Franco murió hace 50 años.

La dictadura duró algo más con el gobierno Arias-Fraga.

La condena a dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, obedece, entre otras causas, a la vigencia tres corporativismos que planean sobre la Judicatura española. Se entiende por corporativismo la primacía de los intereses de un grupo profesional, en este caso los jueces y fiscales, por encima de los intereses generales de la sociedad.

El viento ultra cruza los Andes y proyecta su sombra sobre Chile. Si no median sorpresas, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a mediados de diciembre, significarán una vuelta al pasado. Sin uniformes, sin campos de concentración, sin matanzas oscuras. Pero con el mismo propósito: arrebatar a las clases populares lo poco que recuperaron en tres décadas largas de democracia liberal.

Entre uno y seis meses se establece el promedio de gestación de una sentencia instruida y vista en la sala segunda, de lo penal, según la terminología de adecuación neutra de la costumbre judicial. Según lo cual, entre la sentencia por el asunto por el que se encausó al fiscal general del Estado y el término de lo habitual en el paritorio de decisiones de esta jurisdicción se pueden celebrar aproximadamente tres-cuatro elecciones regionales o autonómicas. Lo que promueve una abundante ecuación con intervención de posibilidades y algoritmos entre sí que producen inquietudes y enumeran preocupaciones en todos los sentidos imaginables. Entre los cuarenta testigos presentados por defensas y acusaciones en el juicio más interesante de los últimos ejercicios, incluido el del procés catalán, que alimentó muchas atenciones de la opinión pública, el de acaso revelación de secreto del fiscal más jerárquico del ministerio público, hay dos estamentos que han brillado sobre todos los demás. O sea, el periodismo y la UCO, unidad de investigación judicial de delitos.

Se trata de una dicotomía llamativa, efectivamente. Pero es la situación a la que nos ha conducido la derecha política, jurídica y mediática en el momento en que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció la comisión de un delito fiscal.

La hostilidad bélica desatada por Donald Trump contra el régimen de Venezuela, encubierta bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, es un error más de este presidente norteamericano, tan partidario de acciones testiculares en detrimento de conductas geopolíticas racionales. ¿Que quiere combatir el narcotráfico? Muy bien. Que haga tres cosas, le dicen los expertos: primera, que movilice el ya existente Servicio de Guardacostas estadounidense, que dispone de más de 247 buques, 204 aviones y aeronaves, así como 48.000 efectivos, policiales y civiles, para guarecer sus litorales del acceso de drogas. El servicio está dotado de funciones policiales y, en casos extraordinarios, militares.

Desde que la Portavoz de Junts en el Congreso habló de cambios en una sesión de control parlamentario, la actitud de este partido ante el Gobierno se ha ido precipitando de manera que todo ha desembocado en una votación de las bases del partido aceptando la protesta de Puigdemont de cortar todo apoyo al Presidente Sánchez y a su Gobierno. Al final, tras la votación de un número reducido de militantes de Junts, la cuestión quedó planteada en términos relativamente claros: los parlamentarios de Junts en las Cortes sólo apoyarán las iniciativas legislativas que favorezcan a Cataluña (como si en Cataluña o en Asturias no hubiese intereses sociales enfrentados y distintos). Cada cual puede pensar de una manera u otra sobre esta decisión de Puigdemont (máxime cuando se justifica en un supuesto incumplimiento del Gobierno que, como es notorio, ha cumplido sus acuerdos con Junts hasta donde ha podido llegar), pero, en todo caso, respondía a una lógica que puede parecer equivocada, pero que tiene un cierto trasfondo.

Los resultados de la semana pasada en las elecciones parciales y locales en los Estados Unidos arrojaron un buen resultado para el Partido Demócrata. O eso es lo que señalaron algunos medios liberales. Otros, no tanto. Un análisis detallado indica que los supuestos “brotes verdes” ante las elecciones de medio mandato del año que viene podrían agostarse antes de tiempo.