Enrique Santiago lleva al Congreso el caso del menor con residencia legal en España expulsado ‘con violencia’ a Marruecos

Entre otras cuestiones, Santiago interroga sobre este hecho ocurrido en la madrugada del 10 al 11 de septiembre pasado “qué medidas tomará el Gobierno para asegurar el retorno del menor ilegalmente expulsado de Ceuta” y si desde los departamentos vinculados a este asunto se va a “interceder” para “facilitar las imágenes de las cámaras de la frontera del Tarajal que permitan identificar a los militares o guardias civiles que presuntamente actuaron en la expulsión del menor”, denunciada por la Fundación Raíces.

La Cadena SER, que desveló el caso, informa que fueron las abogadas de esta fundación quienes documentaron el caso tras conocer al menor en Marruecos. También han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado ceutí dirigido a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que ‘vuelva de inmediato’ a España.

Se ha informado, a su vez, que el menor habría ‘implorado’ en repetidas ocasiones a los militares primero y, después, a los guardias civiles ‘que le dejaran llamar por teléfono al centro de protección donde vivía en Ceuta para que hablara con sus cuidadores y pudiera enseñarles sus papeles de residencia en España’.

‘No solo se negaron a escucharle; a cambio recibió una serie de golpes en la cabeza y en la espalda hasta que lo obligaron a cruzar a Marruecos’, según relata a la SER, que lo visitó en su casa, en el norte de ese país. En su iniciativa, Enrique Santiago exige explicaciones sobre si el Gobierno tiene “información sobre la participación de militares o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” no solo en esta, sino en otras “expulsiones denunciadas”. Al tiempo, reclama si Interior “puede confirmar el número de expulsiones que se han producido desde el día 30 de julio de 2026”.

Actuación tras aplazarse el miércoles una pregunta oral a Robles

Por otra parte, después de que el portavoz de IU no pudiera realizar a la ministra de Defensa el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso la pregunta oral que estaba prevista por la ausencia de Margarita Robles, interroga ahora también por escrito sobre “qué medidas han tomado para acabar con los malos tratos y excesos de fuerza en que han incurrido algunos militares en Ceuta respecto a civiles y para sancionar a los responsables de estas vergonzosas prácticas”.

Al mismo tiempo, la iniciativa parlamentaria plantea también al Ejecutivo si “tiene noticias de cuándo va a permitir el Gobierno de Ceuta el traslado a la Península de los niños y niñas sin acompañamiento familiar que están a disposición de los servicios de acogida” de esta ciudad autónoma.

Izquierda Unida defiende desde el primer momento que la “normalización” de Ceuta “exige descongestionar la ciudad mediante traslados a la Península, para continuar en destino la tramitación de cada expediente: asilo, reagrupación familiar o devoluciones. En cualquier caso, es evidente que la prioridad es que los niños y niñas reciban la máxima protección”.