Sicofantes, querulantes e inquisidores

Se trata de una posición que el PP viene manteniendo desde hace tiempo, sin tener en cuenta que tal tipo de “politización” de la Justicia no solo genera un problema de carácter institucional para el buen funcionamiento de la Justicia, como pieza clave del Estado de Derecho, sino que también es una fuente de problemas y dificultades de movilidad profesional para la gran mayoría de los jueces y juezas que pretenden cumplir de la mejor manera posible su función.

Peligros de la politización de la Justicia

La senda que están siguiendo las derechas españolas en el campo de la Justicia es especialmente inquietante, en la medida que se la pretende utilizar como arma de presión e intimidación en la Sicofantes, querulantes e inquisidores dinámica de la competencia partidaria. Algo que no es nuevo en la historia social.

Las derechas están recurriendo a las artimañas y prácticas propias de los sicofantes, los querulantes y los inquisidores porque piensan que en España no pueden alcanzar mayorías parlamentarias mediante un debate limpio sobre programas, propuestas y líderes. 

Desde los mismos albores de la democracia en las ciudades-Estado de la Grecia clásica, existen evidencias de que los esfuerzos por garantizar un sistema de Justicia eficiente y equitativo acabó dando lugar al surgimiento de un tipo de personajes –los sicofantes– que terminaron haciendo de su función defensora o acusadora una profesión remunerada, que evolucionó hacia una práctica extorsionadora y corrupta, hasta acabar siendo abolida por razones de salud pública.

Los sicofantes encontraron en su función acusatoria no solo un modo de vida, sino una forma de extorsionar a aquellos que podían verse desprestigiados y atosigados en procesos acusatorios sobre cuestiones que desconocían y en las que los sicofantes buscaban la forma de acusarles de algo (?). Y sabían que si querían evitarse aquel tipo de acusaciones sin fundamento solo tenían que ceder en lo que el sicofante les pidiera –a favor suyo o de terceros–, o abonarles una cantidad de dinero adicional a la que la propia ciudad-Estado pagaba en cada causa a los siconfantes por ejercer funciones relacionadas con la impartición práctica de Justicia.

Al final, la propia expresión de sicofante (o sicofanta) adquirió un sentido negativo en la Grecia clásica, como sinónimo de extorsionador e instrumentalizador (torcido) de la práctica judicial.

Los nuevos querulantes

Con posterioridad a la experiencia de los sicofantes, en nuestras sociedades se han dado también otras prácticas desviadas e incorrectas de ejercicio de la función judicial, especialmente por parte de personas o asociaciones que han abusado de la práctica de la denuncia y de los litigios en los tribunales. Se trata de aquellos que utilizan la Justicia para dirimir todo tipo de discrepancias, enfados y problemas, tengan o no tengan estos una base jurídica legítima.

En este caso, estamos ante ejemplos de cómo se pueden utilizar recursos y procedimientos jurídicos para abordar conflictos de intereses, discrepancias y problemas que solo tienen una base política, y que pueden estar originados por otro tipo de cuestiones de carácter civil. Lógicamente, siempre con una pretensión intimidatoria y de presión.

Creo que casi todos hemos tenido ocasión de conocer en la vida cotidiana a algún vecino, compañero/a de trabajo o persona cercana que se pasa la vida litigando, y que reacciona airadamente ante cualquier asunto que le afecte, o piense que le pueda afectar. Se trata de personas con propensión al litigio, incluso hasta padecer un auténtico síndrome de delirio querulante, que puede llegar a requerir tratamiento médico profesional.

Judicialización de la política

Un problema importante en las sociedades actuales es que algunos líderes y partidos políticos se están deslizando hacia la utilización sistemática de las prácticas querulantes como arma política, y como pivote primordial, en el ejercicio de su labor opositora. En España el caso del PP y de VOX es bastante paradigmático a este respecto, hasta el punto que están llegando a sustituir el debate y la confrontación ordenada sobre programas y propuestas políticas diferentes por el ejercicio de la querulancia. Esto fue lo que hicieron en el caso de Felipe González y su gobierno, que acabaron acusados por todo tipo de causas en los tribunales. Aunque el que padeció entonces dichas persecuciones ahora parece no recordarlo. O no valorarlo. Y lo hicieron también con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque este sí lo recuerda y actúa en consecuencia. Y lo están haciendo, de manera auténticamente estrepitosa y abusiva con Pedro Sánchez.

Parece que algunos no han entendido que las prácticas propias de la Inquisición están proscritas en los actuales Estados de Derecho. 

Tal manera de proceder puede acabar dando lugar a una patologización de la vida política –el famoso “embarrado”– que tiene su origen en frustraciones políticas de perfiles muy claros. Como recordó a posteriori uno de los más lúcidos urdidores del acoso organizado por el “sindicato del crimen” cuando determinadas fuerzas de la derecha “comprendieron” que era muy difícil vencer limpiamente en las urnas al PSOE liderado por Felipe González. Con el consiguiente deslizamiento de la acción política opositora hacia una estrategia de guerra sucia, con denuncias en los tribunales y, en definitiva, con la práctica de la querulancia pura y dura, que pudo llegar incluso a poner en riesgo la propia seguridad del Estado español, como reconocieron a posteriori algunos de los implicados en dicha “conspiración”.

Las razones profundas de tal deslizamiento hacia la querulancia como arma política nos remiten a ciertos elementos de la realidad sociológica actual que en España no facilita que las derechas tengan apoyos suficientes como para gobernar en base a mayorías parlamentarias, obtenidas en procesos de competencia electoral limpios y claros. Algo que las derechas españolas constataron nuevamente en las elecciones generales de julio de 20231.

A partir de dicha dinámica y de tales antecedentes, las derechas españolas tienden a centrar su acción opositora no en intentar demostrar la bondad o la mayor idoneidad de sus propuestas programáticas y sus iniciativas (alternativas) de gobierno, sino en la destrucción personal del líder actual del PSOE, Pedro Sánchez. Exactamente igual que antes intentaron hacer con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero, y a otro nivel con diversos líderes territoriales, caracterizados por ser personas honradas a carta cabal.

El último ejemplo del despliegue de tal tipo de estrategia querulante lo hemos tenido en España con las últimas elecciones europeas, en las que el PP concurrió inicialmente sin un programa específico (sic), por sorprendente que parezca, y donde parecía que su único programa era echar a Pedro Sánchez de la Moncloa como fuera (a lo que VOX añadía que “a empujones y gorrazos”) y, a la vez, procesar y meter a su mujer en la cárcel, sin explicar por qué motivo concreto era merecedora de causa penal alguna. Y en eso continúan.

¡La inquisición rediviva!

En la medida que uno de los clichés más peyorativos que se tiene sobre la España negra del pasado se relaciona con la crueldad y la radicalidad de la Inquisición patria, no deja de ser sorprendente –casi freudiano– la manera en la que ahora el PP y VOX están constituyendo Comisiones parlamentarias inquisitoriales de facto, a través de la cuales intentan ver si “encuentran algo punitivo” (?) contra personas o instituciones a las que han puesto en su diana. A veces no se sabe ni siquiera muy bien por qué.

El caso de Begoña Gómez es bastante evidente y prototípico de tal forma inquisitorial de proceder, que entronca con la labor de los sicofantes, los querulantes y los viejos inquisidores patrios. Es decir, se abre una causa contra una persona a la que se acusa de algo que no se precisa, ni se comunica, ni se sabe en qué puede consistir. Aunque, como sostenían los temidos inquisidores de antaño: “muy bien saben los propios acusados de qué se les acusa”.

Y por ese procedimiento, y con esas inculpaciones “ocultas”, que ni siquiera comunican a la “acusada”, a la que se infiere la correspondiente pena de “banquillo”, intentan destrozar la reputación de una persona que ha estado dedicada profesionalmente a defender causas solidarias y a formar profesionalmente a personas que puedan colaborar en tal tipo de iniciativas.

Yo mismo, como Presidente del CIS –solo por este motivo– me estoy viendo sometido a la dinámica acusatoria-investigadora de una Comisión constituida en el Senado, para que en palabras de la portavoz del PP se “investigue” (sic) si hay causa penal por la realización “con fondos públicos” de unas encuestas que no son del agrado del PP.

 El PP no gobierna porque no tiene votos suficientes como para formar gobierno y no porque lo digan las encuestas del CIS, que no son de su agrado.

Partido que, por cierto, continúa sin acceder al gobierno. No porque lo digan las encuestas del CIS, sino porque no tienen –en la realidad concreta– votos suficientes como para formar gobierno. Y ahí continúan.

Pero, lo más llamativo es que a esta pretensión de montar una especie de “causa general” contra las encuestas del CIS, los portavoce del PP añaden a veces elementos adicionales de confusión en sus informaciones sobre la “Comisión Tezanos” del Senado. “Y a ver – dice– si encontramos otras cosas constitutivas de delito que pensamos que ahí puede haber”. O decir también: “Y es ahí donde va a investigar el PP. La primera de las cuestiones, pues posiblemente sea una malversación de caudales públicos, pero creemos que va mucho más allá. Y eso es lo que queremos que se investigue”. Por lo que, si piensan que ha podido cometerse algún delito en el CIS, lo que deberían hacer, obviamente, es entregar las pruebas que tengan en un Juzgado para que el poder judicial proceda, si lo estima necesario (fundado). Pero lo que no pueden hacer es constituirse ellos mismos en el Senado como una especie de instancia judicial general “a ver si encuentran algo”, ya que esa no es una función parlamentaria. Aunque eso era algo que a los viejos inquisidores de la España rancia y oscura no les preocupaba lo más mínimo, imbuidos como estaban de que el maligno lo es por esencia, como todos sus malvados seguidores.

Tal como están evolucionando las cosas, la verdad es que no sé muy bien si algunos líderes y lideresas de las derechas tienen claro lo que sig- nifica realmente el Estado de Derecho y la división de poderes. ¿Acaso están tan convencidos de que no van a poder ganar unas elecciones de manera limpia y transparente, con su programa, sus propuestas y sus candidatos, sin necesidad de sicofantes, querulantes e inquisidores? ¡¡¡Qué la fortuna nos guarde de los Torquemadas de turno!!!