cataluña y Madrid ilustran este contraste . Madrid tiene un modelo más orientado al mercado, mientras que el gobierno catalán ha adoptado una normativa de vivienda más estricta.

El gobierno central español también ha influido cada vez más en la política de vivienda durante la última década, actuando principalmente a través de sus competencias constitucionales en materia económica y de igualdad en el ejercicio de los derechos. Esto culminó con la Ley de Vivienda de 2023 , la primera ley estatal española sobre el derecho a la vivienda. Dicha ley permitió a las comunidades autónomas establecer topes de alquiler en zonas consideradas de alta vulnerabilidad, además de reforzar la protección de los inquilinos.

Sin embargo, otras medidas han resultado políticamente difíciles. Un decreto sobre vivienda aprobado por el gobierno central en marzo fue rechazado por el Congreso, mientras que una propuesta que circuló en julio no obtuvo el apoyo parlamentario suficiente para ser sometida a votación.

El desahucio de Maricarmen ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate público y ya ha impulsado un acuerdo para aprobar una nueva legislación en materia de vivienda . Sin embargo, la experiencia española demuestra que ninguna medida legal o normativa por sí sola puede resolver el problema. Los sistemas de vivienda se construyen a lo largo de décadas, y décadas de falta de inversión e inacción no se pueden revertir con unos pocos cambios legislativos. Un cambio significativo requiere un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo.

Europa: derechos frente a escasez de vivienda

El caso de Maricarmen no es exclusivo de España . El aumento de los alquileres, la escasez de viviendas sociales, la precariedad de los contratos de arrendamiento y la presión del turismo y la inversión están dificultando cada vez más el acceso a la vivienda en países como los Países Bajos , Alemania y Francia .

La crisis en Irlanda es especialmente grave. Nuestra investigación comparativa sobre Irlanda y España reveló que, a pesar de sus diferentes sistemas legales y tradiciones en materia de vivienda, ambos países están experimentando el mismo resultado: una inseguridad habitacional grave y prolongada que conduce a desahucios y personas sin hogar.

Ante el vertiginoso aumento de los alquileres en todo el país , Irlanda lleva varios años debatiendo la posibilidad de introducir un derecho constitucional explícito a la vivienda. El reconocimiento constitucional podría fortalecer el estatus legal de la vivienda y determinar el desarrollo de las políticas de vivienda.

Pero España nos ofrece un ejemplo aleccionador. Si bien su constitución reconoce el derecho a la vivienda, las declaraciones legales formales no son suficientes. Un derecho también requiere instituciones sólidas, consolidadas a lo largo del tiempo y capaces de llevarlo a la práctica mediante vivienda social, inversión pública, protección de los inquilinos y políticas que respondan a las fluctuaciones del mercado.

La experiencia de España, por lo tanto, pone de manifiesto un problema más amplio. Las medidas de emergencia pueden evitar el desalojo forzoso de personas vulnerables, pero solo ofrecen soluciones temporales. En última instancia, el derecho a la vivienda solo se protege mediante la creación progresiva de las condiciones que permitan el acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible para todos.

Los recientes objetivos de modificar la normativa de vivienda en toda Europa, por no hablar de la oleada de protestas públicas masivas en las plazas y calles de España, sugieren una tendencia esperanzadora hacia la revisión del concepto de vivienda y su tratamiento como un derecho en lugar de un simple activo de mercado.

Artículo publicado en The Conversation.