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La ley de nietos y la orfandad según Borges


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Entre el 14 de julio y el 5 de octubre de 2022, fechas en que se votó en el Congreso y en el Senado, se aprobó la Ley de Memoria Democrática, cuya sustancialidad se vertebra en la reparación de derechos, superación de injusticia, afirmación de la responsabilidad del Estado franquista y la dignificación de las víctimas. El bloque de oposición votó en contra en ambas cámaras, es decir, PP, Vox y Ciudadanos, con las aportaciones en el voto negativo de Junts y CUP por otros motivos de índole distinta al manejo de la oposición principal. Ciudadanos, ya en descomposición, significaba un valor residual que siempre eligió la vía de las derechas, si bien ya con anterioridad había abierto el pasillo del inicio del estrellato a figuras ahora cuajadas como Díaz Ayuso y Martínez Almeida.

Aquella ley, emanada del juego de mayorías, permitía la plasmación de la ciudadanía española en descendientes de españoles atravesados por una post guerra que en muchos de los casos había llevado obligatoriamente a familias al abandono de su país de nación, precisamente porque su permanencia aventuraba su destino a una situación indeseada desde el punto de vista humano, de seguridad, de trabajo y de vida en común. Consecuencia de aquella ventana abierta a quienes tuvieron como abuelos o padres a gente de aquella infame clasificación de obligados a viajar fuera de España y rehacer proyectos y realidades, fue la ley de marras que no obliga, pero que permite legalizar su pasado familiar adecuado al momento presente. Ser español como no se permitió a sus antepasados. Edulcorar este escenario no hace favor alguno a la realidad aquella. Al calor de aquella iniciativa parlamentaria más de dos millones de personas mostraron su interés por rehabilitar emocionalmente su trazo histórico familiar.

Borges, en su inicial Revista Multicolor, decía que “el niño puede olvidarse de su familia, pero el huérfano siempre se acuerda de su orfandad”. Ahí habita el alma de aquel pasado imposible de erradicar. Aquella ley abría ventanas de reconciliación, pero sin forzar a ello. Acogerse a aquella disposición adicional es libre, no obliga. No es fácil convocar a dos millones de personas sin que haya voluntad. Medio millón de candidatos a la nacionalidad española ya han pasado los trámites y el resto se encuentra en posición administrativa para completarlos. Una iniciativa de Vox y el partido Iustitia Europa, partidos políticos ambos, el primero con representación, el segundo sin ella, ha presentado su objeción a la implantación de la ley, como ya se venía alarmando por diferentes voceros de la indigestión anti gubernamental desde hacía años. Ubicada de perfil la Junta Electoral Central, la objeción ha caído del lado de la magistratura del Tribunal Supremo, sala tercera de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta Sala ha tirado de cautela para suspender lo actuado hasta el momento presente hasta que formule una decisión en la forma procesal que sea, para zanjar judicialmente este asunto. Es decir, que la voluntad electoral de dos millones de ciudadanos puede estar en riesgo por la intervención del poder judicial ante la proximidad de unas elecciones, en las que nada ni nadie sabe ni de tendencias ni de posibilidades de participación de aquel sector beneficiado por una ley que concede un derecho, solo eso.

Concatenadamente, la decisión presuntamente contraria a la participación supondría un tajo a la yugular del espíritu de la ley, cercenaría la vía electoral de un sector social e históricamente despojado, y dejaría abierta la herida de la guerra civil noventa años después de aquella memoria que da nombre al texto legislativo. La independencia de la justicia tantas veces implorada desde el propio ejercicio de la misma impondría su visión banal sobre la naturalización/desnaturalización de las elecciones, como primer resultado, pero lo verdaderamente sustancial sería la entronización de la idea de una guerra inacabada, siempre presente, con las fosas, con las cunetas, con la exhumación del dictador, con la transición blanda o dura, con el reforzamiento de la neo reacción a escala planetaria, con la contradicción de carácter no menos histórico de la resurrección de fuerzas como Vox y esa grasa marginal político jurídica invitada a programas de eco inestable de televisión conocida como Iustitia Europa, ensayo electoral con el resultado de la vergüenza numérica de apoyos.

El horizonte que se prepara, sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo, es la continuidad de la supuración histórica, que no es otra cosa que una foto en que se refleja lo terrible de una guerra civil junto al patetismo de la post guerra hasta el final del principal activo de la misma, el dictador y su superficie de apoyos, capaces de subvertir el paso del tiempo. Vox, un ejemplo, mantiene con esta actitud negadora de la idea de memoria histórica, y no solo menosprecia la transición perfectible, sino que afirma la involución de la diacronía, revisión histórica con las herramientas de más daño perpetrado contra el perdón y la caridad. “Es un cabrón el pasado, se mezcla con la ensoñación”, palabras de Céline, en “Guerra”, reeditada en Anagrama, en 2023. Y lo decía un atormentado por la violencia bélica, seducido por la fuerza nazi después de la masacre de la primea contienda mundial.

 

Periodista (Ciencias de la Información, Univ. Complutense de Madrid), colaborador en distintas cabeceras (Diario 16, El País, Época, El Independiente, Diario de Alcalá), miembro del Patronato de la Fundación Diario Madrid.

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