Una ley inocua para nuestro sistema universitario

De hecho deja pendientes para más adelante, mediante los correspondientes decretos, temas esenciales, como los requisitos de acceso a la universidad; la autorización y evaluación de las universidades privadas que queda en manos de las CCAA; el estatuto del personal docente e investigador, que deberá elaborarse mediante un proyecto de ley en los próximos seis meses; o la composición y funciones del Consejo de Universidades.

Ante todo, se trata de una ley que no ataja la precariedad endémica del profesorado universitario ni del personal de investigación, una de las principales lacras de la Universidad española, cuya solución se enuncia con el ambicioso objetivo de no superar el ocho por ciento de contratos temporales, pero que luego se elude por distintos vericuetos, tanto de dedicación parcial como de periodos transitorios.

En este mismo sentido, resulta llamativo que el Consejo de Rectores haya sido tan beligerante frente a las consecuencias de la reforma laboral y del estatuto del becario en el ámbito del personal de investigación y que, sin embargo, no se haya logrado un mínimo tratamiento en la ley para el personal investigador. Sobre todo, teniendo en cuenta el papel determinante de la Universidad para la imprescindible convergencia de la investigación española con Europa.

La ley también deja pendiente otro de los agujeros negros del sistema universitario español, como es la autorización y la evaluación de las universidades privadas, que son cada vez más numerosas, en particular en las CCAA de gobiernos conservadores, y que tienen en general una calidad inferior a la pública, poniendo con ello en cuestión no solo el principio de igualdad de oportunidades, sino también el prestigio del conjunto de nuestro sistema universitario en Europa.

En cuanto al modelo de gobierno, la ley supone un avance indudable tanto en el papel determinante de las CCAA, como de otros organos que tienen competencia educativa en asuntos vitales, como los consejos sociales, en aspectos como la definición del precio de las matrículas universitarias (con el objetivo de su disminución o estabilización), o la participación democrática de los estudiantes en la vida universitaria y el reconocimiento de su derecho a la huelga.

Otras cuestiones relativas al gobierno de las universidades resultan contradictorias: así en unos casos quedan muy cerradas como es el único mandato de seis años y la formación previa de los rectores, mientras en otros casos navega en la ambigüedad, al abrir la posibilidad de suprimir facultades y departamentos con identidad y funcionamiento democrático conocidos y de sustituirlos por otro tipo de centros cuyas características están aún por definir.

Por último, la ley se queda corta en cuanto al asunto fundamental de la futura financiación del sistema universitario, porque, si bien establece el objetivo compartido de dedicar un uno por ciento del PIB, sin embargo, se trata solo de un objetivo para el horizonte del año 2030, a falta de un calendario de aplicación que está pendiente de desarrollo, y que sobre todo se queda lejos del presupuesto que dedican a la Universidad nuestros homólogos europeos.