Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda un “centro de retorno” para solicitantes de asilo rechazados en la UE. Lo anunció el pasado 16 de noviembre en Viena el canciller austríaco, Christian Stocker, que habló de un “cambio de paradigma verdaderamente histórico”.
El centro abrirá previsiblemente en 2027 como proyecto piloto, con capacidad para un centenar de personas. Los detalles del acuerdo aún se están negociando pero, según han informado los representantes del llamado “grupo central”, se trasladará allí a las personas sin derecho a protección internacional que hayan rechazado el retorno voluntario.
El acuerdo cuenta con el respaldo de Bruselas. La Comisión Europea lo ha recibido con satisfacción y, a través de su portavoz, Markus Lammert, ha defendido que “este enfoque innovador puede contribuir a abordar la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho Internacional”.
El apoyo comunitario no oculta, sin embargo, la división entre los Veintisiete. España y Francia han rechazado el modelo. El Gobierno español votó en contra de la reforma de retornos por sus dudas jurídicas sobre la externalización. Su posición, con todo, podría cambiar tras las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que el programa del PP incluye impulsar centros de retorno en terceros países.
No es algo nuevo: otros ejemplos
El centro de Ruanda es el último paso de una estrategia que la UE lleva más de dos décadas ensayando: la externalización de las fronteras. A la contención en origen y tránsito se suma ahora una nueva lógica que pasa por sacar del territorio europeo a quienes ya están en él y trasladarlos a países con los que no tienen ningún vínculo.
Sin embargo, tres experiencias recientes permiten anticipar sus resultados.
1. Reino Unido: un caso fallido. Ruanda no es un destino nuevo. En 2022, el Gobierno conservador británico firmó con Kigali un acuerdo para enviar allí a solicitantes de asilo llegados en pequeñas embarcaciones. Al año siguiente, el Tribunal Supremo lo declaró ilegal, ya que Ruanda no se considera un tercer país seguro y existía un riesgo real de que las personas trasladas acabaran devueltas a sus países de origen, donde sus vidas pueden estar en peligro. El laborista Keir Starmer canceló el plan en cuanto llegó al Gobierno en 2024. Sin embargo, la idea ha vuelto con otro nombre.
2. Estados Unidos: deportar a un país lejano. En junio de 2025, Washington y Kigali firmaron un acuerdo para que Ruanda acoja a hasta 250 personas deportadas desde Estados Unidos. Como contrapartida, el gobierno ruandés ya ha recibido una subvención de 7,5 millones de dólares por las primeras siete personas deportadas, una cuantía que no se hizo pública hasta meses después.
La administración Trump ha cerrado pagos similares con Guinea Ecuatorial, Palaos, Esuatini o El Salvador. Las personas trasladadas son migrantes cuyos países de origen se niegan a readmitirlos, y se envían entonces a un país con el que no tienen ningún vínculo.
Ruanda se reserva la aprobación caso por caso y promete formación, atención sanitaria y alojamiento. Los primeros resultados son reveladores: del primer grupo de siete personas, llegado en agosto de 2025, tres expresaron su deseo de volver a su país a pesar del riesgo que pudiera suponer.
3. Italia: el banco de pruebas europeo. El protocolo firmado por Giorgia Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, en noviembre de 2023, es el antecedente más cercano al de Ruanda. Los centros de Shëngjin y Gjadër, gestionados por Italia en suelo albanés, se concibieron para tramitar el asilo de personas rescatadas en el mar.
Los tribunales italianos bloquearon una y otra vez su internamiento, y el Gobierno acabó convirtiéndolos en centros de detención para la expulsión. Los resultados son modestos. En casi tres años se han ejecutado 83 retornos y, salvo un caso aislado, hubo que trasladar antes a las personas de vuelta a Italia porque la ley no permite expulsar directamente desde Albania.
Todo ello con un coste que supera los 153 000 euros por plaza.
Un modelo diseñado para eludir derechos
Los gobiernos promotores esgrimen un argumento aparentemente sólido: los retornos no funcionan.
La mayoría de las órdenes de expulsión dictadas en la UE nunca se ejecutan, y el nuevo Reglamento de Retornos ofrece ahora una cobertura legal para buscar soluciones fuera del territorio europeo. Incluso el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Nicholas Emiliou concluyó en abril que el protocolo entre Italia y Albania es compatible con la normativa europea, siempre que se protejan plenamente los derechos de los migrantes.
Pero que algo pueda ser legal no lo hace legítimo. Y en este caso, la propia lógica del modelo hace muy difícil cumplir esa condición.
La razón es sencilla: estos centros existen precisamente para situar a las personas lejos de los tribunales, de sus abogados y de la mirada pública. Un reglamento europeo no puede rebajar las obligaciones que imponen la Convención de Ginebra de 1951 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La primera de ellas es la prohibición de devolución (non-refoulement): ningún Estado puede enviar a una persona a un lugar donde corra el riesgo de sufrir persecución o tratos inhumanos, ni a un país que pueda reenviarla a ese lugar.
Ese riesgo de devolución en cadena fue el que llevó al Supremo británico a tumbar el plan con Ruanda en 2023.
Además, la responsabilidad no se queda en la frontera. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un Estado responde de lo que ocurre allí donde ejerce un control efectivo, también fuera de su territorio.
Asimismo, externalizar traslada el lugar, no la responsabilidad. Esa responsabilidad pueda alcanzar incluso a la propia Unión. Un Estado no puede librarse de sus obligaciones subcontratándolas.
La UE y sus Estados miembros siguen vinculados por sus propios valores. Además, la Unión Europea podría incurrir en responsabilidad internacional por no impedir prácticas manifiestamente incompatibles con su propio ordenamiento.
Queda, por último, el limbo. En el centro de Ruanda no habrá límite temporal de estancia, por lo que las personas podrían quedar atrapadas en el país si no regresan a sus países de origen. Una estancia indefinida, en un país con el que no se tiene ningún vínculo y sin perspectiva real de salida, puede constituir en sí misma un trato degradante.
Y todo ello para lograr escasos resultados: Albania suma unas decenas de retornos en casi tres años y Reino Unido no llegó a deportar a nadie por la fuerza. El centro de Ruanda no resuelve el verdadero cuello de botella: que los países de origen acepten readmitir a sus nacionales.
Si no sirve para devolver a más personas, su función es otra: enviar un mensaje político y disuasorio a costa de convertir a seres humanos en piezas de ese mensaje. No es un fallo del modelo. Es el propio modelo.
Lejos de la vista, no de la responsabilidad
Lo que está en juego va más allá de la eficacia de las expulsiones. El artículo 2 del Tratado de la UE sitúa la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos entre los valores fundacionales del proyecto europeo, por lo que este tipo de medidas socava la credibilidad de la UE como actor defensor de los derechos humanos y aleja a la Unión de sus propios valores.
Por ahora, España es una de las voces que se oponen a este modelo de la UE. Sin embargo, esa oposición no está garantizada, ya que el 29 de noviembre el Gobierno que salga de las urnas tendrá que decidir si se suma a la vía abierta en Viena o mantiene sus reservas.
Externalizar no elimina las obligaciones de los Estados, solo las aleja de la vista, de los tribunales y de la ciudanía. Y lo que deja de verse parece ser más fácil de vulnerar.![]()
Susana de Sousa Ferreira, Profesora en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.





