A propósito de Los refugiados moriscos del navío "La flor del mar" (1610) o el padecimiento de los migrantes forzosos

El Archivo nos dice que las expulsiones, destierros y migraciones forzosas no son producto de nuestro presente; es más, añadiríamos nosotros, ni de la Historia contemporánea del pasado siglo, tan lleno de estos fenómenos. Claro que no, tienen una larga trayectoria desde el pasado más remoto. En este caso que nos ocupa tratamos de la expulsión de los moriscos que Felipe III inició en 1609 de los territorios de la Monarquía Hispánica.

Los moriscos fueron los musulmanes que permanecieron en los territorios que se fueron incorporando a los reinos cristianos durante la Edad Media. Tras la conquista del reino nazarí, los Reyes Católicos establecieron unas capitulaciones donde se respetaban su lengua, costumbres y religión, pero terminaron por incumplirse, provocando la rebelión del Albaicín en 1499 y la de las Alpujarras de 1502. Los moriscos de Granada serían deportados a otros lugares. En las posteriores Germanías valencianas también sufrieron persecución.

Los moriscos podían ser, aproximadamente, unos trescientos mil a comienzos del siglo XVII, distribuidos entre Valencia, el valle del Ebro, Castilla, Murcia y Andalucía. Suponían una minoría que intentaba conservar su cultura y religión, aunque fuera en una situación de evidente clandestinidad. La Monarquía, la Iglesia y el Santo Oficio ejercieron una presión intermitente sobre esta minoría. Por otro lado, muchos moriscos vivían dentro del régimen señorial, lo que les supuso una clara protección, ya que eran excelentes campesinos.

Si en la época de Carlos V se mantuvo una cierta calma, la situación cambió con Felipe II, en un contexto de intransigencia religiosa, pero también de creciente confrontación en el Mediterráneo contra el poderío turco. El rey emprendió una política claramente contraria a esta minoría provocando la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), y que traería más deportaciones.

La situación en relación con los moriscos empeoró considerablemente a partir de finales del XVI y comienzos del XVII. Por un lado, la política evangelizadora estaba fracasando, pero, sobre todo, creció el temor a una posible, aunque no probada, alianza de los moriscos con los berberiscos del norte de África y los turcos, y hasta con los franceses. Pero también es cierto que existía una creciente hostilidad popular hacia una minoría que nunca se integró, en un momento de dificultades económicas. Este sería el contexto en el que se produciría la expulsión de los moriscos en 1609 en el valimiento de Lerma con el rey Felipe III.

La operación se diseñó en secreto con la intención de que fuera rápida, y en varias fases porque se quería evitar que se produjera una sublevación. Los primeros moriscos a expulsar debían ser los de Valencia. En todo caso hubo problemas, pero las autoridades fueron muy diligentes, ya que en casi cuatro meses la expulsión se consumó (septiembre 1609-enero 1610). Después le llegaría el turno a los murcianos y andaluces, y en la primavera de 1610 a los de Andalucía. En el verano se dio un plazo máximo a los castellanos para marcharse.

Tradicionalmente, se ha considerado que esta expulsión provocó una grave crisis demográfica, aunque hoy se matiza bastante esta afirmación porque no afectó a todos los reinos por igual, aunque es evidente que sí repercutió considerablemente en la demografía y la economía valencianas, porque muchos campos quedaron sin cultivar con el consiguiente descenso de las rentas.

La expulsión supuso el capítulo final de la política de unidad religiosa, asociada a la política, que emprendieron los Reyes Católicos y continuaron los Austrias.

Pues bien, reproducimos el texto que el Archivo de la Corona de Aragón nos ofrece sobre este barco lleno de refugiados:

“La llegada del 1 de noviembre de 1610 del barco "La flor del mar", capitaneado por Guillermo Garret, de nación inglesa, al puerto de Alicante con setenta y un moriscos (o granadinos), catorce judíos y treinta musulmanes, habitantes de Argel, con cautivos cristianos, fue uno de los casos con más resonancia. Estos musulmanes, judíos y moriscos argumentaban que habían sido engañados por Garret, que les prometió conducir a Tetuán, donde pensaban comerciar con sus mercancías. Ya en alta mar fueron agredidos por los marineros ingleses -hubo muertos- y les requisaron sus pertenencias. Atracaron en Alicante, donde Garret solicitó un salvoconducto mediante el que el capitán inglés sometía a la esclavitud a las personas que con él se habían embarcado en Argel, y justificaba como acto de "buena guerra" el embargo de sus mercancías. Durante su cautiverio, estas mujeres, hombres y niños fueron maltratados, sin alimentos, ni propiedades, ni posibilidad de defensa, terminando algunos vendidos. En las súplicas enviadas por algunos de estos cautivos se relatan los inhumanos e injustos abusos sufridos, además de detallar qué personas fueron esclavizadas y qué propiedades confiscadas fueron repartidas entre algunos prohombres de Valencia, Alicante u Orihuela. Francisco de Castellví, auditor de causas y negocios del Tribunal de la Capitanía General, viajó a la ciudad de Alicante comisionado por Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, lugarteniente y capitán general en el Reino de Valencia, con el mandato de aclarar lo que sucedió en la nave inglesa. Castellví sostuvo los argumentos del capitán Guillermo Garret; su actuación vino respaldada por una real carta de 19 de diciembre de 1610, donde se confirmaba el salvoconducto y se ordenaba la liberación de los cristianos conducidos con la nave, mientras se disponía que los judíos, musulmanes y moriscos fueran expulsados fuera de las fronteras. Sin embargo, disponemos de los testimonios reiterativos del jesuita Pedro Juan Malonda, que se compadeció de la injusticia cometida contra los argelinos y suplicó la intercesión del Rey, rogándole en un memorial que evitara: “que los ladrones hallan amparo en Su Majestad”, dado que “ay grandes barruentos de que muchos se han untado las manos”. Y de la mediación en contra del capitán Garret del cónsul de los mercaderes ingleses en Argel, Ricardo Allin, así como de las múltiples súplicas dirigidas por los cautivos, denunciando los abusos, la confiscación de bienes y su confinamiento indebido, que consiguieron elevar la causa al Consejo Supremo de Aragón.”

(http://www.culturaydeporte.gob.es/archivos-aca/actividades/documentos-para-la-historia-de-europa/moriscos.html )