Estamos en un mundo en el que la política y los políticos atraen las iras de una ciudadanía humillada, defraudada y sin propósito ni sentido de colectividad. Se ha impuesto la actitud pospolítica o antipolítica, como se refleja en el ascenso imparable de las extremas derechas, las cuales encuentran su mejor ecosistema en la polarización extrema y el uso de un lenguaje desatado, presentándose como los redentores ante unas clases medias atemorizadas y unos sectores populares que se sienten abandonados. En realidad, sin embargo, no hay política si entendemos esta como el espacio de planteamiento y resolución de los grandes retos y conflictos, como el ámbito en el cual se dan curso a las prioridades estratégicas de lo colectivo, en detrimento de la inmediatez de lo puramente individual.

Sorprende la aseveración que se difunde por medios diversos respecto a que un Gobierno en nuestro país no puede hacer su labor si no dispone de una mayoría parlamentaria de manera estable. Porque, de hecho, desde junio del año 2018 y durante más de siete años, en España funciona un Gobierno en estricta minoría parlamentaria.

Uno de los enigmas que oscurece la fatigante realidad política española se configura en torno a la pregunta de por qué motivo el Partido Popular ha tardado tanto tiempo en mantener a Carlos Mazón (Alicante, 1974) como president de la Generalitat levantina. Y ello, por el presumible desgaste electoral y de legitimidad moral que tal demora va a acarrear, sin duda, al partido de la gaviota azul y a ese barón regional del PP, alicantino, licenciado en Derecho, anteriormente dedicado a la canción moderna en el grupo musical Marengo, como bagaje curricular diferencial.

La comparecencia del Presidente Sánchez ante la llamada “Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme” ha transcurrido como previmos en el anterior artículo (“La comparecencia del Presidente Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado”, Sistema Digital, 22 de octubre de 2025). Confieso a los lectores que cuesta mantener la serenidad ante un hecho tan grave y tan destructivo como han sido las intervenciones de los Senadores del Partido Popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro, que comportan una grave actuación dirigida, no contra el Gobierno, contra su Presidencia o contra el PSOE, sino contra la democracia en este país.

En la política, como en las demás facetas de la vida, se puede acertar y se puede fallar. Se puede actuar conforme a unos valores u otros. Aciertos, desaciertos y valores están sujetos a discusión y se discuten. Pero hay un límite en el comportamiento aceptable de una persona. Y cuando se traspasa ese límite, se cae en la indignidad.

La economía internacional empieza a mostrar signos de desaceleración tanto en el consumo como en la inversión y el empleo, con previsiones de crecimiento a la baja por los conflictos bélicos, la incertidumbre política y las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos desde la toma de posesión de Donald Trump. En este contexto, nuestro país mantiene un crecimiento bastante firme, ya que el mercado laboral crea más empleo que nunca, aunque no suficientemente para absorber a toda la población activa. En el tercer trimestre se ha alcanzado un récord de ocupación histórica y se está consolidando la estabilidad del empleo, pero el desempleo repunta ligeramente y los avances en la calidad del empleo son aún insuficientes especialmente entre jóvenes y mujeres.

El recetario ortodoxo se retoma con fuerza. Bajar impuestos sobre todo a los ricos, equilibrar las cuentas públicas –es decir: recortar en servicios sociales, en sanidad y en educación– e ir hacia procesos mayores de des-regulación económica en todos los mercados. Se está apreciando esto en declaraciones firmes de dirigentes europeos, que advierten –casos de Alemania y Francia– que el Estado del Bienestar tal y como lo entendemos hasta el momento, es insostenible. El error es monumental; y esto no es una opinión: la historia económica revela que tales propuestas han significado penalizar la productividad, el desarrollo económico y el bienestar de la población. Con datos, con cifras. Sin demagogias ni orientaciones ideológicas. Es, por tanto, la reducción del gasto social. Pero, ojo, no así del militar: desde Washington se nos exige llegar al 5% del PIB, un límite que significa sacrificar precisamente todo lo social a lo militar. Sin que se llegue a apreciar las ventajas de ese 5% (una magnitud aleatoria: ¿por qué no el 4% o el 3%?). Bueno, sí: el gran beneficiario es el complejo industrial-militar de Estados Unidos. La Comisión Europea debería salir ya de la genuflexión: hay detrás casi 500 millones de consumidores. Masa demográfica potente.

Carles Puigdemont, personaje público de primerísimo nivel en la sensibilidad de la polarización de la segunda y tercera década de esta primera centuria del tercer milenio, ha decidido decir basta. En 1995, el portavoz de CiU, Joaquim Molins, miró directamente a Felipe González y dijo “así no podemos continuar”. Y pasó lo que pasó. González mandó parar y Aznar hizo exactamente lo contrario. Ahora Sánchez quiere la consideración del canciller alemán Merz para con el catalán, es decir, quiere una alianza exterior en la defensa de la lengua vernácula, un auxilio objetivador en lugar de la extravagancia del “catalán en la intimidad”, del ahora presidente de FAES.