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El control franquista de la prensa hasta los años sesenta


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El control y censura de la prensa durante la dictadura franquista tiene dos etapas. En este artículo estudiaremos la primera y, realmente, la más larga. Comenzó en la propia Guerra Civil y terminó con la Ley de Prensa de Manuel Fraga Iribarne del año 1966.

El 23 de abril de 1938 se promulgó una ley de prensa que establecía un férreo control de la misma, habida cuenta del carácter totalitario del primer franquismo. Su autor fue José Antonio Giménez-Arnau bajo la supervisión, tutela y órdenes de Serrano Suñer.

El principal objetivo de dicha ley era reconvertir el rico y plural periodismo español de los años treinta en un mecanismo de propaganda política a favor de la causa franquista en la guerra, para luego, cuando terminó la contienda, seguir en dicha tarea propagandística, además de censurar y controlar todas las publicaciones periódicas. Era tal la dureza de esta ley, de naturaleza claramente fascista, que los sectores católicos del régimen llegaron a criticarla. No olvidemos que la Iglesia y el catolicismo social y político tenían varios e importantes periódicos desde antes de la contienda, pero Serrano Suñer pretendía el control absoluto y llegó a amenazar a la prensa católica.

La ley criticaba la libertad de prensa como se entiende en un sistema democrático. La prensa tendría como misión trasmitir los deseos de la nación y comunicar a ésta lo que establecía el Estado, es decir, la prensa, realmente, tenía una función al servicio del nuevo Estado que estaba construyendo el franquismo, primero en la zona sublevada y conquistada, y luego en toda España. Por eso, el Estado tenía que controlar y vigilar a los periódicos y no solo a los de su propiedad, sino a todos los que estaban autorizados a existir. El Estado establecía el número y extensión de las publicaciones, intervenía en la designación de los directores y principales puestos, reglamentaba la profesión periodística, vigilaba la actividad de la prensa y ejercía la censura.

Se establecía un exhaustivo catálogo de sanciones y multas por incumplimiento de lo dispuesto. El Estado podía incautarse de un periódico, destituir a un director y expulsar a un periodista del Registro Oficial de Periodistas, lo que inhabilitaba para ejercer la profesión. Pero, además, la cuestión de las sanciones era inquietante porque podían ser sancionados un sinfín de ejercicios profesionales y actuaciones, y era imposible recurrir ante una sanción o multa. Estamos, pues, ante un nuevo ejemplo de la arbitrariedad del régimen, de inexistencia de Estado de Derecho. Se trató de la muerte del verdadero periodismo para convertirse en la correa de transmisión del Estado franquista.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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