El criterio socialista ante las responsabilidades del Desastre de Annual

-Primera. Separar del Ejército, sin perjuicio de que se abriera una causa penal por el sumario iniciado, al general de división, Dámaso Berenguer.

-Segunda. Autorizar al Gobierno a decretar, en las mismas condiciones, la separación el Ejército del general de brigada, Felipe Navarro, si al recobrar éste la libertad sus descargos no demostraran absoluta culpabilidad, sometiéndose en caso contrario el asunto a nuevo examen en las Cortes.

-Tercera. Separar del Ejército, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponderles en los sumarios incoados, o que se incoasen, a todos los coroneles de las distintas Armas y Cuerpos con destino en la Comandancia General de Melilla presentes en la demarcación al iniciarse la retirada de Annual, así como a los demás jefes de grado inferior que asumieron entonces el mando de servicios autónomos no dependientes de las Armas Generales y en los cuales jefes concurriese la misma circunstancia de presencia en la demarcación.

-Cuarta. Autorizar al Gobierno para proceder con el coronal Araujo en la misma forma que con el general Navarro.

-Quinta. Declarar responsables, para que en su caso, previo los requisitos reglamentarios indispensables, se proceda a acusar ante el Senado, conforme al artículo 45 de la Constitución a Manuel Allendesalazar, marqués de Leman, Julio Wais, vizconde de Eza, Joaquín Fernández Prida, Mariano Ordoñez, conde de Bugallal, Francisco Aparicio, Juan de la Cierva y conde Lizárraga, que formaban el Gobierno responsable cuando se produjo la catástrofe.

-Sexta. Formular idéntica reclamación en cuanto a los señores Antonio Maura, Manuel González Hontoria, José Francos Rodríguez, Juan de la Cierva, marqués de Cortina, Francisco A. Cambó, conde de Coello de Portugal, César Silió, José Maestre y Leopoldo Matos, que constituyeron el Gobierno el 14 de agosto de 1921.

-Séptima. Prohibir que los Tribunales de Honor en el Ejército decretasen por sí la sanción de los hechos constitutivos de delito, debiendo limitarse, cuando lo apreciasen, a denunciarlos a la autoridad correspondiente, para provocar la acción judicial.

-Octava. Clausurar inmediatamente las Academias militares, reconociéndose a los actuales alumnos de las mismas la validez de sus estudios para las carreras civiles.

-Novena. Disolver el Cuerpo de Intendencia militar.

-Décima. Derogar la Ley de Jurisdicciones.