La amnistía de Sanjurjo

Sanjurjo no era el único encausado, también lo sería su hijo Justo Sanjurjo, el general García de la Herrán y el teniente coronel Estaban-Infantes. El primero sería absuelto, mientras que el general sería condenado a cadena perpetua y el teniente coronel a una pena de doce años y un día de prisión. Según la Ley de Defensa de la República se aplicaron duras medidas represivas contra los jefes, oficiales y civiles que participaron en el golpe, con deportaciones a Villa Cisneros y expropiaciones de bienes de algunos destacados implicados.

La pena de muerte fue conmutada por otra de cadena perpetua por un Decreto del presidente de la República. En este sentido, el magistrado interino de la Sala VI de Justicia Militar del Tribunal Supremo, Mariano Gómez González, había recomendado que se conmutara la pena por la de expulsión del Ejército. Precisamente, Manuel Azaña pensó que, como lo dejó escrito en su diario, que el escarmiento más ejemplar era un Sanjurjo fracasado, vivo, y encarcelado, que muerto y, por consiguiente, glorificado. Pero no todas las autoridades republicanas pensaban lo mismo, ya que Santiago Casares Quiroga, a la sazón ministro de la Gobernación, es decir, responsable del orden público, se opuso a la conmutación porque creía que con ello se perdería firmeza por parte del Gobierno y podía alentar a los conspiradores. Tampoco le gustó nada esta decisión a Negrín, que llegó a declarar que había sido un grave error del Gobierno, porque desde ese momento sería “cómodo y barato conspirar”. Negrín llegó a expresar su deseo de que la República no muriera en manos de los militares, una declaración, sin lugar a dudas, premonitoria.

Indultado por Alcalá-Zamora, Sanjurjo pasó al Penal de El Dueso, disfrutando de un régimen carcelario bastante benévolo.

Tras las elecciones de noviembre de 1933, que dieron el triunfo al centro-derecha, la suerte de Sanjurjo cambió radicalmente. Lerroux propuso la concesión de una amnistía al general y al resto de militares implicados. Alcalá-Zamora no estaba, en cambio, por la labor, y se resistió, aunque, al final, cedió y lo aceptó en el límite temporal legal para hacerlo, aunque consiguió que se incluyera en el decreto correspondiente la imposibilidad de que regresase al Ejército. Todo este asunto, las dilaciones y el decreto final tuvieron repercusiones políticas porque se produjo una crisis de Gobierno con dimisión incluida de Lerroux, sustituido por Ricardo Samper.

Sanjurjo salió de prisión y se fue a vivir a Estoril. Después estaría en la conspiración final, aunque falleciera en el viaje a España por accidente, para ponerse a la cabeza del golpe.

El encargado de preparar la disposición legal sobre la amnistía para que se aplicara a Sanjurjo, después de la victoria electoral del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1934, fue el ministro de Justicia, Ramón Álvarez-Valdés.

El ministro había desarrollado una larga carrera jurídica desde la última década del siglo XIX, siendo elegido diputado en 1914 en Oviedo. Volvería a ser elegido diputado en las elecciones de 1933, y luego en las de 1936. Álvarez-Valdés perteneció al Partido Republicano Liberal Demócrata. Sería elegido por Lerroux para ocupar la cartera de Justicia. Álvarez-Valdés fue asesinado en la Cárcel Modelo en agosto de 1936.

El decreto tenía que ser llevado a las Cortes, y ahí se generó una intensísima polémica porque las izquierdas consideraron que era un insulto a la República, y más justo cuando se estaba viviendo el tercer aniversario de su proclamación, es decir, en abril de 1934. Al parecer, el decreto no amparaba la insurrección anarquista de diciembre de 1933, es decir, la huelga general revolucionaria que tuvo su epicentro en Zaragoza, Aragón y La Rioja, extendiéndose a algunos otros lugares de España, y que se inició el día que se constituían las nuevas Cortes, el 8 de diciembre.

Pues bien, Indalecio Prieto se opuso claramente a la amnistía, precisamente porque no amparaba a los condenados por esta insurrección. El ministro le contestó que se trataba de dos hechos muy distintos, según su interpretación. Mientras la huelga general revolucionaria anarcosindicalista iría contra el régimen, la Sanjurjada solamente iba contra el Gobierno de Manuel Azaña. Aunque esta afirmación podría ser fácilmente cuestionada, lo que, realmente, provocó la ira de las izquierdas, y la caída del ministro, que terminaría por empujar la del propio Lerroux se produjo con lo que expresó a continuación:

«Tracé la divisoria entre lo ocurrido el 10 de agosto y el 10 de diciembre; dos movimientos que rechazo, porque soy enemigo de toda violencia. Como para mí mereció todo vituperio el movimiento insurreccional del 15 de diciembre de 1930. Y la prueba de que no era necesario está en lo ocurrido en los comicios del 12 de abril de 1931. Ese es el camino».

Pero Fermín Galán y García Hernández se habían convertido en los mártires de la República, y para las izquierdas era intocables, verdaderos mitos fundacionales. Prieto, con su habitual habilidad parlamentaria, interpretó que todo estaba muy claro, que el ministro de Justicia estaba condenando el movimiento que había traído la República, teniendo en cuenta que quien ocupaba la primera magistratura del Estado había participado en dicho movimiento, es decir, Alcalá-Zamora. También cargaría contra el ministro otro personaje destacado, aunque mucho más conservador, Miguel Maura.

Sanjurjo sería amnistiado, pero la amnistía se llevó por delante al ministro y al presidente del Consejo de Ministros.

Bibliografía:

González Calleja, Eduardo (2011), Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936. Madrid: Alianza Editorial.

Olaguibel, Joaquín (2022), Abril de 1934. La amnistía de las derechas y la crisis del vituperio, Sevilla, Ediciones Espuela de Plata