Perú: una crisis anunciada y un futuro incierto

Cierto es que, a pesar del entorno de permanente crisis política, Perú ha conseguido en el nuevo siglo un largo período de relativa estabilidad económica con crecimiento, que al contrario de lo que postulan las teorías económicas neoclásicas no ha derramado sus beneficios sobre las clases populares. La crisis política recurrente es en parte una herencia de la reforma constitucional de ex presidente y hoy presidario Alberto Fujimori, que otorgó mayor peso al Congreso y debilitó al Ejecutivo, un reparto curioso para un sistema presidencialista, pero en el cual el ex primer magistrado confió en virtud de su dominio sobre el Parlamento, algo que sus sucesores en el poder nunca lograron.

Por supuesto que esa no es la única causal de inestabilidad política. También encontramos en Perú los problemas comunes a toda la América Latina: altos niveles de pobreza y consecuente insatisfacción con las respuestas que puede dar el sistema; la crisis recurrente de los partidos políticos tradicionales y la diferencia persistente entre lo que el desarrollo y el progreso económico pueden brindar en términos materiales respecto de las expectativas populares.

Y todo ello sin olvidar otro tema estructural que azota a muchas democracias en el mundo actual: la corrupción ante el creciente peso de los grandes actores económicos sobre las decisiones políticas. Los contratos obtenidos con el pago comprobado de sobornos por la constructora brasileña Odebrecht en todo el cono sur y no sólo en su país, son solo el botón de muestra de ese problema. Así se sucedieron en el Perú presidencias con distintos rasgos, desde izquierdas a derechas, y permanentes crisis, con presidentes destituidos, varios en prisión, uno con pedido de captura internacional y hasta otro que se suicidó antes de ser conducido a los tribunales.

La derecha representada por Keiko Fujimori, hija del ex presidente hoy todavía entre rejas, no pudo consolidar su dominio, pero hizo siempre valer su poder parlamentario, como primera minoría, para bloquear y hasta destituir los distintos mandatarios durante las últimas dos décadas. En tanto, los jefes de Estado reformistas atenuaron sus propuestas y fracasaron en sus objetivos redistribucionistas, sin perjuicio de que el telón de fondo resultó la continuidad de la política económica de neto corte neo-liberal, que garantizó estabilidad y cierto crecimiento, aunque, como vimos, sin mayor “derrame”. En efecto, Perú siguió adherido sin mayores modificaciones al modelo “extractivo”, en el que la explotación primaria, con la minería como principal actor, se mantiene como base de la economía.

Castillo llegó a la presidencia sin mayor sustento propio, con clara minoría parlamentaria y con propuestas genéricas para la reparación histórica de las minorías campesinas, apoyado en un partido de extrema izquierda (Perú Libre) conducido por sectores explícitamente comunistas y hasta algunos con pasada vinculación con grupos guerrilleros. No siendo Castillo él personalmente un extremista o menos todavía un ex terrorista, debió moderar rápidamente su imagen, mediante la inclusión de sectores de centro, y hasta de centro derecha, en su gabinete, y manteniendo al presidente del Banco Central de Perú como garantía de estabilidad económica.

Bien pronto sus propuestas de reformas se diluyeron entre los sucesivos cambios de ministros, y a la vez crecieron las denuncias en su contra acerca de corruptelas propias y de familiares, que no tuvieron, a diferencia de aquéllas del pasado caso Odebrecht, mayor sustento y menos todavía probanzas efectivas. Pero el Congreso comenzó a desarrollar repetidas votaciones para forzar el juicio político por “incapacidad” del presidente, que fue convertido así en un barco al garete. Castillo vio entonces pocas opciones. Y tomó quizás la peor: disolver el Congreso y anunciar un llamado a elecciones para la discusión y aprobación de una reforma constitucional en nueve meses, algo que hasta quienes no habían votado su juicio político (ya que nunca se reunió la mayoría de 2/3 para su aprobación) decidieron rechazar.

Como es sabido, Castillo fue destituido por alzarse contra el orden constitucional, algo técnicamente correcto, y la Fiscalía de Estado solicitó su prisión preventiva ya dispuesta por la justicia por 18 mees, mientras que pueden caberle penas de hasta su destierro del Perú. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, también proveniente del partido “Perú Libre”, asumió la sucesión presidencial y convocó a un gabinete de coalición no muy definido, aunque con continuidad de la política económica y, en un primer momento, se dispuso a completar el mandato del depuesto Castillo.

Una cadena de protestas populares con serios incidentes y represión con muertos y heridos pusieron de relieve que, una vez más, la continuidad no es el fuerte del sistema político peruano. Boluarte debió anunciar prontas elecciones para principios de 2024 para poner a fin a esas protestas, que sin ser mayoritarias hacían imposible el logro de una mínima estabilidad.

DIVISIÓN INTERNA Y SU REFLEJO EN EL CONTINENTE

Mientras los gobiernos más radicalizados de la región, al menos en su política exterior, bajo el liderazgo del mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus seguidores Gustavo Petro de Colombia, el boliviano Luis Arce y el venezolano Nicolás Maduro, así como los más extremistas de Nicaragua y Cuba, decidieron inmediatamente apoyar a Castillo y desconocer a Boluarte, otros prefirieron seguir un camino más formal, aceptar la legalidad constitucional y reconocer al nuevo gobierno peruano. Tal el caso de algunos progresistas como Gabriel Boric, de Chile, y el recién asumido Lula da Silva del Brasil. En tanto, se asistió al increíble y casi vergonzoso zigzagueo del argentino Alberto Fernández, quien tras seguir los pasos de Estados Unidos y Canadá y apresurase a apoyar explícitamente a Boluarte, llamada telefónica mediante, menos de 48 horas después se unió al grupo de AMLO y decidió desconocerla.

Desde ya los posicionamientos en Latinoamérica y sus liderazgos son materia de otro análisis, aunque es evidente que aparecen aún dentro del segmento del centro izquierda distintos posicionamientos, uno más pronunciado de AMLO en materia de relaciones internacionales, en favor de la doctrina de la soberanía de los Estados y la no intervención, pero excluyendo su propia relación nacional con los Estados Unidos (donde México mantiene su alineamiento habitual). Otro más moderado del chileno Boric, y muy posiblemente del brasileño Lula, con perfiles democráticos no solo en las formas sino en los contenidos, es decir, en la búsqueda de consensos más amplios que trasciendan los límites de los propios partidarios. Por supuesto, también están los extremos, representados hoy por Cuba y Nicaragua, mientras que un caso especial es hoy el de Venezuela, donde se han abierto canales de diálogo para disipar los temores de radicalización.

La realidad en el caso peruano es que, al final de todo, habrá que aceptar con gusto o disgusto que el castillismo ya pasó, que el llamado a elecciones en un plazo más bien breve obligará a nuevos alineamientos y posibles liderazgos diferentes, por lo menos desde el sector reformista, si es que la derecha no lograra desprenderse de la pesada carga del fujimorismo con su pasado de corrupción. Ahora bien, si Perú quisiera, o más bien pudiera, lograr salir de este estado de crisis permanente, ello requerirá como condición sine qua non una mayor moderación (se la piense desde la izquierda o desde la derecha) y una reforma que posibilite evitar el estado deliberativo permanente creador de algo peor, que es el estado de confrontación. Una experiencia peruana positiva constituiría además una buena consejera para el resto del continente, donde lamentablemente acrecen las visiones de confrontación entre los extremos contrapuestos.

POSIBLES REMEDIOS PARA CONSEGUIR ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Sin discutir la posible necesidad de reforma constitucional en el Perú, la acción de Castillo disolviendo el Congreso, o más bien su intento, encierra en la práctica un carácter autoritario, seguramente forzado también por las divisiones internas y las confrontaciones previas. Todo totalitarismo, aunque fuera aceptado, implica una pérdida de legitimidad sino formal al menos de contenido. Del otro lado, sin grandes acuerdos consensuados, nadie podría aspirar ante las grandes divisiones partidarias a gobernar con un sentido de una propuesta, de seguimiento de un rumbo. Un gobernante tensionado desde los distintos sectores de interés y/o de pensamiento y sin consensos solo puede mantenerse en la práctica no haciendo nada, que es la peor alternativa a largo plazo.

Los sistemas tradicionales presidencialistas imperantes en la región son poco amigables para los consensos, en todo caso cuando existen recaen en una figura carismática que, por su propio peso, logra una adhesión generalizada o, por lo menos, muy amplia. Y eso es cada vez más difícil en una sociedad cambiante, en permanente evolución y con enorme presencia de los medios, no solo de los tradicionales sino más bien los del nuevo mundo digital, tales como las redes sociales. Por ahora solo hemos visto nuevas presencias autoritarias que, en todo caso, se imponen profundizando las divisiones, las brechas, o lo que modernamente en el lenguaje regional se ha denominado “grietas”.

No ha habido mayores experiencias en el continente americano de gobiernos de coalición exitosos, con algunas felices excepciones. Los casos más notorios fueron la Concertación chilena, dónde convergieron centristas y otros moderados con el socialismo, y el Frente Amplio de Uruguay, en este caso con izquierdistas, socialdemócratas y otros grupos progresistas, que evitaron además confrontar con los partidos tradicionales de ese país (Colorado y Blanco, este último hoy en el Gobierno).

Perú espera algunas decisiones del Congreso hoy saliente, ante la perspectiva de nuevas elecciones y el temor de repetir el fracaso permanente y la ausencia de gobernanza. Algunas de ellas deberían tener que ver con fórmulas que habiliten gobiernos de coalición ordenada, a la vista de la persistencia de la multiplicidad de organizaciones políticas y con liderazgos transitorios pero que, curiosamente, son poco proclives a ceder posiciones, lo cual a su vez debilita, o más bien limita, la gobernanza. Con ciertas reglas de concertación, o para usar el término técnico tradicional, de coalición, tendría mejores posibilidades el logro de un entendimiento para este tipo de gobierno.

Una experiencia más formal, pero con buen resultado experimental, es el caso argentino en la preselección de candidaturas. No resuelve el fondo de la cuestión, pero habilita una búsqueda de soluciones más efectivas. Esa preselección se hace a través de elecciones primarias abiertas y obligatorias para todo el espectro político, y quien no participa de ese primer proceso selectivo (denominado “PASO”) queda fuera de la posibilidad de candidaturas. Alternativamente, en los regímenes de grandes partidos con fortaleza se practican “primarias” al modo norteamericano, donde las grandes fuerzas (dos en ese país) seleccionan su candidato por el voto de los ciudadanos.

Las PASO argentinas pueden dar lugar, y de hecho es así, a la presentación de múltiples candidaturas agrupadas, o no, previamente en frentes electorales. Pero aquellos que no concitan mayor atención popular en ese primer procedimiento selectivo, quedan de hecho descartados para la elección general de “primera vuelta”. De este modo, aún con un posterior ballotage, no son más de dos o tres los candidatos que la opinión pública percibe como aquellos que cuentan con probabilidades reales de llegar a gobernar.

El reciente caso peruano, con un ballotage en el que ninguno de los dos candidatos (Castillo y K. Fujimori) había logrado siquiera un apoyo del 20% del electorado, hubiese requerido, para evitar ese desaguisado, que hubiera una mejor preselección previa, que al menos sacara del medio a los grupúsculos de menor incidencia, obligándolos a su asociación con los más afines, de modo que los que lleguen a la segunda vuelta contaran con mayores apoyos efectivos y, por ende, mejor posibilidad de gobernanza.

Las PASO en Argentina operan de hecho como una “primera vuelta”, de modo que la primera vuelta electoral resulta algo así como una segunda selección efectiva, mientras que el ballotage, que es la definitiva, es en la práctica una “tercera vuelta” entre dos alternativas o candidaturas con mayor peso relativo, particularmente reflejado en las cámaras del Congreso y evitando así un gobierno sin el menor apoyo parlamentario. Los dos últimos gobiernos de la Argentina contaron, al menos, con mayoría en una cámara de las dos existentes (alta y baja, o sea las de diputados y senadores).

Como decimos, a esta selección técnica de candidaturas se la debiera acompañar de algún procedimiento formal y objetivo para concertar y poner de relieve los acuerdos de coalición, ya fuera división de ministerios entre los partidos participantes y, antes de eso, del acuerdo explícito para un programa común de gobierno, no uno genérico con grandes objetivos y ninguna precisión (del tipo “lograr el bienestar del pueblo y el crecimiento económico”), sino de mayor detalle y descripción de políticas específicas en las materias fundamentales, comenzando por la economía y siguiendo por las demás grandes líneas de gobierno, educación, etc. No sabemos si Perú logrará este tipo de cambios para orientar los consensos, pero sí podemos prever que, de no hacerlo, le será muy difícil salir de esta crisis recurrente de su democracia.