La Dictadura de Primo de Rivera contra los signos de Cataluña

"Artículo segundo. Las infracciones que contra lo dispuesto en este decreto-ley se cometan se castigarán del modo siguiente:

Ostentación de banderas que no sean la nacional: seis meses de arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etc.

Expresar o escribir en idiomas o dialectos; las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales no son objeto de prohibición alguna: pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado Español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter local o regional, obligadas no obstante a llevar en castellano los libros oficiales de registros y actas, aun en los casos en que los avisos o comunicaciones no dirigidas a las autoridades se hallen redactadas en lengua regional".

El decreto prohibía, por lo tanto, el uso público de la bandera catalana. Se permitía el uso del catalán como lengua solamente en el ámbito privado, ya que, era obligatorio emplear la lengua castellana en el ámbito público, en los actos oficiales, dejando algún resquicio para comunicaciones internas de algunas instituciones y corporaciones.

Se trataría de un ejemplo más del ensayo de lo que fue luego el franquismo, que tomó buena nota de los supuestos “fallos” de la Dictadura de Primo de Rivera para no cometerlos. El franquismo siempre interpretó que esos “errores” eran ejemplos de excesivo liberalismo. En este caso Franco terminaría por no permitir ni esos resquicios internos para el catalán en las instituciones.