Minería en la España del XIX

Durante gran parte de la centuria una serie de factores influyeron en el bajo nivel de actividad minera. En primer lugar, existía una combinación de falta de capitales y de conocimientos técnicos. La demanda industrial española, dado el atraso de la Revolución Industrial, era muy escasa y no ejercía suficiente presión sobre la explotación minera. Por fin, la legislación ponía muchos obstáculos para que se desarrollara la iniciativa privada, al declarar las minas propiedad de la Corona, como establecía la Ley de Minas de 1825.

En 1868 comenzó a darse una serie de cambios importantes en relación con los recursos mineros y energéticos. En ese mismo año se aprobó la Ley de Bases sobre las Minas, que simplificaba la adjudicación de concesiones y ofrecía seguridades a los concesionarios. Se trató de una evidente liberalización del sector, ya que las concesiones eran a perpetuidad a cambio del pago de un canon. Al año siguiente se aprobó otra legislación que permitía la libre creación de sociedades, entre ellas las mineras. Estaríamos hablando, en los inicios del Sexenio Democrático, de una verdadera desamortización del subsuelo. Este momento coincidió con un aumento de la demanda internacional de productos mineros. España se convirtió en exportadora de materias primas: plomo (Jaén), mercurio (Ciudad Real), cobre (Huelva) y hierro (Vizcaya). Estas exportaciones constituyeron un capítulo fundamental de la balanza comercial española, pero las explotaciones estaban controladas por capital extranjero: británico, belga y francés.