¿Elecciones expropiatorias?

Hoy ya no sabemos qué decir sobre el asunto. Ni programas ni seguimiento de si se cumple mínimamente lo prometido dentro o fuera de ellos. Ni siquiera si hay la más mínima coincidencia entre lo que el ciudadano necesita y lo que realizan los encontrados gobernantes. Es más, ni las siglas son ya orientativas.

Estamos asistiendo a movilizaciones justificadísimas que nos provocan impresiones encontradas: por una parte, esperanza; a la vez desconfianza por las fechas casi preelectorales (o proelectorales), con el añadido de que el problema de la vivienda no es nuevo. Incluso ha habido suicidios sin que se hayan habilitado soluciones ni en los feudos gubernamentales ni en los gobernados por la leal oposición.

Si recordáramos el mayo francés (1968) veríamos que los resultados obtenidos fueron distintos a lo pretendido, o lo pretendido por una parte. A cambio de algunas reformas (importantes pero insuficientes) se consiguió la caída de De Gaulle, quien había provocado una ruptura en el seno del atlantismo (1966). Retirar las tropas francesas del mando unificado de la OTAN y expulsar de su territorio las bases estadounidenses fue demasiado para el orden estratégico. ¿Le sucedieron los actores sinceros de la movilización? No, le sucedió un gaullista realista. Ya en aquellos tiempos tenían más fuerza los adjetivos que los propios sustantivos, evaporizados por la confusión. Georges Pompidou, designado nuevo Presidente de la República tras su victoria electoral (1969), dio marcha atrás a la política del general y optó por un acercamiento realista. La Declaración de Ottawa (1974) se encargó de ello.

Uno de los héroes del movimiento del 68 fue un anarquista llamado Daniel Cohn-Bendit, luego eurodiputado, macronista de pro, con doble nacionalidad y nada pacifista. Su libro “El Gran Bazar” causó en su momento un gran escándalo por su justificación de la pedofilia. De Petra Kelly sólo queda la desmemoria.

Con lo antedicho sólo proponemos que, al calificar políticamente cualquier asunto, nos planteemos todas las posibilidades, aunque sean contradictorias. La verdad (qué palabro) es como un tablero de ajedrez con inseparables casillas blancas y negras. ¿No es esta, en definitiva, la base de la dialéctica? Esto, y no perder de vista quiénes son los permanentes sufridores. Mientras el lenguaje político cada día levita más (junto al de los ex grandes gobernantes), a ellos se les hunde progresivamente en el subsuelo social. Siendo evidente que estamos ante un proceso involutivo, es tiempo de preguntarnos qué pasará de no reaccionar adecuadamente. Porque este híbrido de lo similar no promete un cambio de rumbo sustancial.

¿No hablaba Aznar de “un contrato con [¿no sería mejor 'entre'?] los ciudadanos”? En el actual sólo hay un pagano. Además, ¿dónde está el juez imparcial que vigile su cumplimiento? Por su parte, Felipe González aseguraba hace poco que “hoy tenemos mucha mejor sociedad que política. Los antiguos, los de mi generación, éramos la generación de los pactos de la Moncloa, de la reconciliación, de la Constitución… Y la gente tenía la esperanza de que el país iba a cambiar”. Frase memorable por su enjundia. ¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa? Una cosa es que te ahorquen a la fuerza, y otra que ahorcar sea bueno para el reo. González no es precisamente un Demóstenes. ¿No será que este es el fruto del árbol envenenado? A los compañeros que decían que había que enderezar al árbol mientras era joven, que sería imposible después, los apartaron.

Olvidando a estos eméritos destronados, lo cierto es que los partidos nunca abordan el núcleo de los problemas; sólo corretean a su alrededor. Su situación se complica además por ser simultáneamente gobierno y oposición; es decir, que sus críticas les rebotan indirectamente. ¿Se ha solucionado o atenuado en alguna comunidad autónoma el problema de la vivienda? El artículo 148.1.3 les adjudica competencias exclusivas en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Algunos ayuntamientos sí las han encontrado.

Hay en el extranjero (algo que nos ha sorprendido) cientos de ex altos cargos de distintas administraciones y naciones que aprovechan la libertad de su independencia para opinar en uno u otro sentido, haciendo un importante servicio de clarificación a su país. Nuestros ex no alcanzan ese nivel. Más honrado y efectivo que la grandilocuencia jactanciosa sería desvelar las limitaciones que les impuso el sistema, y convertir al ciudadano en aliado necesario frente a presiones fácticas cuya procedencia incluso sobrepasa el ámbito nacional.

Ya hay juristas, por ejemplo, que aseguran que el bi-decreto provocará una limpieza de pequeños propietarios; que asfixiados por la morosidad, venderán barato. Mientras tanto, los buitres planearán durante el enigmático plazo de dos años para que el campo quede diezmado. Entonces se lanzarán sobre los saldos.

La leal oposición se opone: “Ocho años sin rumbo en vivienda no se arreglan con un decreto de última hora”. Cierto. Pero, ¿por qué ocho años, y no doce, dieciséis, veinte…? Es la primera vez que la oposición se crispa porque sus oponentes no les hacen la labor. ¿Por qué ellos no lo hicieron antes, o ahora en sus comunidades? ¿Qué significa la LISTA en Andalucía? ¿No flexibiliza y abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a los buitres? ¿No beneficia a los grandes promotoras, que pueden comprar barato y vender viviendas con altos márgenes de beneficio?

La cuestión es que a este paso no va a quedar títere pobre con cabeza. O los ciudadanos se enteran y los canales de comunicación que intentan ser “la voz de los sin voz” (lema animalistas) alertan sobre la tercera ola de desapoderamiento que nos viene, o aquí la discusión no va a ser sobre inmigración, sino sobre emigración. ¿El “ombudsman” salvífico? Treinta y ocho mil expedientes haciéndose el sueco.

¿Alarmismo? Hay datos que nadie quiere recordar. El primero: por qué, entre 1995 y 2025 (treinta años) lo salarios subieron un 6% mientras que el coste de la vida lo hizo en un 102% (1). Curiosamente, donde más han subido los salarios es en los países no sujetos al euro.

Subir las pensiones un 2,7% es un éxito si se compara con el 0% en 2011 y el 0,25% entre 2014 y 2017. En una pensión media de 1000 euros eran 2,50 euros (dos cervezas a precios de entonces). ¿Hubo ejemplar reciprocidad? Sí. Gobiernos, autonomías y municipios se aplicaron el cuento. Sólo que no es lo mismo que llegue el agua al labio superior a que lo haga al tobillo. Sin embargo, nada más estabilizarse la economía, recuperaron el terreno perdido, cosa que no ha ocurrido con el ciudadano corriente. Esto sin preguntar si el IPC va realmente al supermercado.

Si el salario real fuera digno no habría problemas de vivienda ni de sanidad ni de escolaridad… ni quizás de inmigración. Curiosamente, quienes se oponen a las subidas mínimas de un raquítico SMI cobran más de 400.000 euros anuales (desde 2019). Les preocupan las pymes, dicen, a ellos, que permiten su saqueo por las grandes corporaciones. Entre los años 2019 y 2024, cerca de 50.000 tiendas de barrio han desaparecido.

El problema de la vivienda ha tomado cuerpo, tal como si fuera nuevo. ¿Por qué, si el suelo es público (populus, res populi, res publica) no se construyen viviendas para su constitucional y obligada protección? Hay pueblos que articulan su política de vivienda alrededor de un plan municipal que recoge las necesidades reales, las planifica y las registra públicamente para atender, mediante baremo, los casos más necesitados. El metro cuadrado de vivienda construida en uno de ellos no pasa de los 900 euros, cuando la media nacional queda entre los 3.000 y 3.400 euros.

¿Dónde radica el problema, según determinados conocedores del asunto? En que ayuntamientos y comunidades autónomas lo gestionan de forma restrictiva. El 95,7% de nuestro territorio está calificado por ley como no urbanizable o rústico. Pero no es una medida ecológica. Prohibir la construcción en ese suelo provoca una diferencia de precio con el urbano que puede alcanzar cien o doscientas veces su valor. Controlar la escasez del suelo edificable otorga un gran poder político y financiero a quienes deciden dónde se construye. La lentitud administrativa, más otras prácticas respecto al 5% restante, disparan el precio tanto de compra como de alquiler. Aparte, ¿por qué no se repuebla el campo vaciado con aquello que la ciudad no pueda absorber? ¿Lo impide Europa? ¿No será que sus ayudas sólo favorecen a los grandes terratenientes y a la agricultura intensiva industrializada, haciendo inviable vivir exclusivamente del campo? ¿Y los europeístas de otra Europa criticamos sin razón?

En la Unión Europea la vivienda social ronda entre el 7% y el 9%. En España apenas llega al 1,5%. Durante décadas, el suelo público residencial se vendió a promotores privados o se descalificaron las viviendas protegidas, pasando al mercado libre. Esto no quiere decir que el 9% europeo no sea vergonzoso. Holanda alcanza un 30%.

Se proponen muchas medidas, pero dos resaltan en la línea de lo dicho: adecuar el precio oficial de la VPO a los costes reales de construcción, para que las licitaciones no queden desiertas, y prohibir por ley la futura privatización del parque público (¿nadie recuerda lo ocurrido en Madrid?).

Ocurrirá lo mismo con los conflictos de las Sras. Von der Leyen y Kallas? ¿Ochocientos mil millones para un conflicto evitable? ¿Una vuelta de tuerca más a nuestro empobrecimiento? ¿Hasta el último de nosotros (no de ellas y ellos, que han de sobrevivir como élite pensante)? Otros iluminados proponen aquí que nos impliquemos en los problemas del Sahel (no del Sáhara). ¿Habremos de defender los intereses de Francia, en maniobras navales con Marruecos?

¿No estamos escaldados? El Mercado Común nos obligó a desmantelar nuestra soberanía industrial. ¿Para que nos arrastraran en su caída? La UE desde 1995 ha cedido un 36% de su peso en la economía mundial. Mientras en 1995 representaba el 25% del PIB mundial, hoy apenas llega al 16%. Los números sí cuadran: difieren la bajada en puntos porcentuales y la caída en porcentaje relativo.

Antes de ingresar en el Mercado Común, España destacaba mundialmente como una potencia industrial pesada y manufacturera, liderando construcción naval, producción de automóviles, siderurgia y maquinaria de precisión. La reconversión industrial desmanteló astilleros y siderurgia mediante cierres masivos; a la vez, se privatizaba la automoción y se obligaba a la maquinaria de precisión a especializarse para sobrevivir en el mercado europeo.

Esta reconversión benefició a Alemania y a Francia, que eliminaron a un competidor importante en astilleros y acero; a su vez se sustituía nuestro mercado automovilístico interno. La reconversión también benefició al norte de Europa, consolidando la producción naval de Holanda y de Dinamarca. Tuvimos que abrir nuestro mercado a la tecnología pesada sueca y británica. Las multinacionales suecas sustituyeron parte de lo que nosotros producíamos. La venta de sus camiones y maquinaria se multiplicó, eliminadas las barreras aduaneras de un mercado español desindustrializado. Pasamos de exportadores de bienes manufacturados a consumidores de tecnología extranjera. Hoy varios de los causantes se atreven a levantar la voz y hablar ex cátedra, olvidando cínicamente el origen del mal.

Cuando falla la legitimidad electoral (hablamos de Europa), lo único que puede suavizar su ausencia son los resultados. Hoy los ciudadanos deberían preguntar por ambos extremos, y por qué se les tiene al margen de decisiones que sólo les corresponde a ellos mismos. Somos invitados en nuestra propia casa. Una especie de ocupas. Otra pregunta pertinente es por qué ahora todos salen del silencio y alborotan, cuando han tenido la posibilidad de transformar lo que denuncian ahora. ¿Se trata de derrocar a De Gaulle para sustituirlo por Pompidou?

Incluso la cuestión numérica es menos importante que la moral. No se trata ya de gestores que han errado, sino de gestores que han patrimonializado sus países. Puede haber errores, pero han de ser aclarados hasta el último extremo, no parlotear sin encadenamiento histórico. Círculo cerrado de notables; y el resto, ajeno a su propia expropiación.

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs).

Qué vergüenza, luchando por el catalán mientras la UE sólo publica en inglés, alemán y francés.