La amnistía franquista de 1939

En el preámbulo justificativo de dicha disposición legislativa se decía que con anterioridad al “Movimiento Nacional” había habido procedimientos ante los Tribunales de Justicia por hechos cometidos por personas que, “lejos de todo propósito delictivo”, habían obedecido al patriotismo fervoroso y en defensa de ideales que habían provocado el calificado como Alzamiento Nacional contra el Frente Popular.

Por ello, el franquismo consideraba que las consecuencias de aquellos procedimientos no podían subsistir en perjuicio de quienes no merecieron las “iras de la Ley”, y que serían, por consiguiente, acreedores de la gratitud de sus conciudadanos porque, además, habían sabido observar durante la guerra una conducta patriótica, consecuente con los ideales ya manifestados en la República.

Por eso se presentaba la la Ley con siete artículos. En el primero y principal se disponía que no se entenderían como delitos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificados contra la Constitución, contra el orden público, por infracción de Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de los que tuvieran alguna conexión, y ejecutados entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, por personas respecto de las cuales constase de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional, y siempre de aquellos hechos que por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y del Gobierno que con su conducta habían justificado el alzamiento.

Así pues, el nuevo régimen amnistiaba a todos los que se habían opuesto completamente a la República entre abril de 1931 y julio de 1936. Y decimos que era una “autoaministía” porque se daba por autoridades que habían cometido delitos en tiempos de la República.