A vueltas con las políticas activas de empleo

Para los más jóvenes, se proponen programas de primera experiencia profesional, por la cual se plantean actuaciones de los servicios públicos de empleo y de itinerancias personalizadas para conseguir colocar a 200.000 jóvenes antes del año 2028 en un primer empleo.

Para ello el Ministerio propone implicar al 80% de los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, para que lleven adelante este programa. La propuesta quiere conseguir que el 75% de las contrataciones sean a jornada completa y que más del 60% duren como mínimo 12 meses.Este objetivo viene acompañado con la intencionalidad de que el 100% de los jóvenes inscritos en los servicios del SEPES puedan recibir una oferta de empleo, formación o prácticas en un tiempo máximo de cuatro meses desde su inscripción. El programa tendrá una duración hasta el 2028.

Esto conllevará la asignación de un orientador que hará su diagnóstico sobre las capacidades del joven, sus aptitudes y sus motivaciones, de las cuales hará un seguimiento continuo hasta la consecución del empleo.

Para los mayores, parados de larga duración con más de un año en el paro, el mencionado documento recoge una serie de propuestas entre las cuales está, la contratación de 3.000 orientadores para asignar a cada uno de estos demandantes de empleo una ayuda para gestionar su situación. Recuperar a los mayores con experiencia laboral previa y facilitar su transición a sectores con demanda, es otra de las medidas, y realizar programas de orientación laboral y específicos para mujeres.

La reacción de los sindicatos (CC.OO y UGT) ante estas medidas ha sido positiva con muchos matices. El primero, evitar que por esta vía se cuelen nuevas formas de precarización. Para ello, el programa debe fijar una duración mínima de un año de contrato a jornada completa y el “contrato formativo para la obtención de la práctica profesional”, se haga bajo la supervisión de un tutor y no sirva para cubrir puestos estructurales a menor coste.

La colaboración con ayuntamientos y entidades sociales no debe convertirse en una fuente de empleo temporal sin una previsión de inserción laboral posterior.

La inscripción en el SEPES como obligación para estas actividades puede ser una barrera, por lo general, los jóvenes no se registran como demandantes de empleo en este servicio. Además, la falta de personal para la orientación personalizada puede convertir la medida en papel mojado si no hay ampliaciones de plantilla para estos trabajos.

Este programa de “primera experiencia”, debe regirse por la vía estrictamente laboral (contratos con derechos, cotizaciones completas y salarios ligados a convenios o al SMI) lo cual supone diferenciarse de las prácticas no laborales, reguladas en el estatuto del becario.

La franja de 16-24 años planteada por el Ministerio para acceder a este programa de “primera experiencia” no es real, según los sindicatos; la inserción en la vida laboral se ha alargado y eso hace que se debería prorrogar hasta los treinta años el acceso.

Las valoraciones de las patronales se desconocen, ahora bien, las propuestas deberían ser bien recibidas, con las alegaciones que cada organización vea, pero reconociendo que son medidas que inciden en sectores que sustentan el paro estructural de nuestro país y que es muy necesario atajar.