El blanqueo de la ultraderecha y la política exterior

La única excepción a esta ausencia de política era hasta hace bien poco su seguidismo de la política exterior norteamericana, en particular la de las administraciones de mayoría republicana, y su atlantismo como única guía de política internacional, sobre todo en asuntos relativos a América Latina, concebida como patio trasero de los EEUU y de los negocios compartidos con las multinacionales españolas, y compartiendo por otra partela primacía de los intereses geoestratégicos norteamericanos en los conflictos de los países de Oriente Próximo. Incluso aunque ésta entrase en contradicción con la mayor parte de nuestros vecinos, con la comunidad internacional o con la propia Unión Europea, como ocurrió en su momento, de forma tan evidente como trágica, en la invasión y posterior destrucción del Estado iraquí. Sin embargo, desde el final del gobierno Trump y a partir de la llegada de Biden a la presidencia, y sobre todo con Borrell al frente de la política exterior europea, a la derecha española parece que ya solo le queda la estrategia político militar de la OTAN como única referencia de política exterior y no de toda. Lo acabamos que comprobar con el reciente asalto a las instituciones democráticas brasileñas por parte de los ultras del bolsonarismo, como también tuvimos oportunidad de verlo hace dos años ante el asalto al Capitolio por los seguidores de Donald Trump. También en el último año con respecto a la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. En todos estos casos, más allá de las declaraciones tópicas sobre la defensa de la soberanía y de la integridad de las instituciones democráticas, junto a los buenos deseos de resolución pacífica de las crisis, lo fundamental ha sido su instrumentalzación para hacer de ellos un ariete de la oposición interna a los gobiernos de turno de la izquierda.

Así, hace dos años, la reacción ante el asalto trumpista del Capitolio fue compararlo con la convocatoria de la concentración ciudadana de rodea el Congreso en la investidura de Mariano Rajoy, poniéndo al mismo nivel dos hechos totalmente diferentes. Ya que solo desde la ceguera del sectarismo político se puede comparar la mencionada movilización, que según la sentencia judicial que finalmente archivó la causa para los cinco imputados "en modo alguno pretendían invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento del Congreso, insistiéndo en el carácter pacífico de la misma", en contraste con cualesquiera asaltos violentos a las instituciones democráticas con el objetivo de impedir por la fuerza en un caso la validación o en otro la aplicación de los resultados electorales.

De igual modo, con respecto a la invasión y la guerra de Ucrania, la obsesión de la derecha española ha sido tan solo sacar tajada de la división en el seno del gobierno de coalición en materia de política exterior, tanto con respecto a la fórmula europea o también directa para el envío de armas, como en relación a su diferente posición con respecto al compromiso dentro de la OTAN. Algo similar a lo ocurrido en relación al inesperado viraje del presidente Sanchez con relación al referéndum de independencia del Sáhara Occidental en pro de la defensa de una supuesta autonomía. Una utilización que no ha ha logrado esconder el acuerdo de fondo de la derecha con el reino de Marruecos.

En el último caso del asalto a las principales instituciones de la democracia en Brasil, el PP ha añadido incluso la más rabiosa actualidad de política interna, aludiendo a la reciente supresión de la sedición en el código penal, que según sostiene el PP ha dejado al Estado español poco menos que inerme y desguarnecido, tan solo con el delito agravado de desordenes públicos como única sanción ante hechos similares que se pudieran producir en el futuro. En definitiva, de nuevo se trata de una instrumentalización interna y de otro lado de una comparación ta abusiva como falsa por la que ignora el mantenimiento en el actual código penal, tanto de los delitos contra la Constitución como en particular del delito de rebelión, ambos castigados con graves penas de prisión.

Aunque, desde luego, en ambos casos, no se ha escuchado ninguna condena de la ultraderecha como protagonista primero de la deslegitimación electoral y luego del asalto a las instituciones democráticas. Tampoco en apoyo al legítimo presidente electo Lula da Silva. Por eso, los hay que ponen la carga de la prueba en Lula y su capacidad para enfrentar la polarización del país. Otros barren para casa a rodea el Congreso o a la reciente supresión de la sedición. Pero tanto unos como otros coinciden para evitar la condena o atribuir el asalto a la deslegitimación de los resultados y de las instituciones, tan propias de la ultraderecha. Porque no vaya a ser que los hermanos separados de la ultraderecha patria se enfaden y no den su voto, o en su defecto su apoyo, a un futuro gobierno de las derechas, para que la fraternidad vuelva como en su momento se dio en Castilla y León. Quizá porque también forman parte de la estrategia con la que coquetea la derecha desde los atentados del 11M y de forma más clara a partir de la moción de censura que los desbancó del gobierno en 2018.

Todo sea por recuperar la mayoría y para ello continuar con el blanqueo y el apaciguamiento de sus hermanos separados de la ultraderecha.