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El momento de la irrupción judicial


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El vaivén de sintagmas de “judicialización de la política” y “politización de la justicia” está aquí de nuevo con vocación de permanencia si es que alguna vez se ha ido. A nadie se le oculta que sin los calambrazos de la instrucción del titular de la Audiencia Nacional, García-Castellón, con la apariencia de oportunidad dirigida en coincidencia con los progresos de la ley de amnistía, las disrupciones de Junts no se hubieran producido.

La investidura de Pedro Sánchez fue alumbrada con la condición resolutoria de la amnistía como una realidad para los agentes en vía directa o auxiliar del procés. El equilibrio de los tres poderes clásicos sobre los que bascula la estabilidad de las sociedades democráticas no puede escapar a los balanceos de alguno de ellos hacia una extralimitación de sus facultades y poder factual.

Las declaraciones de Teresa Ribera sobre el instructor Castellón, las manifestaciones de Ione Belarra sobre el mismo representante de la justicia institucional cuyos trabajos de búsqueda y calificación delictiva de Podemos luego desactivados por instancias superiores, la voz de González Pons con acusación de trazo muy grueso sobre los apriorismos del Tribunal Constitucional, máximo exponente de la interpretación de la ley de leyes, permiten sostener que el papel del poder judicial mantiene una posición en clave protagonista en el funcionamiento del Estado, en permanente tensión cuando se dan condiciones extraordinarias de producción en los sectores ejecutivo y de creación legislativa.

En este mismo sentido de significación pública del estamento judicial, Bruselas como referente arbitral de la Unión Europea ha reunido a PP y PSOE como partes litigantes en un contencioso envainado como problema que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde el partido socialista exhibe rostro de defensa y reflexión de Estado frente a la trapacería obscena del Partido Popular, favorecido por la astucia tramposa de la ventaja vulgar de una mayoría que entorpece excepcionalmente el funcionamiento del gobierno de los jueces.

Si bien la consolidación de las posiciones del instructor García-Castellón entienden de un asunto de excitación como lo ha sido desde 2017 la pugna política por la idea territorial del Estado español, la perversión que supone anquilosar la maquinaria del gobierno judicial no es más que un atentado que debería encontrar una solución por parte del principal partido de la oposición, entregado a generar el respeto de las reglas de juego con abandono del filibusterismo más propio de prácticas del parlamentarismo del siglo XIX.

El último término de una disputa con necesidad de intervención de la justicia determina con la fuerza de la sentencia las diferencias y enaltece en el postrer final la intervención de la judicatura, pero hasta la desembocadura germinan intervenciones, como es el caso de la instrucción, en cuya parada se halla el momento procesal en el que ha encallado la divergencia entre los poderes sintomáticos del Estado democrático. ¿Se puede hablar de desafío entre poderes o es, por el contrario, la representación higiénica de la sanación de abusos del poder político?

Las reacciones políticas a la potencial beligerancia judicial generan a su vez sendas interpretaciones que reproducen el problema de origen. No otra cosa es lo sucedido en la votación del dictamen de la Comisión de Justicia a propósito de la ley de Amnistía, con gradaciones distintas a la acción instructora de la Audiencia Nacional. La evaluación del trabajo previo de la instrucción revelará la respuesta o bien a lo grande, ante la Historia, como reconocía Zweig de la reina María Antonieta camino de la guillotina liquidadora; o bien, en registro de ajuste melancólico, a lo Cesare Pavese, en “El oficio de vivir”, definido como “padecer una injusticia es una desolación tonificante, como una mañana invernal”.

 

Periodista (Ciencias de la Información, Univ. Complutense de Madrid), colaborador en distintas cabeceras (Diario 16, El País, Época, El Independiente, Diario de Alcalá), miembro del Patronato de la Fundación Diario Madrid.