La verdadera amenaza a la independencia judicial

La imagen es la de la mayoría conservadora del caducado CGPJ cuando cuestiona el cumplimiento de los requisitos por parte del nuevo fiscal general del Estado, situándose con ello como una parte más de la oposición política al gobierno, extralimitándose en sus atribuciones de consulta no vinculante, una imagen que vale más que miles de folios sobre la tan manida reivindicación de la independencia del órgano gobierno de la justicia.

Un cuestionamiento basado en las dudas sobre la idoneidad del propuesto debido a la supuesta afinidad política del fiscal general del Estado con el PSOE, cosa que en todo caso a ellos no les corresponde y que tampoco es causa de incompatibilidad legal, ya que se trata de una competencia exclusiva del gobierno.

En este sentido, hay que concluir que los juristas de la mayoría conservadora que componen el CGPJ sufren además de amnesia selectiva, no solo en cuanto a los nombramientos y la independencia del o de la fiscal general del Estado por parte de los gobiernos afines del PP como con respecto a sus afinidades políticas anteriores y a pesar de ellas a sus propios nombramientos.

Se deduce que dicha independencia la entienden como el mantenimiento de una espuria mayoría conservadora hasta tanto se produzca la reforma legal que ellos y el PP propugnan, con el único objetivo de garantizar el nombramiento corporativo de los jueces por parte de los propios jueces y con ello la consolidación sino el reforzamiento de la mayoría conservadora, con independencia de la mayoría parlamentaria o incluso contra la actual mayoría parlamentaria, utilizando para ello la estrategia de bloqueo que hasta ahora les ha servido para reforzar sus posiciones a lo largo de las últimas legislaturas.

Todo ello cuando la independencia de la justicia como poder del Estado no radica en su gobierno corporativo frente a la extracción escabinada actual con la propuesta de las asociaciones y la elección parlamentaria, sino que consiste en la independencia concreta de los jueces y magistrados con respecto a cualquier poder y cualquier presión cuando ejercen su función de instruir o de sentenciar.

Además, pocos días antes se habían declarado una vez más contrarios a la reforma puntual de la ley del órgano de gobierno de los jueces que ellos encarnan, propuesta por el gobierno al Parlamento para facilitar la renovación correspondiente de una cuarta parte del Tribunal Constitucional que le corresponde al Consejo del Poder Judicial y al Gobierno, e incluso llegaron a barajar la posibilidad de incumplir el mandato en tiempo y forma, con lo que la cuestión trasciende el ya evidente alineamiento con el sector político conservador para adentrarse en el pantanoso terreno de la obstrucción, el veto y la posible prevaricación.

Un camino de obstrucción que es verdad que no es nuevo y que ya habían explorado con motivo de los informes preceptivos pero no vinculantes sobre leyes como la de vivienda y algunas otras como en estos momentos la ley de enjuiciamiento criminal.

Si a esto le añadimos que va ya para más de tres años y medio en que el Consejo debería haberse renovado, de acuerdo con el mandato constitucional, y que a pesar de ello su pretensión ha sido la de mantenerse y ejercer con plenas funciones. Algo que solo se pudo evitar con la anterior reforma de la ley para la limitación de las competencias del órgano mientras se mantenga con el periodo de vigencia sobradamente caducado, que ahora se pretende levantar solo para el caso concreto del Tribunal Constitucional.

El único Tribunal Constitucional de Europa cuya mayoría se ha sumado al negacionismo de sectores minoritarios imponiéndose a la minoría para declarar como inconstitucionales tanto los estados de alarma declarados por el parlamento como la adecuación del funcionamiento del parlamento y la cogobernanza con las CCAA con competencias en la materia, dejando como única ley de pandemias el estado de excepción. Solo a partir de la reciente renovación parcial ha comenzado a corregir esta dinámica de oposición política y de control del parlamento, que tanto daño ha hecho al prestigio de la institución.

Es verdad que el camino más fácil hubiera sido el desbloqueo de la negativa a negociar por parte del Partido Popular o en su defecto la dimisión en bloque del órgano para provocar su renovación total y con ella la renovación parcial del Tribunal Constitucional. Pero es que entonces no se mantendría de forma espuria la mayoría conservadora del CGPJ que se prolonga desde 2014 a la espera de que vuelvan al gobierno los que se consideran con la exclusiva de la legitimidad para gobernar.

Los mismos que cuando han gobernado no han dudado en organizar una conspiración mafiosa equiparable al Watergate desde el ministerio del interior para obstruir las investigaciones policiales y judiciales de funcionarios honestos sobre sus propios casos de corrupción, para coaccionar a policías y jueces, así como para desprestigiar, difamar y descalificar a sus rivales políticos mediante dossieres y pruebas falsas como en el caso escandaloso de Podemos.

En definitiva, la renovación del CGPJ no se trata sólo del cumplimiento del mandato constitucional, sino que es también un mecanismo de defensa constitucional frente a quienes la han violentado, precisamente desde las propias instituciones que deberían defenderla.

La persistencia de la mayoría conservadora es la verdadera amenaza a la independencia de la justicia española.