La reelección del director general de la Organización Internacional del Trabajo se ha celebrado como un triunfo de la estabilidad en tiempos de incertidumbre en el panorama laboral global.
El 16 de noviembre, el Consejo de Administración de la OIT reeligió al togolés Gilbert F. Houngbo con 51 votos a favor y 5 abstenciones. El candidato peruano, Javier González-Olaechea, se había retirado a principios de mes y la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, lo hizo pocas horas antes de la votación secreta. Su decisión, tal y como expresó en sus redes sociales, tuvo como objetivo evitar la división del movimiento sindical. Para muchos, Houngbo no ganó una contienda: se quedó solo en ella.
Un consenso por desgaste
Entre los factores que pueden ayudar a explicar la falta de apoyos suficientes a la candidatura de Yolanda Díaz se encuentra la percepción, por parte de algunos sectores empresariales, de que su trayectoria política ha estado asociada a una agenda regulatoria más intervencionista en el mercado de trabajo.
Tampoco los trabajadores llegaron unidos. Paradójicamente, aunque la candidatura de Díaz se sustentaba en un sólido historial de promoción de los derechos laborales, el respaldo sindical internacional no alcanzó la masa crítica necesaria para contrarrestar las ventajas de la continuidad institucional representada por Gilbert Houngbo.
La Confederación Sindical Internacional apoyó a Houngbo pese a las discrepancias internas, mientras la Confederación Europea de Sindicatos y organizaciones de América Latina, Estados Unidos, África y Asia respaldaban a Díaz. Este déficit de respaldos terminó siendo un revés difícil de superar en una elección donde las alianzas previas y las dinámicas de consenso resultan tan determinantes como las propuestas programáticas.
Dos discursos en una misma candidatura
La candidatura de Díaz combinaba dos registros difíciles de conciliar. Uno era de confrontación con el poder de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, con las prácticas irresponsables de algunas multinacionales y con las organizaciones empresariales.
El otro era su programa, más tripartito (empleadores, trabajadores y gobiernos) de lo que su retórica sugería. Proponía democracia en el trabajo y diálogo social. Planteaba gobernar la inteligencia artificial y frenar la llamada “esclavitud algorítmica” mediante mecanismos de control. Defendía una alianza entre el Norte y el Sur Global frente al retroceso de derechos, una perspectiva feminista para cerrar las brechas de género y la justicia social frente a la precariedad.
Ese programa ofrecía lo que la OIT necesita: una agenda normativa ambiciosa construida mediante el diálogo social. Pero en una organización donde el consenso es la moneda de cambio, el mensaje de confrontación tapó el de pacto.
Una campaña contrarreloj
El tiempo tampoco ayudó. El Gobierno español anunció la candidatura el 23 de julio, en pleno verano y tres meses después de abrirse el plazo. La campaña efectiva se redujo a unas seis semanas de contactos, compatibilizadas con el ministerio. Enfrente estaba un director general con cuatro años de mandato y el respaldo de la Unión Africana.
Estas elecciones exigen peso simultáneo en Bruselas, Ginebra y Nueva York. En Bruselas no hubo frente europeo: países con gran peso decisor como Alemania y Francia no apoyaron a Díaz, y los contactos con ministros de la UE llegaron a menos de un mes de la votación. En Ginebra, las misiones y los grupos de empleadores y trabajadores ya tenían decidido su voto. En Nueva York, los bloques regionales se forjan con años de diplomacia discreta. La candidatura pudo por tanto llegar tarde, desde la política nacional y sin un bloque regional detrás. Pesó también que la presentara una ministra en ejercicio, inevitablemente asociada a la política interna española.
El riesgo de la irrelevancia
El primer mandato de Houngbo tuvo logros, como el primer convenio sobre la economía de plataformas digitales, aprobado en junio con 406 votos a favor. Un texto que los empleadores celebraron por sus amplias flexibilidades nacionales. Curiosamente este instrumento normativo se nutrió de experiencias regulatorias pioneras desarrolladas en distintos países, incluida la denominada “Ley Rider” impulsada en España durante el mandato de Yolanda Díaz, que contribuyó a enriquecer el debate internacional sobre la protección de las personas trabajadoras en plataformas.
Pero la prueba de fuego es la ratificación, y la OIT acumula convenios ambiciosos con ratificaciones escasas. Mientras tanto, las reglas del trabajo se escriben cada vez más en la Unión Europea, en los acuerdos comerciales y en el G20. Si la OIT parece lenta y excesivamente prudente, gobiernos y sindicatos migrarán a esos foros. Esa es la verdadera amenaza: no el conflicto abierto, sino la irrelevancia por fragmentación.
El apoyo de la Unión Africana a Houngbo, primer director general africano, es legítimo y no debe despreciarse. Pero la mayoría de los trabajadores africanos está en la economía informal y necesita una OIT con más capacidad sobre el terreno. Algo que contrasta con los recortes presupuestarios que viene sufriendo la institución.
La particularidad africana
Según la Comisión Económica de la ONU para África, en torno al 83 % del empleo africano es informal, una proporción que apenas ha bajado desde 2005. Además, la OIT estima que entre el 60 % y el 80 % de los trabajadores del continente no tiene acceso a ninguna protección social formal. Para ellos, la OIT no es un foro diplomático en Ginebra, sino asistencia técnica sobre el terreno: inspección de trabajo, extensión de la protección social, seguridad y salud en la agricultura y la minería, y apoyo a la formalización.
Hay, además, una ironía. La alianza entre el Norte y el Sur Global era una de las banderas de Díaz, pero el bloque africano, núcleo de ese Sur, apostó por la continuidad. Houngbo ha prometido ampliar la presencia de la OIT sobre el terreno. La pregunta es cómo hará más en África con menos personal y un déficit de 362 millones de dólares. Si el segundo mandato no resuelve esa contradicción, el apoyo africano habrá sido un éxito simbólico y una pérdida práctica para quienes más necesitan a la organización.
Condiciones para un segundo mandato
La continuidad solo tendrá valor si se convierte en una oportunidad para fortalecer la OIT. Ello exige una estrategia financiera sólida y transparente, reglas claras aplicables a todos los Estados miembros en materia de contribuciones y una reforma organizativa que mejore la eficacia de la institución sin debilitar sus recursos humanos ni erosionar el conocimiento acumulado que constituye una de sus principales fortalezas.
El nuevo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027. La OIT nació en 1919 con la misión de promover la justicia social como fundamento de una paz duradera. La continuidad que representa Gilbert Houngbo proporciona estabilidad en un contexto de incertidumbre global, pero también plantea una expectativa legítima. Esta consiste en aprovechar esa estabilidad para impulsar las reformas y respuestas que demanda un mundo del trabajo en rápida transformación. El reto no será simplemente mantener el rumbo, sino garantizar que la organización siga siendo relevante y efectiva para las próximas generaciones de trabajadores y empleadores.![]()
Ivan Williams Jimenez, Profesor Derecho del Trabajo y Seguridad y Salud Laboral, Universidad Carlos III
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.





