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Cuba: de la caída de la dictadura de Machado a los primeros pasos de Batista


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Batista (izquierda) con su primera esposa Elisa Godinez-Gómez durante una visita a Washington D. C. en 1938. / WIkipedia Batista (izquierda) con su primera esposa Elisa Godinez-Gómez durante una visita a Washington D. C. en 1938. / WIkipedia

Como finalizamos en otro artículo anterior, tras la caída de la dictadura de Machado en Cuba, el 13 de agosto de 1933 asumió los destinos del país un nuevo gobierno diseñado a la carrera por Welles, presidido por el doctor Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del prócer que iniciara la guerra contra España en 1868. A pesar de ser considerado una figura limpia de corrupción -políticamente sobre todo- y con un gran prestigio como diplomático, el nuevo líder nacional no pudo controlar la situación. Dentro del ejército las viejas querellas entre la alta oficialidad y los escalones más bajos se hicieron sentir cada vez más. Las Fuerzas Armadas, ignoradas hasta ese momento como fuerza política, iniciaron un proceso de reconocimiento de su protagonismo en el acontecer de los sucesos. Al mes siguiente, un grupo de sargentos protagonizó un movimiento militar que puso fin al gobierno de Céspedes, anunciándose la instauración de una Junta de Gobierno o Comisión Ejecutiva que sería conocida como la Pentarquía, integrada por Ramón Grau de San Martín y Guillermo Portela, profesores universitarios, el periodista Sergio Carbó, el abogado José M. Irisarri y el banquero Porfirio Franca. El líder de la insurrección de los sargentos, Fulgencio Batista, ascendió -saltándose el escalafón- al grado de coronel.

De esta manera, San Martín -líder de las organizaciones estudiantiles en su condición de catedrático de Universidad- contó con el necesario sostén del coronel Fulgencio Batista, líder de un movimiento militar de suboficiales que se había revelado como vital en el triunfo de la revolución. Iniciaron los partidos políticos y los medios de comunicación libres una cierta reorganización mientras se establecía una Constitución temporal, al tiempo que la diplomacia norteamericana presionaba para lograr el apaciguamiento del supuesto carácter revolucionario de los nuevos mandos. No obstante, la odiada enmienda Platt fue abrogada, entre el aplauso de la mayor parte de la sociedad, pero -aunque el documento desapareció- se mantuvo la realidad de lo que se había producido durante los años que había estado vigente: Cuba se había convertido en una colonia económica cuyo estado de dependencia de los Estados Unidos era total. La autoridad del embajador norteamericano continuaba siendo más influyente que la del propio presidente y una condición esencial para el triunfo en las elecciones había acabado siendo el grado de intimidad y servicio en las relaciones con los intereses de la potencia del Norte cuya presencia era total en el azúcar, las minas, el tabaco, el carbón, la electricidad, el gas, los teléfonos, los ferrocarriles y los muelles, los refrescos, el cemento, la munición y las armas.

Un nuevo gabinete del coronel Mendieta intentó aplicar la Carta política promulgada el 3 de febrero de 1934, pero la inestabilidad interior lo impidió en muchos aspectos. Todo el año transcurrió en medio de actos violentos de partidos desencantados por la labor del gobierno provisional, disturbios políticos, atentados y movimientos huelguísticos de mayor o menor peligro, que causaron un impacto negativo en el desenvolvimiento económico y social de la isla, a pesar de las tentativas del ejecutivo para retornar a la estabilidad. Justamente, con el fin de lograr cierta normalidad democrática y preparar una convocatoria electoral con ciertas garantías, Mendieta hizo una invitación formal a los antiguos presidentes Grau San Martín y Mario G. Menocal, y al líder de la sociedad ABC, doctor Joaquín Martínez Jaem, sus rivales políticos, para que retornaran del exilio a Cuba y prestaran su cooperación al gobierno en su objetivo de alcanzar una tregua que permitiera a los cubanos la elección de una Asamblea Constituyente. El 11 de junio de 1935, Cuba fue dotada de una nueva constitución que restablecía las bases intangibles de la de 1901, mientras se retrasaba la consulta electoral hasta la total pacificación de la isla.

En las elecciones celebradas el 10 de enero de 1936 se alzó con la victoria la coalición formada por el Partido Liberal, Acción Republicana Constitucionalista y Partido Nacionalista, a cuyo frente se encontraban Miguel Mariano Gómez, como presidente, y Federico Laredo Brú, como vicepresidente. El gran perdedor fue el Conjunto Nacional Democrático, pues los sectores denominados revolucionarios (ABC, Partido Revolucionario Auténtico...) decidieron no concurrir a esta convocatoria electoral. La Constitución provisional fue modificada para aumentar los escaños senatoriales de veinticuatro a treinta y seis, con el fin de facilitar la entrada a representantes del Conjunto Nacional, basándose, para tomar esta decisión, en la conveniencia de proporcionar una representación política a esta minoría, para que funcionara como oposición visible, al tiempo que -para algunos sectores de opinión- se satisfacía, medianamente, una vieja aspiración democrática: el respeto por el contrario.

Se intentó abrir un período democrático y pacífico en la vida política de la isla, pero la actuación del nuevo presidente, Miguel Mariano González, no favoreció el mantenimiento de este clima. Comenzó a intentar mermar la intromisión militar en la política cubana, pretendiendo desconocer la significación e importancia de Batista en aquellos momentos y su peso en las elecciones. Sus propósitos prometían mucho en cuanto al ordenamiento de las instituciones del país, pues no en vano contaba con colaboradores de relieve, pero la oposición comenzó a mostrar su fuerza: varias organizaciones de estudiantes empezaron a protestar contra una presidencia a la que acusaban de mantenerse afecta a la clase terrateniente a pesar de sus anuncios sobre la implantación de una reforma agraria y sus deseos de “civilizar” la vida política. Entretanto, Batista difundía una imagen inmejorable en los estratos medios y bajos de la sociedad cubana, apoyando la creación de una serie de nuevos organismos sociales para fomentar la salubridad, la asistencia pública, el combate con la tuberculosis y la creación de escuelas en los medios rurales. Precisamente, con el fin de mejorar la red educativa, el Congreso aprobó una ley que gravaba con nueve centavos cada saco de azúcar, destinando las ganancias del nuevo impuesto a la promoción de escuelas rurales así como de institutos técnicos, dedicados a la educación de los hijos de obreros, empleados públicos y de las Fuerzas Armadas, cuyos padres hubieran muerto en acto de servicio. Las ambiciones de poder de Batista comenzaron a manifestarse y pronto no dudaría en emplear cualquier tipo de herramientas para alcanzar el poder.

 

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.

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