El concepto de Administración pública se refiere a servicio y gestión por parte del poder de los asuntos públicos. La efectividad de un Estado, como estableció Max Weber, se basa en la idea que éste pueda regirse por un ordenamiento jurídico (Constitución y leyes de distinto rango), y gestionarse a partir de una autoridad burocrática administrativamente organizada y jerarquizada. Así pues, la Administración pública sería la organización de funcionarios que, con unos determinados medios económicos y materiales, aseguraría el cumplimiento de las decisiones políticas, que marcan las instituciones con competencia para hacerlas, como son los gobiernos y los parlamentos. En una Administración pública moderna están diferenciados los dos niveles, el político del puramente administrativo.

La propaganda por el hecho se refiere a una estrategia de signo anarquista basada en el supuesto de que el impacto de una acción genera más repercusiones, es más relevante y, en consecuencia, más eficaz, que la palabra, para despertar el espíritu revolucionario del pueblo.

Un Ministerio es un departamento del Gobierno dedicado a un área político-administrativa determinada. El término apareció en el siglo XIX para designar, precisamente, los departamentos de la Administración central, como herederos, en cierta medida de las Secretarías del Despacho que establecieron los Borbones en el siglo XVIII.

El Obrero fue un semanario socialista de Barcelona del siglo XIX. Tuvo una primera época entre 1864 y 1866, pero fue cerrado por decisión de la autoridad militar, y que hemos estudiado en otro artículo anterior. Su editor fue Antoni Gusart Vila, un personaje también tratado en este periódico digital. La publicación reapareció en el mes de diciembre de 1880, ya consolidada la Restauración borbónica, y duró hasta noviembre de 1891. Salía los viernes, y tenía como subtítulo “Revista Social”. Su director fue Josep Pàmias, un viejo internacionalista.

Por depuración se pueden entender muchas cuestiones, pero en el ámbito político se refiere a la purga, eliminación física o burocrática del cargo, como un instrumento de represión. En España ha habido dos momentos destacados en relación con la depuración de funcionarios en la Historia contemporánea, en el reinado de Fernando VII y en la dictadura de Franco.

El movimiento obrero, tanto de signo socialista, como anarquista, se empeñó en luchar contra el alcoholismo como mal que azotaba a una clase obrera extremadamente explotada durante las dos primeras Revoluciones Industriales. Se emprendió una verdadera lucha para apartar a muchos trabajadores de las tabernas, y tanto las Casas del Pueblo como los Ateneos Obreros, además de sus dimensiones organizativas y reivindicativas, fueron pilares en esta cruzada, ofreciendo alternativas de ocio basadas en la educación y la cultura.

El profesor Julián Vadillo nos tiene acostumbrados a unos libros muy sugerentes por distintos motivos. En primer lugar, porque está haciendo una intensa labor investigadora, especialmente, en el ámbito de la Historia del mundo libertario, del anarquismo y del anarcosindicalismo. Es evidente que hay más estudios sobre este universo de la izquierda, tan importante, especialmente en la Historia contemporánea de España, pero Vadillo es un renovador en este ámbito, realizando un esfuerzo global, es decir, atendiendo a todas las facetas y, sobre todo, desmontando mitos enraizados, un objetivo que hoy es prioritario. Pero, además, Vadillo cree, como podemos leer en sus libros y escuchar en sus conferencias, que el ejercicio de investigación no debe estar nunca reñido con el de la divulgación, una idea que nosotros compartimos también en el ámbito de nuestras propias investigaciones. En este país hay que realizar un constante esfuerzo pedagógico en relación con la Historia. Se hace necesario divulgar, siempre con un acusado rigor, como el que demuestra nuestro reseñado, las etapas, los personajes, ideologías, partidos, movimientos, procesos históricos, en fin, que o se desconocen casi totalmente, o se están manipulando con fines que poco tienen que ver con el conocimiento histórico y sí con la fabricación de una Historia conveniente para determinados intereses.

La Historia del divorcio en España es parecida a la de otros países donde la Iglesia Católica ha tenido un gran poder, es decir, es la Historia entre dos posiciones enfrentadas, de favorables y contrarios al mismo, provocando aprobaciones y derogaciones según el régimen político imperante. La Segunda República y la democracia actual reconocieron y legislaron este derecho frente al franquismo que lo derogó y combatió en su presente y hasta en el pasado.

En estos días estamos repasando los problemas que se planteaban en la España de los años veinte en el momento de la siega sobre el sistema a adoptar para la misma, a destajo o señalando un jornal previo, con conflicto también en esta alternativa sobre la cuantía del mismo. En esta nueva entrega nos vamos a junio de 1928 y para comprobar que la negociación llevó a un acuerdo entre obreros agrícolas y patronos. El hecho ocurrió en La Puebla de Almoradiel (Toledo).

El Estado belga apoyaba económicamente la enseñanza privada que estaba en su gran mayoría en manos de la Iglesia Católica, como podremos comprobar en este apunte de la época de entreguerras.

Léopold de Swaef nació en Gante en 1890, hijo de un obrero de dicha ciudad, que había participado en la fundación, junto con el destacado socialista Edward Anseele, del periódico socialista Vooruit.

Nuestro conocido Rafael Martínez, uno de los personajes más preocupados por la educación del socialismo español en las primeras décadas del siglo XX, publicó un artículo en junio de 1930 en El Socialista donde denunciaba el apoyo que recibía la escuela privada, esencialmente en manos de la Iglesia, frente a la pública, la que calificó de escuela democrática o escuela para todos.

En un reciente artículo estudiamos la queja socialista sobre la situación de los obreros agrícolas en el momento de comenzar la siega por el establecimiento patronal del sistema de destajo, principalmente, aunque también porque, aún en el sistema de fijar los jornales previamente se explotaba a los trabajadores. Pues bien, en ese mismo momento de junio de 1930 la movilización socialista sobre estas situaciones se acentuó como lo demostraría el llamamiento que desde Villafranca de los Caballeros se hacía a los trabajadores para que no se dejasen engañar.

La Acción Francesa (Action Française) fue un movimiento u organización de extrema derecha de Francia, cuyo nombre también lo fue del periódico asociado al mismo.

La revista española Vida Socialista publicó en junio de 1911 un trabajo de Élisée Reclus, dirigido al campesino sobre la cuestión de la propiedad de la tierra, que glosamos en este apunte porque se trata, a nuestro entender, de toda una joya pedagógica sobre de quién era realmente la tierra, de la diferencia entre el pequeño campesino y el gran señor, y de la expropiación de la gran propiedad, y que animamos a leer directamente en el número 75 de la revista mencionada.

El interés por el Sahara occidental apareció en Castilla cuando comenzó la conquista de las Islas Canarias y se pensó en contar con presencia en los territorios de la costa africana. En ese contexto, a mediados del siglo XV, se fundó Santa Cruz del Mar Pequeño (IFNI). En 1509, Castilla y Portugal llegaron a un acuerdo por el cual se permitía a la primera establecer una franja costera en el Sahara. No olvidemos que esta zona estaba fuera de la que tenía asignada por el reparto que se había realizado por el Tratado de Tordesillas.

El socialismo dedicó mucha atención al cooperativismo, incluido el español. Las cooperativas suponían una apuesta clara pero no solamente porque ofrecían ventajas inmediatas a los trabajadores sino porque tenían otras misiones, como la pedagógica en relación con el aprendizaje para cuando se triunfase sobre el capitalismo. Pero también es cierto que el cooperativismo no podía ser un fin en sí mismo para el socialismo y había que ver las relaciones que tenía que tener con las sociedades obreras y los partidos socialistas.

El principado de Moscú era a finales de la Edad Media el más destacado de toda Rusia. Debemos recordar que la geografía rusa era un conglomerado de principados y organizaciones políticas dependientes de los khanes. En la transición entre los siglos XIII y XIV, Juan Kalita había conseguido que el khan le otorgase el título de gran príncipe, convirtiendo Moscú en la ciudad santa de toda Rusia. Durante el siguiente siglo, es decir, en el XV, este ya gran principado fue haciéndose con los de Jaroslav, Rostov, Tver y Riazan, así como con la especie de repúblicas comerciales que fueron Novgorod, Viatka y Pskov.

En el otoño de 1910 los ferroviarios franceses se declararon en huelga. En ese momento presidía el Consejo de Ministros el exsocialista Aristide Briand, que decidió sustituir a los huelguistas por soldados del Ejército francés en activo o reservistas.

El Tratado de Fontainebleau firmado entre Francia y España pretendía organizar la invasión conjunta de ambas potencias de Portugal, aliado de Gran Bretaña. Las cuestiones con Portugal no eran nuevas. La Francia del Directorio había firmado con España el Tratado de San Ildefonso en 1796, que comprometía a ambos países a ayudarse mutuamente frente a Gran Bretaña. Ya quedaba atrás la Guerra de la Convención.

Actualmente Torreagüera es una pedanía del municipio de Murcia, en el margen derecho del río Segura y a los pies del monte Miravet. Sabemos que a mediados del siglo XIX tenía cultivos de trigo, hortalizas, maíz y moreras. Al parecer, la pedanía creció demográficamente a principios del siglo XX. La población tuvo cierto renombre en el siglo XIX gracias a la figura de Antoñete Gálvez Arce, destacado líder de las Milicia Nacionales de toda la zona, un republicano convencido, y que estuvo en distintos movimientos y asonadas, llegando a estar en el Cantón de Cartagena.

En distintos trabajos venimos demostrando las grandes dificultades que supuso la implantación de la reforma de la jornada laboral en España, y de cómo aún pasados años se multiplicaron los incumplimientos de las ocho horas. En este apunte regresamos a esta cuestión, en la alicantina Monóvar, y en 1930, es decir, más de diez años de aprobado el cambio legal.

La división de poderes es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados. Los tres poderes básicos de un sistema político serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ya Aristóteles atisbó esta división, pero fueron Locke y, sobre todo, Montesquieu quienes plantearon esta clásica división. El poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía.

Hoy nos hacemos la pregunta del título del artículo sobre qué mide la salud de un partido, y siguiendo nuestro habitual método recurrimos a un material histórico de la mano de Antonio López Baeza